En la búsqueda de soluciones efectivas y eficientes para los desafíos sociales y económicos, las políticas públicas basadas en evidencia han ganado reconocimiento en todo el mundo. Estas políticas se fundamentan en la investigación y el análisis riguroso de datos empíricos, lo que les permite abordar problemas de manera estratégica y con resultados medibles.

En este contexto, los laboratorios de inversión también podrían considerarse como una forma de ahorro de recursos que en caso contrario se hubieran perdido en políticas que no responden a las necesidades reales.

Las políticas públicas basadas en evidencia se caracterizan por utilizar datos y análisis rigurosos de experiencias reales para informar la toma de decisiones, en lugar de depender únicamente de suposiciones o ideologías. Al basarse en la evidencia, se espera que estas políticas sean más efectivas y eficientes ya que se toman decisiones informadas y se ajustan según los resultados observados.

En este contexto, los laboratorios de inversión se han vuelto cada vez más populares. Estos laboratorios, también conocidos como “labs”, son espacios donde se diseñan, prueban y evalúan políticas públicas utilizando un enfoque experimental.

Funcionan como un puente entre los investigadores y los encargados de formular políticas, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos entre ambos grupos. Bien pueden considerarse una versión más desarrollada de lo que antes se denominaba pilotos, un tanto desprestigiados por los problemas que enfrentaron al ser escalados.

Ahora bien, los laboratorios de inversión permiten a los responsables de la toma de decisiones probar diferentes enfoques en un entorno controlado antes de implementar una política a gran escala. Esto ayuda a reducir los riesgos asociados con la implementación de políticas no probadas, a tener en cuenta los entornos y permite una evaluación temprana de su efectividad.

Además, los laboratorios de inversión fomentan la iteración y la mejora continua, ya que los resultados y las lecciones aprendidas se utilizan para ajustar y perfeccionar las políticas antes de su adopción generalizada.

Un ejemplo destacado de un laboratorio de inversión es el Laboratorio de Innovación del Gobierno de los Estados Unidos (US Government Innovation Lab). Este laboratorio trabaja en estrecha colaboración con agencias gubernamentales para diseñar y probar intervenciones piloto en áreas como la educación, el empleo y la salud. En el Reino Unido, los laboratorios de política, conocidos como “policy labs” o “policy innovation labs”, desempeñan un papel importante en el diseño y la implementación de políticas basadas en evidencia.

Estos laboratorios se centran en la experimentación, la colaboración y la aplicación de enfoques innovadores para abordar los desafíos sociales y económicos.

En América Latina, Chile ha sido pionero en la implementación de laboratorios de política. El Laboratorio de Gobierno es una entidad que se dedica a promover la innovación en el sector público y desarrollar soluciones basadas en evidencia para los desafíos sociales.

En Colombia también existen laboratorios de política que buscan promover la innovación y el diseño basado en evidencia en la formulación de políticas públicas. El Laboratorio de Innovación Pública (LIP) es una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. El LIP tiene como objetivo fomentar la innovación en el sector público y promover la colaboración entre diferentes actores para el desarrollo de políticas públicas.

La ciudad de Medellín cuenta con su propio laboratorio de gobierno que se enfoca en el diseño y la implementación de políticas públicas innovadoras. Este laboratorio trabaja en colaboración con diferentes entidades gubernamentales y la ciudadanía para desarrollar soluciones basadas en evidencia que aborden los desafíos locales.

Precisamente por las restricciones de recursos en países en desarrollo, invertir en laboratorios de política puede ser una estrategia valiosa y rentable. Si bien invertir en laboratorios de política implica un costo inicial, pueden generar ahorros significativos a largo plazo al ayudar a identificar intervenciones más efectivas y evitar gastos innecesarios en políticas ineficientes.

Al invertir en estos laboratorios, los países en desarrollo pueden promover la experimentación y el desarrollo de soluciones creativas y adaptadas a sus contextos específicos, aspecto prácticamente prohibido por el temor al “detrimento patrimonial”.

