Cuando pensamos en el colegio, muchas veces imaginamos una jornada completa: clases en la mañana, recreo, almuerzo, y más clases en la tarde. Pero esa no es la realidad para todos los niños, niñas y jóvenes en América Latina. En la región, millones de niños estudian solo 5 horas al día en promedio, 27,5 horas a la semana, frente a un promedio de 32 horas a la semana para países de la Ocde (ver https://blogs.worldbank.org/en/latinamerica/educacion-el-poder-de-las-escuelas-de-tiempo-completo). A los bajos niveles de tiempo escolar se suman brechas en la calidad del aprendizaje. Los resultados más recientes de las pruebas Pisa (2022) revelan que tres de cada cuatro estudiantes en América Latina y el Caribe no alcanzan el nivel mínimo de competencias en matemáticas, y en lectura, más de 55% se ubica también por debajo del umbral básico de comprensión lectora. Tanto Colombia como Paraguay obtuvieron resultados inferiores al promedio de la Ocde en Pisa 2022: el puntaje promedio en matemáticas fue de 383 puntos para Colombia frente a 475 puntos en los países Ocde, y Paraguay (junto con República Dominicana) se ubicó entre los más rezagados con alrededor de 338 puntos. Según estimativos del BID y Banco Mundial (Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial (2024)) estos puntajes equivalen a entre 5 y 7 años de diferencia en escolaridad comparados con los estándares de la Ocde. Estas cifras muestran que no solo estamos enseñando menos tiempo, sino también con menor efectividad (Arias, E., Giambruno, C., Morduchowicz, A., & Pineda, B. (2024)). Las brechas en el tiempo que pasan en el colegio y en la calidad de la educación afectan las oportunidades futuras de niños, niñas y jóvenes ¿Qué se puede hacer al respecto?

Una de las propuestas que ha tomado fuerza en la región para reducir estas desigualdades es una jornada ampliada en colegios oficiales, denominada Jornada Escolar Extendida, JEE, en algunos países o jornada única en Colombia. La idea es que los estudiantes permanezcan más horas en el colegio, idealmente con acceso a más horas de clase en áreas básicas, tiempo para el desarrollo de actividades artísticas, deportivas o de apoyo escolar, con los materiales, equipos y docentes con los perfiles adecuados, buscando siempre un balance entre las diferentes asignaturas que mejore el bienestar y motivación de los estudiantes.

La lógica es simple: si el tiempo en el colegio es una oportunidad para aprender, ampliar esa jornada puede ser una herramienta poderosa para cerrar brechas. Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, (Gamberini, Gambi, & Vinacur, 2025) analiza experiencias internacionales y regionales de la JEE, destacando su potencial para mejorar aprendizajes, reducir desigualdades y fomentar el desarrollo integral. De igual forma, se resalta que la JEE puede adoptar diversas formas, según las necesidades educativas y los contextos específicos: extensión moderada del horario escolar, Jornada Escolar Completa, escuelas en tiempo integral con currículo diversificado y actividades extracurriculares obligatorias. Pero la clave está en los detalles: ¿cómo se implementa?, ¿con qué recursos?, ¿para qué se usa ese tiempo adicional?

La evidencia muestra una asociación positiva entre el aumento del tiempo escolar y el rendimiento académico, aunque con matices importantes. La gráfica muestra que para la mayoría de los países de América Latina existen mejoras moderadas en el desempeño académico con la extensión de la jornada escolar, a pesar de las diferencias en las modalidades de extensión. Se identificó también que este efecto es usualmente mayor para las poblaciones más vulnerables, lo que evidencia que la JEE puede ayudar a cerrar brechas. Específicamente, una evaluación del Programa de Jornada Extendida en Paraguay, realizada en 2024 por Econometría Consultores con apoyo de Equilibrium, mostró que los estudiantes que participaron en la jornada extendida mejoraron su rendimiento académico, especialmente en matemáticas en tercero de primaria.

