Para unos “biodiversidad” representa un concepto complejo, mientras que para otros resulta muy simple, porque es el entendimiento de la cantidad y diversidad de especies que nos rodean. Ambos tienen razón.

Un ejemplo de esto en el caso de Colombia es la deforestación. Parece sencillo detenerla, pero tiene muchos impulsores complejos y diferentes estrategias de control. Para frenar los cultivos ilícitos, se requiere capacidad policiva y judicial en regiones con baja presencia institucional. Para la expansión agropecuaria extensiva, se plantean cambios tecnológicos como los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Para la apropiación de baldíos y la especulación con los precios de la tierra, se busca cohesionar a las comunidades y brindarles incentivos para la protección del bosque con pagos por sus servicios ambientales. Las estrategias son costosas, por la extensión de los territorios y porque el riesgo de deforestación es permanente y requiere recursos continuos para su sostenibilidad.

Para financiar estas acciones, el Estado suele recaudar impuestos de quienes generan afectaciones, como es el caso del impuesto al carbono aplicado al consumo de combustibles. Otro instrumento que se ha usado internacionalmente es el sistema de comercio de emisiones (SCE), en el cual se van limitando gradualmente las emisiones máximas permitidas y se subastan cupos o permisos de emisión que serán comprados por las empresas que tienen altas emisiones y altos costos para reducirlas. A otras, con costos menores, les puede resultar más viable implementar medidas de reducción de sus emisiones que pagar por los cupos. A medida que se expiden menos cupos, para que el país pueda cumplir con las metas de reducción, el precio de los cupos sube y puede ser menos costoso para los emisores implementar las medidas directas de mitigación.

Otra opción es que sea la comunidad económica internacional, como responsable histórica del calentamiento global quién aporte recursos a los países en donde aún se pueden proteger y restaurar los bosques. Para esto, se han implementado diferentes esquemas de cooperación internacional. En unos casos, los resultados de mitigación se trasladan de un país a otro, a cambio de un precio determinado en el mercado, para que el país comprador abone a su meta y el país que transfiere debe hacer los ajustes correspondientes en su contabilidad de carbono, para no generar una doble contabilización. En otros casos, un(os) país(es) u organismos multilaterales o privados (de manera voluntaria) puede establecer un convenio de “pago por resultados” de mitigación, sin exigir ese “ajuste correspondiente” y sin usar esos resultados para sus propias metas u obligaciones de mitigación. En estos casos se reconoce un precio inferior al del mercado internacional.

También se han establecido mercados de carbono internos, voluntarios o de cumplimento. En estos últimos, se imponen obligaciones a quienes contaminan y se les permite compensar sus emisiones si compran “bonos”, o “certificados” de carbono, a proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (Redd+). La expedición de estos certificados es compleja porque, además de los certificadores, deben existir organismos independientes que validen cuál habrían sido las eventuales emisiones que existirían si no se hubiera implementado el proyecto y que, además, verifiquen que las actividades de mitigación sí se llevaron a cabo. Estos mecanismos han sido muy cuestionados y existe gran desconfianza en el mercado, porque aunque existen métodos de proyección de las tendencias de la deforestación, estos métodos tienen mayor validez para extensiones amplias de territorio y no para áreas de proyectos pequeños, por lo que es difícil establecer con certeza esas emisiones evitadas a nivel de proyecto.

Para mejorar la calidad de la estimación de los resultados de mitigación, en los últimos años se han propuesto los Programas Redd+ Jurisdiccionales (Jredd+), que son de carácter público y que pueden anidar a su interior proyectos privados de mitigación con menor tamaño. El cálculo de la reducción de emisiones a nivel jurisdiccional (una gran región, un estado federal o un país entero) es más confiable y genera mejor disposición en los mercados internacionales para llevar a cabo programas de pago por resultados o transacciones en los mercados de carbono.

Todas las fuentes de recursos mencionadas pueden utilizarse para la operación de programas Jredd+ de gran escala, como Visión Amazonía y Biocarbono Orinoquía en Colombia. El país desde 2018 viene diseñando un sistema de comercio de emisiones de donde podrían asignarse recursos a estos programas Jredd+ en proporción a sus resultados de mitigación. Con ambos programas mencionados, la banca multilateral y diferentes países han desarrollado programas de pago por resultados. La opción de vender resultados en el mercado voluntario internacional o de transferencias de resultados con el “ajuste correspondiente” podrían ser también opciones interesantes.

