En este espacio queremos desde Econometría Consultores, celebrar un hito en nuestra historia, la celebración por la contratación del proyecto 1.000. Este número coincidió con el contrato por parte del Programa Mundial de Alimentos para evaluar los resultados de su programa estratégico en Guatemala. Llegar a este número, ha sido un camino que inició en 1977 cuando se fundó por Manuel Ramírez, Alejandro Vivas, Álvaro Reyes, Bernardo Kugler, Rodolfo Heredia y Diego Sandoval y más adelante cuando se vinculó la primera mujer Martha Isabel Gutiérrez. Hoy cuenta con socios 15 más, Arturo García, Carolina Murgueitio, María Gloria Cano, Oscar Rodríguez, Juan Manuel García, Gelcy Díaz, Marisol Rodríguez, Carolina Latorre, Carolina Suárez, Nury Bejarano, Benjamín Venegas, Claudia Peñaranda, Jaime Millán y Mauricio Olivera, que han logrado junto con sus colaboradores y consultores asociados, consolidarse como una firma de consultoría especializada en análisis económico que hoy se reconoce por la evaluación de políticas públicas y proyectos sociales, análisis regulatorio, estudios de demanda, entre otros. Los estudios, análisis, evaluaciones se realizan con un enfoque multidisciplinario y enfoques cuantitativos y cualitativos aportados por la antropología, la ciencia política, la psicología, la ingeniería, por mencionar algunas.

Este logro del proyecto número 1.000, no solo representa una cifra importante en términos de proyectos completados, sino que también simboliza el compromiso, la excelencia y la dedicación que han caracterizado a quienes han aportado en cada uno de los proyectos de Econometría. Desde sus inicios, la firma se ha esforzado por ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes, ayudándoles a tomar decisiones informadas y basadas en evidencia. El conocimiento adquirido a lo largo de tantos años, también se transmite actualmente a través del Centro de Estudios Manuel Ramírez que se fundó con el apoyo de Econometría Consultores a finales de 2019, por un grupo de 30 destacados investigadores, muchos de ellos alumnos, amigos, familiares, y compañeros de trabajo de Manuel Ramírez.

El proyecto 1.000 al ser internacional, simboliza el camino que ha ido recorriendo la firma en mercados internacionales llegando a países de América y el Caribe, Asia y África. La primera experiencia en el ámbito internacional fue en 1994 para la Superintendencia General del El Salvador para quienes se estimó la demanda de servicios de electricidad. En 1997 se apoyó a Aladi para la identificación de Iniciando el milenio, la alianza con el Estudio de Estudios Fiscales de la Universidad de Londres marcó un hito en la consolidación de Econometría como uno de los referentes en evaluación de impacto de programas de subsidios condicionados Familias, Jóvenes y Empleo en Acción. Esta experiencia catapultó a Econometría para llevar a cabo la evaluación de programas similares en Honduras y Bahamas.

En 2013 se firmó el primer contrato de largo plazo con el Programa Mundial de Alimentos para servicios de evaluación y en la actualidad se ha ratificado ese mismo contrato en tres oportunidades y la figura se expandió a otras organizaciones de Naciones Unidas, Unicef, la FAO, OIT y Ocha. La exportación de nuestros servicios también se ha expandido con entidades multilaterales y de cooperación internacional. De la mano de esos contratos de largo plazo el talento de Econometría ha llegado a países como Bután, Bangladesh, Etiopía, Ghana, Cuba, Nicaragua, Guyana, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Haití, Honduras, República Dominicana, Bahamas, Zambia, Nepal, Afganistán, Gambia, Bangladesh, Guinea Bissau, Georgia, por solo mencionar algunos.

Econometría además hace parte de la Alianza Latinoamericana de Consultorías Económicas (Laeco), que elabora mensualmente análisis macroeconómicos de cada país de la región, lo que ayuda a consolidar la red de la firma en la región.