Los laboratorios de política promueven la colaboración entre investigadores, encargados de formular políticas y otros actores relevantes. Esto facilita el intercambio de conocimientos y la transferencia de buenas prácticas. En este contexto es muy importante el aporte que podría hacer el sector privado, en particular por medio de las fundaciones empresariales, que tiene una mayor flexibilidad para innovar.

Cuando se combinan la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los laboratorios de políticas públicas, se pueden obtener beneficios significativos para la sociedad. Algunos ejemplos de cómo la RSE puede contribuir a los laboratorios de políticas públicas se da cuando las fundaciones empresariales llevan a cabo investigaciones y análisis exhaustivos sobre temas de interés social, como la pobreza, la educación, el medio ambiente, la salud, entre otros.

Estos estudios pueden proporcionar información valiosa al sector público sobre los desafíos y oportunidades en estas áreas, lo que les permite adaptar estrategias y prácticas de programas públicos para abordar estos problemas de manera más efectiva. En este sentido, los laboratorios de políticas públicas fomentan la colaboración entre diferentes actores, como empresas, organizaciones no gubernamentales, gobierno y sociedad civil.

Una nota final, trabajar en laboratorios no implica que se descarte hacer evaluaciones de impacto. De hecho, son indispensables para contar con evidencia a través de los mismos labs. La complementariedad de análisis permite contar con mejor información para formular políticas públicas y programas sociales eficientes y efectivas.

La Secretaría Distrital de la Mujer (SDM) consolidó información actualizada que le permite conocer características de las personas que realizan actividades sexuales pagas (Prasp), con el fin de abordar de manera integral la política pública dirigida a esa población. En el segundo semestre de 2022, Econometría adelantó la actualización de la caracterización de las Prasp a través de factores sociodemográficos y de calidad de vida, el desarrollo de esas actividades, la exposición a la violencia y la afectación por el covid-19. Desarrolló adicionalmente un sondeo de opinión en las zonas donde se ejercen tales actividades

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates y distintas posturas de intervenciones sociales tales como: el abolicionismo, el prohibicionismo y el modelo legalista. El primero de estos busca proteger a quienes realizan compra-venta de sexo voluntariamente y penalizar la explotación sexual y laboral. Por su parte, el prohibicionismo pretende sancionar a todos los agentes que participen en la oferta o demanda de ASP. Por último, el modelo legalista defiende el ejercicio de ASP como un trabajo que debe enmarcarse en la regulación correspondiente de derechos laborales.

Desde el punto de vista demográfico se trata de una población bastante joven, pues 73,4% está entre los 18 y los 35 años. En lo económico, la mayoría vive en estratos 1 y 2 (18,8% y 38,4% respectivamente) y en arriendo (91,5%). De igual forma, que 12,9% señala haber sido víctima del conflicto, y 3,9% expresa ser una persona con discapacidad.

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates

Unos datos que llamaron la atención han sido que sólo la mitad (50,6%) es cotizante, beneficiaria o afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, y que únicamente 4,9% de las Prasp señalan estar afiliadas al sistema de pensiones. Del grupo de personas afiliadas, la mayoría pertenece al régimen subsidiado (80,9%), este porcentaje incrementa a 89,7% si se toma solamente la población extranjera.

Al desagregar la información por lugar de nacimiento y por el autorreconocimiento como víctima del conflicto armado, se puede ver que la distribución de la población extranjera que se dedica a ASP es más joven que la nacional; de forma similar, la distribución de la población que no se autorreconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP es más joven que aquella que se reconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP como se puede observar en la siguiente figura:

El Gobierno Nacional ha anunciado que insistirá en su propuesta de reforma laboral. Dentro de esa propuesta hay multiplicidad de iniciativas, pues va más allá de modificar el recargo nocturno, dominical y festivo. El proyecto de ley radicado en la anterior legislatura contenía 13 títulos que podrían agruparse en cinco grandes temáticas. La primera, estabilidad laboral y modelos de contratación. La segunda, restricción a la tercerización. La tercera, cambios en los costos del trabajo. La cuarta, colectivos especiales de trabajadores. La quinta, derecho colectivo y asuntos sindicales.

