Colombia está próxima a cumplir 20 años desde la reforma al código del menor introducida por la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, la cual reconoció que los niños y niñas no son solo objeto de protección sino sujetos de derechos. Dicha ley estableció además un sistema especial para juzgar a los adolescentes que participen en la comisión de delitos, basado en la Convención de los derechos del niño de la ONU.

La implementación de los códigos de menores fue el resultado de una tendencia que se extendió primero en Europa y Estados Unidos y que luego se trasladó a América Latina durante la primera mitad del siglo XX, que estableció regímenes que perduraron en algunos países, por más de seis décadas, dejando cicatrices en la infancia a lo largo del continente. Bajo el modelo de justicia de menores, se utilizó indiscriminadamente la privación de libertad como forma de “protección”. Así, niños, niñas y adolescentes que se encontraban en alguna situación irregular como el abandono, la indigencia, la adicción a las drogas o la delincuencia eran separados de sus familias y puestos a disposición del Estado en hogares, internados e institutos de reeducación como forma de control social.

Con el tiempo la privación de libertad de los “menores” en pro de su protección demostró paradójicamente ser una de las herramientas más eficaces para vulnerar los derechos de los niños y niñas y en particular de aquellos en conflicto con la ley penal. Fueron muchas las denuncias de abusos cometidos en contra de menores desde el momento de su aprehensión hasta su ubicación en centros de reeducación por hechos de violencia sexual, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

En Colombia la reforma introducida por la Ley 1098 de 2006 al código del menor planteó un gran avance en la defensa de los derechos de los niños y niñas, no solo porque finalmente se reconoció que éstos son sujetos que tienen derechos independientes de los de sus padres, sino porque se limitaron las facultades discrecionales del Estado para privar de libertad a las personas menores de edad, garantizando el debido proceso y priorizando medidas alternativas. Además, se creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Srpa, el cual goza de finalidades especializadas, pedagógicas y restaurativas, que lo diferencia del sistema penal de adultos.

No obstante, a 20 años de su expedición y a pesar de sus múltiples avances en el reconocimiento y garantía de los derechos de la niñez y, en particular de quienes se encuentran en conflicto con la ley penal, el Srpa plantea retos.

Dentro de los muchos aspectos que ameritan revisión se destaca la falta de una política de prevención de la delincuencia juvenil pertinente y eficaz para lograr la reducción de las vulnerabilidades de la población infantil y adolescente y su participación en conductas delictivas.

Dando una mirada a las cifras de pobreza de la población infantil y adolescente en Colombia, se identifica que, según el Dane, en 2023 un 41,6% vivía en condiciones de pobreza multidimensional, con dificultades para el acceso a educación, vivienda y servicios básicos, lo que evidencia el alto grado de vulnerabilidad de la población menor de 18 años en el país.

Si bien las vulnerabilidades que enfrentan los niños y niñas, especialmente en zonas rurales, son en muchos casos causadas por la falta de garantía de derechos y de necesidades básicas, lo cierto es que estas se ven exacerbadas por la presencia de actores armados en sus territorios, los cuales utilizan las amenazas, el microtráfico y el reclutamiento infantil para vincularlos a actividades ilícitas. Varios de los retos y oportunidades fueron identificados por Econometría en el marco del acompañamiento que se realizó a Unicef para el mapeo del Srpa, estrategias para su fortalecimiento y el seguimiento y monitoreo de las acciones para tal efecto.

Por otro lado, se identifica como otro reto la ausencia de una adecuada oferta de sanciones no privativas de libertaden todos los municipios de Colombia. Esto no solo garantizaría que los adolescentes puedan estar cerca de su núcleo familiar durante el desarrollo de la sanción, sino que estas sean aplicadas según cada contexto.

En fin, otro de los grandes retos que enfrenta en la actualidad la Ley 1098 es lograr que en la práctica la sanción privativa de la libertad de adolescentes, la cual puede ordenarse hasta por un periodo de ocho años, sea realmente una excepción según lo establecen las normas internacionales. De acuerdo con las cifras del Icbf (2025), cerca de 8.400 jóvenes están vinculados al Srpa, y de estos, 3.341 están privados de la libertad, lo cual equivale casi a un tercio de la población en el sistema. Además, la reincidencia en el Srpa es de 19,9 % lo que quiere decir que uno de cada cinco adolescentes recae por algún delito, lo que se traduce en que puede ser decretada una nueva privación de libertad.