El empleo es la principal fuente de generación de ingresos de la población, luego, es una herramienta poderosa para impulsar la prosperidad y crecimiento económico. En 2024 la principal actividad económica en la ruralidad colombiana continuaba siendo la agropecuaria, que generó 53,2% de la totalidad de los puestos de trabajo, seguida de lejos por el comercio con 9,1%. Además, en la ruralidad el comercio y otras actividades dependen en buena medida de la dinámica de la actividad agropecuaria. También es relevante mencionar que, según el Ministerio de Agricultura, el sector agrícola que más había crecido en la última década había sido la palma de aceite con casi 600.000 hectáreas y cerca de 7.000 productores, de los cuales 72% eran a pequeña escala y 31% eran mujeres.

Adicionalmente, a finales de 2024 la empresa Soluciones Estratégicas de Información, SEI, financiada por Fedepalma, levantó una encuesta muy detallada del empleo directo en el sector de palma de aceite en Colombia durante 2023. De los resultados de la encuesta presentados en la 21a Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite, realizada del 23 al 26 de septiembre de este año, vale la pena resaltar los resultados sobre el nivel de formalidad.

La encuesta permite examinar la evolución laboral en el sector respecto a una primera encuesta que se realizó en 2016 en compañía del Dane, pues son comparables y mantienen la metodología propuesta por el Dane. A partir de esta información un estudio de SEI en el que Econometría hizo análisis se encontró que entre 2016 y 2023 el empleo directo en el sector palmicultor se incrementó en 37,9%, evidenciando la ampliación contundente de esta actividad económica en el país y su importancia como generador de oportunidades laborales.

Ahora bien, el empleo se transa en el mercado laboral con la particularidad de que lo transado (el trabajo realizado) no se puede separar del vendedor (el trabajador). Por ello, la relación entre empleadores y trabajadores cobra especial importancia; la calidad del empleo y las condiciones adecuadas son relevantes para optimizar la productividad y el bienestar. En ese sentido un indicador clave es la formalidad laboral, el cual, especialmente en el sector rural y agropecuario ha sido un asunto rezagado en Colombia. Según cifras del Dane, la formalidad laboral en el trimestre marzo-mayo de 2025 rondaba 44,1%, mientras que esta cifra en el sector rural fue de solo 16,2% y de 15,6% en el agropecuario.

Para analizar la formalidad en el sector palmicultor se preguntó por el tipo de vinculación del personal. Se encuentra que los principales tipos de vinculación en 2023 fueron el contrato a término indefinido (35,5%) y el contrato a término definido (26,6%). En otras palabras, estos dos tipos de vinculación se usaron casi en dos de cada tres vinculaciones. Esta información, contrastada con la obtenida para 2016 exhibe un cambio estructural, pues en ese año la principal forma de vinculación era el contrato por prestación de servicios, obra o labor (23,9%), seguida del contrato a término indefinido (20,7%) y a término fijo (19,3%) (Ver gráfica). Los resultados indican que en la palmicultura colombiana ha habido un fuerte proceso de aceleración de adopción de las prácticas del segmento formal de los mercados laborales.

La globalización ha hecho que no solo se transen bienes y servicios alrededor del planeta, sino también oportunidades. Hemos aprendido que es posible aumentar el bienestar general cuando se diseñan y se ponen en práctica políticas públicas y regulaciones que organizan esas transacciones mediante una institucionalidad sólida, tal como lo han señalado expertos como Stiglitz, Sala-i-Martin, Rodrik y Bhagwati, entre otros.

Ahora bien, la interconexión mundial también ha despertado aún más el interés por atraer mano de obra extranjera para solventar brechas laborales locales. Esto se ha materializado mediante flujos migratorios de trabajadores, con el riesgo de que el país de origen experimente pérdida de personal valioso para su crecimiento económico y social, lo que frecuentemente se conoce como “fuga de cerebros”. Además, cuando los flujos migratorios no son ordenados o regulares, el país de destino puede enfrentarse a retos para aprovechar de manera efectiva el recurso humano que recibe y los trabajadores corren el riesgo de caer en redes de trata o explotación.