Econometría realizó un análisis de la propuesta de reforma para Acrip que incluyó un sondeo a empresas afiliadas al gremio. El estudio encuentra que, para este colectivo de empresas, las iniciativas relativas a (i) crear modalidades especiales de contratación para trabajadores agropecuarios, y (ii) aclarar relaciones laborales entre plataformas tecnológicas y trabajadores que laboran con ellas, resultan ser bien valoradas. Se considera que estas iniciativas pueden aportar para el desarrollo del país y, simultáneamente, son viables para la continuidad de empresas en esta agremiación, aunque haya de por medio un esfuerzo del sector privado.

De una parte, la iniciativa relativa a trabajadores agropecuarios es un avance hacia la dirección correcta, siempre y cuando proporcione herramientas contractuales y de seguridad social a la medida del sector. Reconocer las características propias del campo y adaptar la normatividad a ellas fomentará su desarrollo y formalidad. De otra parte, la propuesta asociada a plataformas tecnológicas y trabajadores que laboran con ellas busca transparentar relaciones labores. Allí lo clave es identificar cuándo efectivamente se configura una relación laboral y, en ese caso, hacerla explícita. Lo cual no necesariamente es el caso de todos o de la mayoría de quienes trabajan con una plataforma.

En contraste, hay iniciativas de reforma tales como la restricción de la tercerización, la prohibición de pactos colectivos y el incremento en costos de despido e indemnizaciones que las empresas que contestaron al sondeo perciben afectarán su continuidad y permanencia en el mercado. La restricción de la tercerización reduce el margen de maniobra de las empresas ante las variantes condiciones de los mercados. La Misión del Empleo de 2021 señala que ante inflexibilidades en la contratación, empresas y trabajadores buscarán estrategias alternativas informales para trabajar juntos, luego “El resultado es que solo una minoría de trabajadores disfruta de estabilidad, se reduce el empleo formal en las empresas y se induce arreglos contractuales que, si bien tienen sentido a la luz de las regulaciones vigentes, deprimen la productividad del país” (Misión de Empleo, 2021, págs. 15-16).

Adicionalmente, expertos laborales consultados indican que una fracción de lo tercerizado se incorporaría a las empresas, aumentando levemente el empleo asalariado, pero simultáneamente haría más difícil la generación de empleo al hacerla más costosa, entonces, también reduciría el empleo formal. También se advierte sobre la dificultad práctica de vigilar y controlar si las actividades contratadas mediante tercerización corresponden o no al objeto social de las empresas. Se incrementaría la tramitomanía.

Respecto a la prohibición de pactos colectivos es menester aclarar que al ser un derecho que tienen trabajadores y empleadores de llegar libremente a acuerdos que consideren beneficiosos para ambas partes, no resulta conveniente eliminar ese derecho en favor de un grupo que, aunque importante, es minoritario, como lo son las asociaciones sindicales. Según un reporte de la Escuela Nacional Sindical, la tasa de sindicalización en Colombia es menos de 5%. Luego, en vez de limitar las opciones de diálogo y negociación, se deberían ampliar.

Las exportaciones de servicios significan brindar trabajo especializado a personas naturales o jurídicas residentes en otros países y recibir como de ellos divisas que mejoran la balanza comercial del país. Varias naciones han sido exitosas en promover las exportaciones de servicios. Algunos recientes son el de la India, que se ha convertido en un importante jugador en la exportación de servicios de tecnología de la información y de outsourcing. Australia es reconocida por sus exportaciones de servicios educativos, especialmente en el sector de la educación superior. Además, exporta servicios turísticos, de consultoría y de tecnología de la información. China ha experimentado un crecimiento significativo en la exportación de servicios en los últimos años, particularmente tecnología de la información, software y servicios de telecomunicaciones.