La excepcionalidad de la privación de la libertad es relevante, pues diversos estudios han demostrado que ésta aumenta la vulnerabilidad de los adolescentes y los hace propensos a ser víctimas de delitos. Además, puede exponerlos a riesgos que no enfrentaban antes de su ingreso, tales como el consumo de sustancias adictivas, el manejo de armas, la depresión y la ansiedad, situaciones que afectan su proceso de reintegración.

Otro aspecto conflictivo es el aumento de personas mayores de 18 años en el Srpa. La presencia de dos poblaciones con características, necesidades y reglas diferentes dificulta en la práctica la operatividad de las sanciones pues el abordaje y las metodologías varían según los rangos de edad. Además, puede incidir negativamente en el bienestar de los adolescentes en caso de que no se realice una separación adecuada de ambas poblaciones, según lo establece las normas internacionales y la propia ley colombiana.

Si bien, durante los últimos 10 años las entidades que lideran el Srpa han intentado reformar varios aspectos de la Ley 1098 que generan tensión dentro del sistema, para armonizarlo con las normas internacionales, dicho ejercicio ha sido infructuoso. De ahí la necesidad de realizar un balance de la implementación de esta ley y avanzar en su reforma para garantizar a los adolescentes que han tenido el error de cometer delitos, oportunidades y procesos que les permitan una verdadera reintegración.

Los economistas no nos destacamos por hacer gráficas llamativas. Sin embargo, una de las más impactantes, que ha resurgido por eventos recientes, es la espiral de Kindleberger. En ella se ilustra cómo las importaciones de 75 países (en dólares de la época) cayeron cerca de un 67% en apenas cuatro años durante la Gran Depresión de 1929. Aunque poco intuitiva, esta imagen expresa visualmente el espiral depresivo que envolvió al mundo en esos años.

Si bien existe consenso en que dicha caída del comercio internacional fue resultado de la contracción de la demanda agregada, también se reconoce que los aranceles impuestos por la Ley Hawley-Smoot en 1930 agravaron la situación. Estos buscaban, en teoría, estimular la demanda interna en Estados Unidos al encarecer los bienes importados. Sin embargo, al obstaculizar el comercio internacional, limitaron también el crecimiento de sus socios comerciales, afectando así su propio desempeño económico. El error fue insistir en una medida que, lejos de aliviar la crisis, la profundizó.

Es evidente el paralelo entre los aranceles de la Ley de Hawley-Smoot en 1930 con aquellos impuestos por Donald Trump en el llamado por él “Día de la liberación”, el pasado 2 de abril. Aunque el contexto actual está lejos del colapso de los años treinta, la espiral de Kindleberger sirve como advertencia sobre lo que podría suceder si se perpetúan errores similares. De hecho, ya se evidencian y se proyectan efectos negativos.

El 22 de abril salió a la luz el informe de perspectivas de la economía mundial del FMI. La visión que brinda el reporte es que la economía mundial iba bien hasta que empezó la guerra comercial. 2024 se caracterizó por la normalización de variables clave como el crecimiento económico y la tasa de desempleo, las cuales, en gran parte de los países, habían recuperado la estabilidad prepandemia. Por su parte, la inflación también mostró una disminución a nivel global, aunque lenta puesto que en varios países continuaba por encima del nivel objetivo de los bancos centrales. Así, la historia de una desinflación indolora en 2024 no fue solo de Colombia sino de gran parte de las economías del mundo.

La situación fiscal del gobierno central exige medidas de emergencia. A pesar de que según el gobierno, sí se cumplió con la regla fiscal en 2024, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, es de otra opinión, puesto que no acepta que 25,8 billones de Transacciones de Única Vez, TUV, que habían sido calificadas como tales por el Confis (compuesto por funcionarios del mismo gobierno) puedan ser consideradas como tales. Como consecuencia, no pueden descontarse esos gastos (o menores ingresos) del Balance Primario Neto Estructural, Bpne, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la ley 2155 de 2021.

La situación no está nada fácil tampoco para 2025. Frente a las metas de la regla fiscal, se necesitan ajustes por un valor de $46 billones frente al Plan Financiero presentado por el gobierno, según el mismo Carf. El decreto 069/2025, proyectado por el anterior ministro de Hacienda, Diego Guevara, ya había aplazado gastos por $12 billones, y había anunciado la necesidad de aplazamientos o recortes adicionales, ante la baja probabilidad de que se le aprobara en el Congreso la nueva reforma tributaria. Parece que el haber insistido en ello ante el presidente, le costó el puesto. Recordemos que esos $12 billones aplazados, correspondían a la suma que el gobierno había previsto recaudar mediante la ley de financiamiento para cuadrar sus propias cuentas del presupuesto de 2025. Lo adecuado, hubiera sido recortar completamente el presupuesto por ese monto, puesto que se trata de recursos que no tienen hoy sustento legal.