Durante las últimas semanas, en el país se han presentado varias discusiones sobre las características de la prestación del servicio de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Por un lado, se ha discutido la posibilidad que el sistema se encuentra bajo cierto nivel de “estrés” debido a la alta dependencia de fuentes hídricas y las posibles dificultades en el suministro de gas. Por otro lado, se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la prestación del servicio, así como disminuir las tarifas al usuario, aspecto fundamental en algunas regiones del país. Sin embargo, si bien estos aspectos son clave para el debate, es igual de importante poner de manifiesto la cobertura y acceso del servicio de energía en las zonas más apartadas del país.

De acuerdo con datos del índice de Cobertura de Energía Eléctrica, Icee, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Upme, en ciertas regiones periféricas del país la cobertura del servicio de energía eléctrica no se encuentra garantizado para toda la población. Por mencionar algunos, departamentos como Vichada tienen una cobertura de 55%, La Guajira de 61% y Guainía de 77%.

Las zonas rurales del país tampoco son ajenas a esta situación. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (Dane) a 2023 un 5,2% de los hogares de esas zonas, es decir, 634.000 personas, carecían del servicio de energía eléctrica.

En general, las regiones periféricas, que coinciden con las denominadas Zonas No Interconectadas, ZNI, presentan, al igual que las zonas rurales más alejadas, las menores tasas de cobertura del servicio, con la consecuencia directa de presentar menores niveles de desarrollo tanto económico como social. Sobre este último aspecto, distintos estudios han demostrado que el acceso a la energía eléctrica fomenta el desarrollo humano en tanto que permite mejorar las dimensiones de educación, salud y generación de ingresos.

En esa línea de estudios, Econometría recientemente desarrolló una consultoría para el Departamento Nacional de Planeación, DNP, en el que, entre otros, identificó los resultados para los usuarios del acceso a la energía eléctrica a través de proyectos financiados por los fondos públicos Fazni, Faer y Prone. El primero, el Fondo de Apoyo Financiero para la de las Zonas No Interconectadas, Fazni, centrado en la ampliación de cobertura de las ZNI, el segundo el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales, Faer, enfocado en las zonas rurales sin servicio del SIN y el último el Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone, que busca, como su nombre lo indica, la legalización de redes existentes.

Antiguamente, los navegantes resolvieron el reto de orientarse en mar abierto guiándose por las estrellas, puntos de referencia fijos en un entorno cambiante. La política macroeconómica comparte esa lógica: el destino es la estabilidad de precios, el crecimiento sostenible y, en algunos países, el pleno empleo. Ni los navegantes ni los hacedores de política controlan el entorno, pero sí pueden ajustar el rumbo frente a choques adversos.

Ahora bien, las verdaderas “estrellas” de la política no son las variables visibles -inflación, desempleo, crecimiento y la tasa de cambio-, llenas de ruido e inestabilidad, sino coordenadas más profundas y difíciles de estimar: la tasa de desempleo que no acelera la inflación (Nairu por su nomenclatura común en inglés, U*), el crecimiento potencial (g*) o la tasa de interés neutral (r*), por nombrar solo algunas. Estas no se observan directamente, sino que se infieren con modelos econométricos y supuestos guiados por la teoría económica, y aunque imprecisas y sujetas a revisiones, resultan indispensables para no perder el rumbo en medio del oleaje económico. La presente columna trata sobre la evolución reciente de estas variables y de la información que estos astros nos dan sobre el futuro de la economía colombiana.

En su más reciente informe de política monetaria, el Banco de la República presentó estimaciones oficiales de crecimiento potencial, entendido como aquella tasa que, en ausencia de choques, es consistente con una inflación estable. Esta cifra refleja el nivel de crecimiento sostenible de la economía colombiana con la capacidad instalada y con la fuerza de trabajo con la que se cuenta en el momento de la medición. Antes del choque petrolero de 2015, dicho potencial se ubicaba cerca de 4,5%, pero luego descendió hasta 2,6%.

Durante la pandemia, el choque fue tan severo que el potencial prácticamente no creció, y solo en la recuperación posterior volvió a niveles similares a los previos a 2015, para finalmente estabilizarse en 2,7%. Las implicaciones sociales de esta desaceleración son profundas. Basta aplicar la regla de 70: con un crecimiento de 4,5%, la economía se duplicaba en 15 años y el PIB per cápita en 20 (asumiendo crecimiento poblacional de 1%). Con el potencial actual de 2,7%, la economía tarda 26 años en duplicarse y el PIB per cápita, 41. En términos de bienestar social, la diferencia es enorme.