En América Latina, recientemente Panamá, Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica han aumentado sus exportaciones de servicios financieros, tecnológicos, ingeniería, software, turismo, entre otros. Según datos del Banco de la República de Colombia, entre los años 2010 y 2021, las exportaciones de servicios de Colombia venían creciendo a una tasa promedio anual del america latina8,4% en dólares. Este crecimiento venía siendo impulsado por varios factores. En primer lugar, la inversión del país en el desarrollo de infraestructura digital y tecnológica, lo que ha mejorado la capacidad del país para ofrecer servicios de calidad a nivel internacional. Además, de la implementación de políticas y programas para fomentar la internacionalización de las empresas proveedoras de algunos de los servicios. Además, la creciente demanda global de servicios y la apertura de mercados internacionales han creado oportunidades para las empresas colombianas. La calidad de los servicios, la competitividad de los costos y la ubicación geográfica estratégica de Colombia, que permite una fácil conectividad con los mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa, también han contribuido a este crecimiento.

En 2022, según cifras del Dane, Colombia exportó US$3.700 millones con un decrecimiento leve frente a 2021 de 0.4%. Entre los principales servicios exportados por Colombia se encuentran los de tecnología de la información y comunicaciones (TIC), servicios empresariales, animación, servicios de salud y turismo. Los servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y software han mostrado un crecimiento notable en los últimos años, atrayendo inversiones y generando empleo en el país. Es notable también el crecimiento en servicios audiovisuales que han tenido un apoyo efectivo del gobierno. En el primer semestre de 2023, el decrecimiento de las exportaciones en general para bienes y servicios ha sido de 30% frente al mismo período del año anterior.

Si bien muchos son los factores no controlables que explican el dinamismo de las exportaciones, si existen varios instrumentos que pueden promoverse por parte de los gobiernos. Por ejemplo, es necesario impulsar programas de capacitación y asesoramiento que brinden a las empresas las habilidades y conocimientos necesarios para competir en el ámbito global.

La exportación de servicios depende en gran medida de la infraestructura digital. Es necesario invertir en la mejora de la conectividad y la velocidad de Internet en todo el país, especialmente en las zonas rurales. Además, se deben implementar políticas que promuevan la adopción de tecnologías digitales en las empresas de servicios, como el uso de plataformas en línea, el desarrollo de aplicaciones móviles y la implementación de sistemas de seguridad informática robustos.

El capital humano es un factor determinante para el éxito de la exportación de servicios. Es fundamental invertir en la formación y capacitación de profesionales en áreas clave, como tecnología de la información, ingeniería, diseño gráfico, marketing digital, bilingüismo, entre otros. Además, se pueden establecer alianzas entre el sector educativo y las empresas de servicios para desarrollar programas académicos que se ajusten a las necesidades y demandas del mercado internacional.

Hace 15 años, Econometría Consultores ha venido exportando servicios de consultoría a países de Asia, África, América Latina y el Caribe, y ha ido aprendiendo en el camino que podría mostrar mejores resultados en este frente si encontrara apoyo del gobierno en actividades más allá de las que hoy ofrece Procolombia. De hecho, en la evaluación que hizo de esta entidad nuestra firma, se encontró altos niveles de efectividad y eficiencia en la promoción de exportaciones de bienes. En servicios hay todavía un trecho por recorrer, probablemente porque las características particulares de estos mercados exigen una mayor sofisticación en el diseño e implementación de las labores de promoción.

Por ejemplo, antes de expandir los servicios a nivel internacional, es fundamental realizar una investigación exhaustiva de los mercados objetivos. Analizar las tendencias, la demanda, los competidores y las regulaciones tanto tecnológicas como tributarios en los países de interés.