El monto de la deuda colombiana cerró en 2024 en 60,6% del PIB. Por su parte, las tasas de interés de los títulos de la deuda colombiana están en un promedio ponderado, según mis cuentas, de 3,28% real. El crecimiento en el PIB proyectado por el propio gobierno en su plan financiero (elaborado antes de tener en cuenta el posible efecto recesivo de las medidas arancelarias tomadas por Trump (que tendrán según muchos analistas un efecto recesivo en la economía mundial) es de 2,6%. Para estabilizar la relación de la deuda con el PIB en el mismo monto de finales del año anterior, se necesitaría que el gobierno generara un superávit primario (sin contar dentro de los gastos los intereses) de 0,2% del PIB. En su plan financiero para 2025 el gobierno ya está proyectando un déficit primario de 0,2%, lo que exigiría un ajuste en gastos por un valor de $11 billones. Téngase en cuenta además, que el Carf considera que, en ese plan financiero, el gobierno está sobreestimando los ingresos tributarios en $34 billones. Es decir, que solo para estabilizar la relación deuda/PIB, el ajuste total en gastos debería ser de $45 billones.

Esta situación explica el deterioro en los títulos de la deuda pública colombiana, cuyo rendimiento exigido ha pasado de ser de 10% en abril de 2024 para un bono a diez años, a 11,5% en abril de 2025. La prima de riesgo frente a un título de los Estados Unidos ha aumentado desde 575 puntos básicos desde abril del año pasado a 750 puntos hoy. El precio de los Credit Default Swaps, CDS, que es la prima de seguros que pagan algunos inversionistas para protegerse de un posible incumplimiento de la deuda colombiana, se ha incrementado en un 35% desde enero de 2024. En fin, Moody’s -la única calificadora de riesgo que había mantenido el grado de inversión para los títulos soberanos emitidos por el gobierno- ya los pasó a “perspectiva negativa”, lo que supone que es alta la probabilidad de que los pase a “grado especulativo”.

Como lo señaló el comunicado de la Junta del Banco de la República, emitido después de su reunión del pasado 3 de abril, esta situación reduce el margen de la política monetaria y explica las dificultades para reducir más la tasa de interés. Textualmente afirma: “Una señal clara que despeje las preocupaciones sobre la viabilidad de las finanzas públicas y asegure el cumplimiento de la regla fiscal, mejoraría la confianza de los mercados, y abriría espacios importantes para el relajamiento de la política monetaria”.

¿Cuáles son las acciones que es necesario tomar para romper ese círculo vicioso entre bajo crecimiento, altas tasas de interés y desequilibrio fiscal? Las alternativas en principio serían crecer más, aumentar los impuestos, y/o reducir los gastos.

Empecemos con la primera de estas alternativas: mayor crecimiento. Si este año creciéramos a 3,6%, en lugar de 2,6% esperado por el Gobierno, y en los próximos años creciéramos a 4%, se podría cumplir la regla fiscal este año, y las exigencias para equilibrar las finanzas públicas serían menores, porque la confianza de los tenedores de deuda pública requeriría unas menores tasas de interés.

Sin embargo, es necesario recordar una verdad de a puño: el crecimiento potencial depende de que crezca la productividad, lo cual exige a su vez que se incremente el capital disponible bajo la forma de activos fijos destinados a la producción: maquinaria, instalaciones petroleras y mineras, puertos, carreteras, edificaciones, etc. Ese incremento durante un período se denomina Formación Bruta de Capital Fijo. Pues bien, la participación de este renglón en el PIB durante 2023 y de 2024 fue solo de solo de 16,5%, la más baja desde el 2001, cuando estábamos recuperándonos de la crisis de finales del siglo pasado. Por otro lado, la inversión extranjera directa cayó en un 17% en 2024 con relación a la registrada en 2023 especialmente en su principal componente, el dedicado a actividades de la relacionada con actividades de petróleo y minería, que cayó en un 45%.

