Es claro que son necesarias. Por un lado, el mercado laboral sufre de una alta informalidad y un alto desempleo. Este último regresó a los dos dígitos después de ocho años. Por otro, el sistema pensional sufre de baja cobertura; menos de un tercio de los adultos mayores disfrutan de pensión. Y este rápido diagnóstico implica que la reforma laboral debería enfocarse en atacar informalidad y desempleo, y la pensional en subir cobertura.

Sobre la primera, es necesario recordar que el mercado laboral está cambiando de manera acelerada, y que nuevas formas de trabajo y contratación están naciendo. La idea que todos los colombianos trabajemos de 8 a 6 en una empresa en la cual el empleador cotice una parte a pensiones y a salud, es cada vez más remota. Ejemplos, algunos recientes, otros más estructurales, lo demuestran. La reciente polémica de Uber y los taxistas tiene por detrás un contexto importante. Ni los conductores de Uber, ni los de taxi, tienen una relación laboral con la empresa. Adicionalmente, ni los ingresos ni las horas trabajadas son fijos, dependen del tiempo que trabajen y de las carreras que efectúen. Frente a esta realidad, la legislación colombiana, que obliga a cotizar para pensión 16% de un ingreso mensual, es difícil de aplicar. Otro ejemplo importante, más estructural, se relaciona con el mercado laboral rural. En el campo la mayoría de los trabajos depende de variables como la estacionalidad de las cosechas, y se trabaja a destajo, o por días o inclusive horas. Una legislación que obligue a los trabajadores del campo a cotizar 16% del ingreso mensual ha hecho que la informalidad laboral en el campo esté cercana a 90%, o, lo que es lo mismo, que muy pocos trabajadores del campo tengan una pensión.

Estos ejemplos demuestran que, frente a la realidad laboral de muchos colombianos, la legislación laboral es muy rígida. Con una buena intención, que es que todos los colombianos tengan un trabajo estable, con un ingreso mensual fijo y asegurado, se llega al peor de los mundos. De los 22 millones de trabajadores, cerca de 16 millones están en la informalidad, desprotegidos de la seguridad social, y la legislación, rígida, no les permite buscar protección. Por esto es necesario adaptar la legislación.

Muchas voces afirman que la reforma busca proteger a los empleadores. Y ese no puede ser el objetivo. No debe permitirse que cambien el contrato laboral de tiempo completo a término indefinido por un contrato por horas. Pero si es necesario que los trabajadores que no tengan ese tipo de contrato, sean cobijados por la seguridad social con una nueva legislación. Visto de otra manera, la reforma no debe desproteger a los protegidos, pero si debe buscar proteger a los desprotegidos, teniendo en cuenta su realidad laboral. No olvidando el objetivo principal, que debe ser el trabajo formal, estable, decente. Pero aceptando que cambiar la realidad es complejo, y por eso no pueden estar desprotegidos. Este sería un primer paso para aumentar la cobertura del sistema pensional, buscando que todos los trabajadores colombianos tengan la posibilidad de cotizar para su pensión.

Sobre la reforma pensional, el debate debería centrarse en el mismo objetivo, aumentar la cobertura. Sin embargo, se ha desviado hacia otros temas, como marchitar el régimen de prima media que administra Colpensiones, y, en el otro bando, eliminar los fondos privados. Además de que este debate desvía la atención de lo importante -la baja cobertura- cualquiera de los dos extremos es peligroso. Si solo existe Colpensiones, el alto pago de pensiones, una gran parte con altos subsidios, hace financieramente insostenible el sistema. Y si solo existen los fondos privados, las bajas pensiones dejan insatisfecha a la población. Por eso, los dos regímenes son necesarios, no compitiendo entre ellos, sino complementándose.

Adicionalmente, el régimen público, como en general debería ser la política pública, debería concentrarse en la población más vulnerable, complementando el esfuerzo de ahorro que hacen las personas que no cuentan con un contrato laboral de tiempo completo, pero que con la nueva legislación laboral contarían con mecanismos de ahorro, pagados en parte por sus empleadores. Y no concentrarse en pagar subsidios altos a las altas pensiones.

Aunque ya se han dado pasos para aumentar la cobertura, creando un sistema de protección para la vejez, del cual ya hacen parte los Beps, es necesario diseñar y discutir más iniciativas. Por ejemplo, la compra de semanas, mecanismo que consistiría en que si la persona llega a la edad de pensión, pero no cumple con el número de semanas para obtener su pensión, pueda pagarlas de una sola vez, o pueda pagarlas mensualmente, pero incluyendo un subsidio por parte del Estado para que se pensione (cotizando cada mes tres semanas y que el Estado cotice una), o que le sea otorgada la pensión y se le descuente mensualmente una o dos semanas que no cotizó, puede ser un mecanismo que permita aumentar la cobertura.

En suma, las dos reformas son necesarias, buscando proteger a los más desprotegidos por la seguridad social. Es importante que el Gobierno muestre sus propuestas rápida y claramente. De esta manera, se evitaría la incertidumbre, que genera en parte el rechazo, y se podrían tener discusiones más constructivas.