Es necesario además apoyar con asesoría técnica para construir una marca sólida y reconocible, ya que ello es esencial para promover los servicios en el extranjero; desarrollar un mensaje claro y convincente que resalte los beneficios y la calidad de los servicios de desarrollados en Colombia; apoyar la participación en las ferias y eventos especializados en los servicios, ya que estos son excelentes oportunidades para promocionarlos y para establecer contactos con potenciales clientes internacionales.

Igualmente, a través de las oficinas en el exterior, Procolombia puede ayudar a identificar posibles alianzas estratégicas y de colaboración, así como potenciales clientes, instituciones educativas, cámaras de comercio y organismos gubernamentales y de cooperación que puedan brindar apoyo y recursos adicionales. Como existen para la exportación de bienes, también son necesarios en los de servicios instrumentos como incentivos fiscales, financiamiento preferencial, programas de capacitación y asesoramiento especializado.

Otro apoyo fundamental es el conocimiento que pueda compartirse con las firmas colombianas acerca de la cultura de cada país que permitan una asimilación rápida de las empresas y de los productos colombianos: grado de formalización empresarial, lenguaje aceptado y no aceptado, normas de cortesía, estrategias de negociación, etc. Agencias de promoción como las japonesas estudian al detalle todos estos temas, y ello explica el gran éxito que tienen al incursionar en nuevos mercados.

La reforma laboral presentada por el gobierno ha sido objeto de un debate fuerte entre economistas. Por un lado, los críticos de la reforma afirman que esta llevará a un incremento en la informalidad y potencialmente reducirá la capacidad de la economía para generar empleo.

Por el otro lado, los que la defienden sugieren que esto no tiene por qué ser así y proponen una visión macro keynesiana en donde el aumento de los salarios incrementa la demanda agregada y ello favorece el ingreso, la producción y el empleo.

Un estudio reciente hecho por investigadores del Banco de la República da la razón a los economistas críticos de la reforma, pues encuentra que la reforma laboral podría llevar a la pérdida de cerca de medio millón de empleos.

El Presidente tuiteó al respecto señalando que, en su criterio, el marco teórico usado por el estudio no era adecuado. De igual forma, criticó a los modelos matemáticos usados por el Banrep que, en su opinión, son construcciones ideológicas del poder.

Finalmente, independiente de la veracidad de las críticas hechas por el presidente, se puede ver en ellas una interpelación a usar diferentes marcos teóricos. En esta columna, damos una respuesta a esa interpelación.

En el modelo marxista de Goodwin, visualizado en un plano cartesiano, el eje X representa la participación de los salarios en el PIB y el eje Y la tasa de empleo. Comienza en un punto de equilibrio con empleo promedio y salarios bajos generando altas ganancias empresariales, lo que impulsa la inversión y la demanda de trabajo.

A medida que aumenta la tasa de empleo y los salarios superan el crecimiento de productividad, las ganancias disminuyen, desacelerando la acumulación de capital y el crecimiento económico.

Luego, la tasa de empleo y los salarios bajan, lo que permite la recuperación de las ganancias y reinicia el ciclo. Este modelo, que refleja una economía impulsada por beneficios, coincide con las predicciones de los críticos de la reforma.

Por otra parte, Badhuri y Marglin mostraron que el modelo de Goodwin genera estos ciclos en el sentido del reloj puesto que asume una especie de juego de suma cero en donde los mayores salarios de los trabajadores generan un freno a la inversión y eventualmente generan una menor acumulación.

Sin embargo, si se reconoce que la demanda tiene un rol determinante en el nivel de producción (la inversa de la ley de Say), los mayores salarios de los trabajadores pueden generar en el total un mayor nivel de inversión como consecuencia de un mayor consumo de los hogares.

En este sentido, cuando las economías son jalonadas por los salarios, el patrón que surge es el de un ciclo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. La predicción en este enfoque es cercana a la de los defensores de la propuesta.