Las incertidumbres regulatorias y la franca animadversión que ha mostrado el Gobierno hacia el sector privado, especialmente en actividades mineras, generación y distribución de energía, concesiones viales, salud, etc., no son el mejor instrumento para incidir favorablemente en las expectativas empresariales. Recordemos que la inversión privada depende fundamentalmente de la rentabilidad esperada después de impuestos.

Lo que nos lleva al análisis de la segunda alternativa, el incremento en los impuestos, que ha sido la propuesta del ministro de hacienda recién posesionado. Pues bien, la carga tributaria ha aumentado notoriamente para el sector empresarial, especialmente después de la reforma tributaria de este gobierno, aprobada en 2022. Por otra parte, el decreto expedido dentro de la conmoción interior, se creó un impuesto a las exportaciones de hidrocarburos y de carbón. No es de extrañar que las dos principales empresas carboníferas anunciaran planes para disminuir sustancialmente sus niveles de producción para 2025, lo cual tendrá consecuencias sobre el crecimiento en el PIB de este año, que posiblemente no se han tenido en cuenta en las proyecciones oficiales.

La capacidad de tributación de los contribuyentes formales de la economía ya ha llegado a topes imposibles de superar. En el caso de los impuestos corporativos, la Tasa Efectiva de Tributación sobre la Renta (relación entre los impuestos sobre la renta causados y las utilidades antes de impuestos), según las cifras recolectadas por la Superintendencia de Sociedades, pasó de 40% a 65% entre 2022 y 2023, para las empresas que reportan como ”plenas individuales”, es decir aquellas que no poseen inversiones en otras empresas. Para las Pyme individuales, esa tasa efectiva pasó de 33% a 39% posiblemente por el hecho de que buen número de ellas están en el Régimen Simple de Tributación, que recordemos, el gobierno pretendía abolir con su fracasada propuesta de ley de financiamiento. La tributación sobre personas naturales, como lo saben quienes declararon renta el año anterior, ya llegó también a niveles exagerados. Si se piensa que pueden obtenerse más recursos gravando las rentas o el patrimonio de las grandes fortunas legales, vale la pena recordar que muchas de estas han optado por cambiar la residencia fiscal, motivadas precisamente por razones tributarias.

La única alternativa posible en el corto y mediano plazo es entonces la disminución en los gastos. El Gobierno se queja de las ataduras constitucionales y legales que le impiden hacer esos recortes. Ello es cierto, pero es bueno recordar que el Gobierno ha contribuido a aumentar de manera importante esas inflexibilidades. En primer lugar, la sobreestimación en los cálculos de recaudos tributarios especialmente en 2024 y 2025 incrementó los montos destinados al Sistema General de Participaciones, puestos que, según el artículo 357 de la Constitución actualmente vigente, esta participación se calcula sobre la variación de los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores, incluido el correspondiente al aforo (es decir el presupuesto) del año en ejecución.

Por otra parte, el incremento en el salario mínimo en los últimos tres años incluyendo el auxilio de transporte, ha sido de 12% en términos reales. A ello se añaden los decretos específicos de incremento a los funcionarios públicos, bastante generosos, y el crecimiento en las plantas de personal. Todo ello ha hecho que los gastos de funcionamiento hayan aumentado en un 35% entre 2022 y 2024, 20 puntos por encima de la inflación acumulada entre esos dos años, y que los gastos de funcionamiento hayan pasado de 14,5% a 17% del PIB entre 2022 y 2024. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Mfmp, el Gobierno mismo informaba que ocho leyes aprobadas en 2023 (indudablemente con el aval fiscal del gobierno) tuvieron un costo fiscal permanente de $2,3 billones, además de 20 leyes que, según el Mfmp “tienen costo fiscal, pero no se cuenta con información precisa para su estimación”.

En fin, es necesario añadir el efecto que tendrá el Acto Legislativo 3 de 2024 (aún no promulgado por el Presidente) que exige que se incremente el monto del Sistema General de Participaciones desde un 26,8% de los ingresos corrientes de la Nación (cifra del Presupuesto de 2025) a un 39,5% en un período de 12 años que deben comenzarse a contar a partir de 2027. Esto exigirá que la ley de competencias que debe reorganizar las responsabilidades entre la Nación y las entidades territoriales, exigida para que comience a cumplirse el Acto Legislativo, recorte el gasto del Gobierno Nacional en cerca de $40 billones adicionales a pesos de hoy.