Tanto los costos de aplicación del reglamento europeo Eudr sobre comercialización de productos Libres de Deforestación, como los cambios en el panorama arancelario de EE. UU., van a tener un impacto decisivo sobre la competitividad y el flujo del café colombiano al mercado internacional, en particular a sus dos destinos más importantes: Estados Unidos y la Unión Europea; los cuales representan 40% y 19% de sus exportaciones, respectivamente.

Los mayores costos que ocasiona a los productores la aplicación del Reglamento Eudr de la Unión Europea, si se mantiene el actual diferencial arancelario para exportadores de café hacia los EE. UU., podrían provocar que alguna parte de las exportaciones a la UE se dirijan hacia este mercado, acentuando la tendencia que ya se viene observando en los últimos años.

En cambio, si el actual diferencial arancelario se reduce en favor de otros exportadores, particularmente, Brasil y Vietnam, se estaría reforzando la necesidad de insistir en la aplicación del Eudr, y así mantener o ampliar su parte del mercado en la UE.

En el marco de la reciente edición de la ‘Semana de la Evaluación Glocal 2025”, espacio que busca reflexionar, compartir y socializar conocimiento y buenas prácticas de evaluación, a nivel global y local, Glocal, Econometría Consultores lideró un evento participativo que buscaba discutir, desde la perspectiva de la Evaluación Basada en Teoría (TBE) las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué hay programas que muestran resultados, pero no generan cambios sostenibles? y ¿Hasta qué punto se están evaluando los programas, intervenciones y políticas públicas teniendo en cuenta el contexto de las intervenciones que se implementan en diferentes niveles de Gobierno?

Desde la perspectiva de la evaluación de las políticas públicas, el enfoque tradicional de finales del siglo XX solía centrarse en la verificación del cumplimiento de metas y productos definidos previamente, ya sea basándose en el análisis de los documentos de la intervención, o de acuerdo con los marcos de Evaluación y Monitoreo (E&M) de los mismos. Este enfoque de evaluación operaba sin embargo con una lógica incompleta, puesto que era frecuente que no se identificaran ni reportaran los insumos necesarios, y en algunos casos no se podía saber si estos se utilizaban bajo los lineamientos planteados ni que impactos generaban.

Por otra parte, desde su diseño, las intervenciones carecían de una teoría causal explícita que estableciera cómo se esperaba alcanzar el cambio deseado. Como consecuencia, las intervenciones o políticas que se implementaban sin un planteamiento explícito de estos procesos, eran difíciles de replicar y escalar a otros contextos, ya que no se lograba identificar exactamente lo qué funciona para cada contexto especifico. Esto ocurría porque en este enfoque tradicional persistía una “caja negra” entre lo que se hacía y lo que se esperaba lograr, sin una explicación clara de los mecanismos que explican los resultados esperados.

Con motivo de la Semana de la Evaluación Glocal, Econometría Consultores presentó el panel “Retos, Oportunidades e Innovación de la Evaluación en Contextos de Desigualdad”. Este evento sirvió como una plataforma para reflexionar sobre las lecciones acumuladas por la firma en casi 50 años de trabajo en entornos de profunda desigualdad social. Las conversaciones, que se pueden consultar en Youtube, fueron guiadas por preguntas clave: ¿cómo puede la experiencia colombiana aportar a la evaluación en otros países del sur global?, ¿qué factores explican la baja participación de ciertos sectores en el sistema financiero y qué se puede hacer para fomentar la inclusión?, y ¿qué innovaciones metodológicas y consideraciones éticas deben orientar las evaluaciones con poblaciones diversas?