El Centro de Estudios Manuel Ramírez, Uniandes y Environmental Defense Fund (EDF), han desarrollado un modelo de simulación financiera que permite combinar y secuenciar estos tipos de financiación en presencia de un potencial SCE y teniendo en cuenta la curva los costos de mitigación en el sector agropecuario y forestal. El modelo muestra que la mejor estrategia es la combinación de fuentes de financiación con un aporte inicial de presupuesto público y que el programa genere sus propios recursos, a través de compensaciones obtenidas por sus propios resultados.

Estamos presentes en la COP16 y hoy, primero de noviembre a las 9:00 a.m., estaremos presentando el modelo en la Sala Múltiple 2 de la Cámara de Comercio de Cali. Realizaremos una simulación participativa con los asistentes al evento. También se podrá participar vía web.
Más información sobre este evento se puede encontrar en el sitio web del Centro de Estudios Manuel Ramírez o en el siguiente código QR.

La historia de Colombia ha estado marcada por los riesgos de seguridad a los que se enfrentan diferentes grupos poblacionales. Persecuciones a grupos étnicos, población víctima de desplazamiento forzado, víctimas de minas antipersonales y amenazas a líderes sociales, o incluso atracos callejeros, son algunos ejemplos de poblaciones afectadas por diversos tipos de inseguridad: física, emocional, social, laboral, comunitaria, entre otros.

La Persona Defensora de Derechos Humanos (Pddh) es definida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como aquella que “individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos”. En la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos promulgada en 1998, se estableció que “la persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Los derechos que abordan las Pddh no se enmarcan únicamente en el ámbito de la seguridad personal. Por el contrario, abarcan derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. También defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales.

Así como las Pddh promueven, promulgan y vigilan el goce de una gama amplia de derechos humanos, el garantizar su seguridad va más allá de proveer seguridad física frente a posibles amenazas violentas contra su vida. Las agencias de las Naciones Unidas en Colombia, particularmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), han integrado objetivos de transformación territorial para lograr un real ejercicio libre y seguro de los liderazgos en el país, que contribuya de manera sostenible a la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

Econometría Consultores recientemente realizó una evaluación de los programas de estas dos agencias, constatando que la garantía de la seguridad de las Pddh requiere de tres elementos claves: i) la construcción de escenarios habilitantes para el diálogo social, la identificación y mitigación de riesgos; ii) la veeduría, iii) la afectación de organizaciones criminales y sus rentas, y iv) la generación de oportunidades económicas lícitas para los líderes y defensores.

En un contexto como el de Colombia, las Pddh enfrentan diferentes riesgos según la región donde habitan, el grupo al que pertenecen y la causa por la que abogan. Es por esto que políticas y programas para garantizar su seguridad deben ser construidos de manera conjunta y con la participación de autoridades locales que respondan a sus necesidades particulares. Los espacios de diálogo deben materializarse en acciones concretas, no solo para los individuos, sino también para las comunidades, mediante las cuáles se implementen y financien los programas y las políticas que los Pddh identifiquen como prioritarios para la garantía de sus recursos y se hagan efectivas las medidas de protección que debe garantizar el Estado Colombiano.

De igual forma, las Pddh deben por otra parte ser capaces, en la medida de sus posibilidades, de contribuir a identificar y autogestionar sus riesgos. Los programas de acompañamiento de las agencias de Nnuu han demostrado que es posible fortalecer las habilidades de las Pddh para reconocer riesgos potenciales y advertir los mecanismos de denuncia y protección existentes, tanto a las autoridades locales como a las nacionales. A través de procesos participativos, las Pddh pueden identificar medidas para mitigar los riesgos que generan factores como el acceso a redes sociales, y la necesidad de desplazarse de un lugar a otro. La evidencia muestra que pequeñas acciones pueden contribuir a proveer garantías para ejercer un rol de veedores de manera más segura y eficaz.