La situación fiscal del Gobierno Nacional es entonces crítica. La única herramienta posible que se puede utilizar para enfrentar esta situación es una reingeniería completa en la administración central que se traduzca en un recorte considerable en gastos. Es una tarea que hay que acometer desde ya, para lo cual serán necesarias reformas constitucionales y legales que disminuyan las inflexibilidades presupuestales, acompañadas de una voluntad política enorme para no seguir en esta carrera interminable por aumentar el tamaño del Gobierno.

El trabajo forzoso corresponde al trabajo que se realiza involuntariamente y bajo amenaza de cualquier pena; por ende, está asociado a situaciones de manipulación, violencia o intimidación para obligar a las personas a realizar una labor. Entonces, hay tres elementos claves: (i) la existencia de un trabajo en cualquier actividad, formal o informal, legal o ilegal; (ii) una amenaza de cualquier índole si no se realiza el trabajo y (iii) la involuntariedad entendida como la falta de consentimiento libre e informado de los trabajadores, tanto para aceptar una oferta de empleo, como para renunciar al empleo en cualquier momento. Esto según las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Dadas las condiciones del trabajo forzoso, es sorprendente que este flagelo aún exista y sea frecuente en el mundo. Según el estudio global más reciente hecho en 2022, la OIT estima que hubo 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso; esto es casi 3,5 trabajadores por cada 1.000 personas en el mundo en un día normal entre 2017 y 2021. Por regiones, los Estados Árabes presentan la mayor incidencia relativa, con 5,3 personas por cada 1.000 habitantes; mientras que en números absolutos, en Asia y Pacífico está la mayor cantidad de trabajadores en esta condición, con 15,1 millones de personas. En el continente americano las estimaciones señalan que 3,6 millones de personas sufren este flagelo, lo que representa 3,5 trabajadores por cada 1.000 habitantes (ver Gráfica).

El lunes de la semana pasada el Dane reveló los datos del crecimiento del PIB para la totalidad de 2024. Se reportó una tasa de crecimiento de 1,74%, muy cercana a la proyección de Econometría hecha hace un año (1,7%). A continuación, se presentan algunos apuntes sobre esta cifra de crecimiento y las cuentas nacionales de 2024.

1. La cifra de crecimiento no fue mala, pero es insuficiente

En enero de 2024, diversos analistas y entidades publicaron sus proyecciones de crecimiento para 2025. Según la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos, Eme, del Banco de la República, la estimación mediana para 2024 era de 1,5%, con un rango entre 0,7% y 2,5%.

Esto indica que, aunque el crecimiento no fue excepcional como en 2021 y 2022, este se situó en la parte alta de las expectativas. Lo anterior es una buena noticia, aunque sigue siendo una tasa insuficiente para las necesidades del país, como se analizará a continuación.

El pasado 5 de febrero falleció mi abuela Blanca Restrepo de Murgueitio en Cali. Vivió 108 años sin enfermarse de gravedad, y dejó una descendencia extensa con un legado por el cual trabajó de manera incasable, el de contribuir al país a través del trabajo en diferentes ámbitos y esferas. Sucedió 42 años a mi abuelo así que, en sus manos en solitario por cuatro décadas, fue el motor de mi familia paterna. Desde que tengo memoria, su casa fue un refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y los problemas se desvanecían entre el aroma de sus comidas, sus anécdotas e historias. Al mismo tiempo se iban discutiendo los problemas del mundo y del país bajo su análisis riguroso y a la vez práctico.

Mi abuela fue una mujer fuerte, enfrentó las adversidades con una dignidad admirable mientras fue testigo de dos guerras mundiales, la llegada del hombre a la luna, la caída del muro de Berlín, 30 presidentes de Colombia, el cambio de milenio y casi tres décadas más, además de dos pandemias, la última de 2019 a 2022 marcó para ella un punto de inflexión hacia el declive de su vida pues si bien, gracias a los cuidados de su familia no fue contagiada, la soledad de su amplia casa afectó su brillante cerebro.

El profundo agradecimiento que tengo a “Doña Blanca” me inspira a hacerle un homenaje a las abuelas a través de relevar su aporte a la economía de un país. Medir el aporte exacto de las abuelas al Producto Interno Bruto, PIB, es complicado, ya que muchas de sus contribuciones son informales y no se registran en las estadísticas económicas. En Colombia en particular, las abuelas a menudo realizan tareas de cuidado y labores domésticas que permiten que otros miembros de la familia trabajen. Este trabajo no se refleja directamente en el PIB, pero su valor es significativo en términos económicos.