En la primera sesión sobre “Diálogos Glocales”, se destacó que Colombia, en respuesta a sus propios retos nacionales, se ha convertido en un laboratorio social con importantes avances en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Este progreso se sustenta en el fomento de capacidades promovido por entidades como el DNP, la colaboración con entidades multilaterales que ha permitido el intercambio de técnicas, el papel crucial del sector privado en la implementación y evaluación de programas sociales, y el desarrollo de metodologías de investigación rigurosas e innovadoras. Gracias a esto, Colombia se ha consolidado como un referente internacional, con capacidad de exportar conocimiento, como su experiencia en la evaluación de subsidios condicionados a países como Honduras y El Salvador y en la jornada escolar extendida a Perú.

Sin embargo, esta cooperación sur-sur enfrenta desafíos significativos. Entre ellos se cuentan la necesidad de cumplir con estándares de calidad internacionales, las barreras de costos, la falta de marcos formales para las alianzas y la influencia de la financiación del norte en las agendas de investigación. Adicionalmente, las diferencias en niveles de financiamiento o infraestructura pueden generar desequilibrios incluso dentro del mismo sur global. Para afrontar estos retos, es fundamental el conocimiento del territorio a través de aliados locales, la construcción de teorías del cambio robustas que comprendan los problemas a fondo, y el uso de tecnologías para el trabajo remoto. La clave está en aportar desde la horizontalidad y la empatía, evitando posturas de superioridad técnica, buscando desescalar la dependencia de la cooperación para hacer más autónomos a los países y potenciando la integración de saberes ancestrales y locales desde un enfoque que respete las realidades de cada país.

La segunda sesión del panel se enfocó en la inclusión financiera como una estrategia vital para la igualdad de género y la justicia social. Un estudio de Econometría sobre la autoexclusión financiera de la economía popular identificó factores de demanda como la aversión al riesgo, la impaciencia financiera y la percepción de que el sistema es lejano y los créditos son peligrosos. Estas percepciones son reforzadas por obstáculos de la oferta, como las exigencias de documentación y la falta de flexibilidad en los pagos, que consolidan la idea de que la banca formal no es accesible. En el caso de la población migrante, un piloto de pagos digitales detectó barreras como la no aceptación del PPT, la falta de educación digital y costos asociados a los procesos. Aun así, la investigación confirmó que los canales digitales son un método más ágil y efectivo para la inclusión de poblaciones con restricciones. Respecto a la población Lgbtiq+, se hallaron brechas causadas por creencias incorrectas sobre su situación laboral, discriminación en oficinas y barreras adicionales para la población trans en relación con su nombre e identificación. Afortunadamente, se han logrado avances mediante certificaciones, acciones afirmativas y la promoción de una cultura organizacional inclusiva. A partir de esto, Econometría recomienda conocer a fondo la demanda para romper sesgos, rediseñar productos para que sean ágiles y adaptar el sistema a las realidades territoriales, reconociendo el potencial de crecimiento que estos sectores representan.

Finalmente, el tercer panel exploró las innovaciones metodológicas y los dilemas éticos al trabajar con poblaciones históricamente excluidas, como personas con discapacidad, trabajadoras sexuales y mujeres excombatientes. Entre los retos operativos se encuentra la dificultad para identificar participantes por la ausencia de información o las limitaciones en los datos existentes. A esto se ha respondido con la búsqueda de fuentes alternativas y la vinculación de equipos locales que generen confianza. El diseño de instrumentos también se adapta, utilizando un lenguaje más comprensible, apoyos visuales y actividades que superen barreras en la expresión, poniendo siempre las voces de las personas en el centro. Éticamente, es fundamental el uso riguroso de protocolos de protección y el consentimiento informado. Pero también es crucial cuestionar los prejuicios del equipo consultor y reflexionar sobre las categorías usadas para definir a estas poblaciones. En este sentido, el enfoque interseccional resulta clave, pues profundiza en la complejidad de las experiencias vividas e identifica características que, al confluir, ahondan desigualdades, incluso dentro de un mismo grupo. Esto demuestra la necesidad de que las políticas públicas ofrezcan respuestas concretas a las expresiones diferenciadas de la desigualdad. Estos espacios de intercambio reafirman el valor de las lecciones aprendidas que han convertido a Econometría en un referente por su calidad y su aporte a la comprensión de contextos sociales complejos a nivel nacional e internacional.