El fortalecimiento de las Pddh y las garantías para ejercer su libre liderazgo son fundamentales para los procesos de veeduría, que contribuyen a denunciar la vulneración de los derechos humanos por parte de organizaciones criminales en busca de sus rentas. Dejar de lado este proceso de empoderamiento, capacitación, generación de habilidades y protección, trae como consecuencia el debilitamiento de los espacios de rendición de cuentas y vigilancia, que son claves para el proceso de consolidación de la paz y la convivencia.

Finalmente, la estigmatización y amenazas de las que son víctimas las Pddh en Colombia afectan la generación de oportunidades económicas y, en regiones con mercados y economías limitadas, se incrementa el riesgo de participar en cultivos ilícitos.

En este sentido, las condiciones para garantizar un ejercicio libre y seguro de los liderazgos deben también contemplar programas para generar fuentes de recursos sostenibles para las Pddh, que sean acordes con las economías locales y que tengan una visión de comercialización que permita su sostenibilidad en el tiempo. Existe un gran potencial de producción en las zonas más afectadas, como por ejemplo el cultivo de cacao en Tumaco, de pimienta en Putumayo y de miel en la región caribe, que pueden llegar a mercados tanto nacionales como internacionales.

La seguridad de las Pddh es un compromiso de todos. De las autoridades nacionales y locales para garantizar su protección y la generación de medios de vida dignos y sostenibles en el tiempo, del sector privado, contribuyendo a lograr el acceso a mercados y oportunidades económicas, y de la sociedad en general, valorando las acciones que ellos y ellas realizan, evitando su estigmatización y comprometiéndonos con ser veedoras y veedores de las vulneraciones de derechos en nuestro país. Las Pddh no son solo los líderes y lideresas que viven en las zonas marginadas de Colombia. Si bien ellos son quienes más protección necesitan, nosotros también podemos esforzarnos en promover y proteger nuestros derechos, los de nuestra comunidad, los de nuestro país y los de nuestro planeta.

La COP que se llevará a cabo en octubre de 2024 en Cali, se denomina COP16 porque es la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) en el contexto del convenio de Diversidad Biológica. La COP16 tendrá el lema “Paz con la Naturaleza” y uno de sus objetivos es “mejorar la relación que tenemos con el ambiente, repensar un modelo de económico que no priorice la extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturaleza”. Por su parte, las COP se refieren a las reuniones anuales de los países que han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que se firmó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. La COP es el máximo órgano del CDB y como tal dirige, supervisa y decide sobre el proceso de implementación y futuro desarrollo del Convenio.

Los efectos de estas conferencias se pueden medir por los resultados de los acuerdos y por los impactos que tengan en el país o en la ciudad anfitriona. Sobre este último tema, se ha venido discutiendo mucho últimamente. Más allá de las rivalidades, que podrían sugerir algunos medios de comunicación, sobre si el beneficio de hacer el evento es para Cali, si es para el país o si para las comunidades, en esta columna invitamos a que se realice una medición rigurosa y seria una vez culmine. Para ello, se pueden tomar ejemplos de metodologías que ya se han utilizado y publicado, como es el caso de la propuesta que se hace en el Economic Developmet Journal (2017) en donde su autor, Loftsgaarden presenta una metodología de medición de impacto de eventos mayores.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración Panameña, el total de personas en movilidad por el Darién pasó de 6.465 en 2020 a 520.085 en 2023. En lo que va corrido de este año, se han registrado 238.185 personas transitando por esta área de frontera , de los cuales 21% son niños, niñas y adolescentes, provenientes de 36 países localizados en América del Sur (principalmente Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Camerún y Brasil), el Caribe (Haití y Cuba), Asia (China, Vietnam, Bangladesh, Afganistán) y África (Angola, Ghana, Etiopía, entre otros).

La diversidad geográfica del país de origen de la población en movilidad muestra que son muchos los factores que los motivan a salir de su patria para aventurarse a un viaje con varias escalas y donde una de ellas implica cruzar la selva del Darién. Lo que sí comparten estas personas es el alto riesgo de vulneración de sus derechos a la vida, la seguridad, la dignidad, y a acceder a servicios básicos para su subsistencia.