El trascender fronteras no habría sido posible sin la experiencia adquirida en Colombia a través de evaluaciones contratadas por entidades como Sinergia del Departamento Nacional de Planeación que es un referente a escala mundial en el ámbito de la evaluación de políticas públicas, así como de entidades territoriales, comisiones de regulación, entidades del gobierno nacional, organizaciones vinculadas a cambio climático, desarrollo sostenible y en el sector privado empresas que buscan un aliado para medir el impacto de su inversión social, de su valor compartido así como la estructuración de sus inversiones o estimación de la demanda. También ha sido aliada de varios operadores de Usaid en cada una de sus intervenciones en el país, así como de la cooperación de otros países como Alemania, Suiza, Suecia, Noruega, España, Holanda, la Unión Europea, Canadá, India, Francia, entre otros.

El camino hacia el proyecto 1.000 no ha sido fácil para Econometría Consultores. Ha implicado años de arduo trabajo, aprendizaje continuo y adaptación a un entorno empresarial en constante cambio. Sin embargo, la empresa ha sabido enfrentar los desafíos con determinación y visión estratégica, lo que le ha permitido crecer de manera sostenida y consolidar su reputación como un referente en el campo de la consultoría y evaluación de políticas públicas e inversiones sociales.

Uno de los pilares del éxito de Econometría Consultores ha sido su equipo humano. Compuesto por profesionales altamente calificados y apasionados por su trabajo, el equipo de la empresa ha sido clave en la consecución del proyecto 1.000 y en la satisfacción de los clientes a lo largo de los años. La cultura de colaboración, el espíritu de equipo y el compromiso con la excelencia son valores fundamentales que han guiado el trabajo de cada miembro de Econometría Consultores en cada proyecto que emprenden.

A medida que Econometría Consultores celebra este escalón está preparada para afrontar nuevos retos y seguir creciendo en el futuro. En especial, hacemos un reconocimiento de gratitud a nuestros clientes nacionales e internacionales que han confiado en nuestros servicios, así como a nuestras firmas, organizaciones y universidades aliadas que nos han acompañado en este camino como Soluciones Estratégicas de Información SEI y tantas otras que nos han aportado aprendizajes y sus capacidades. Igualmente, a nuestra competencia a quienes agradecemos por construir día a día la consultoría colombiana.

Sin lugar a duda, marzo es un mes para conmemorar la lucha por garantizar la equidad social, económica, cultural y política de las mujeres. Desde inicios del siglo XX, tiempo al que se atribuye el inicio de este movimiento, se han realizado muchos avances en términos de igualdad de oportunidades. Sin embargo, hoy en día persisten grandes factores que afectan la equidad entre hombres y mujeres, especialmente si se reside en la ruralidad colombiana.

Según el DANE, en el 2023, aproximadamente el 23% de los habitantes del país residía en zonas rurales, del cual el 48% eran mujeres. En diversos estudios adelantados recientemente por Econometría Consultores (evaluaciones al Proyecto Alianzas Productivas, el Campo Emprende, Programa de Alianzas Comerciales y el diagnóstico de la Actividad de Agricultura Sostenible), se ha encontrado que la mujer rural se ve enfrentada a un sin número de barreras, que al final, afectan severamente su autonomía económica, personal y profesional. Dentro de estas barreras, se han identificado factores como estereotipos frente al trabajo que “deberían” desempeñar, lo cual generalmente está asociado con actividades del cuidado y economía del hogar, por ejemplo, preparar los alimentos para el hogar y los trabajadores y/o cuidar a los hijos, a los adultos mayores o a personas con discapacidad. Un segundo factor identificado, es el acceso desigual a los recursos productivos, en donde, en comparación con los hombres, la mujer tiene una menor tenencia de tierra y un menor acceso al sistema financiero. Particularmente la solicitud y otorgamiento de créditos está limitado dada la falta de garantías, al no tener un título que respalde la solicitud.

Un tercer factor que afecta la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres es la dificultad de obtener un empleo de calidad. Mientras la tasa de ocupación de los hombres en el área rural es del 70,7%, en las mujeres es del 29,3% (datos del DANE-GEIH, 2022). Esta brecha es explicada en parte por las actividades de cuidado y economía del hogar que tienen a cargo las mujeres y por barreras a su contratación en las empresas; en este último caso (barreras a contratación), la brecha se acentúa dada la combinación de tiempo limitado y menor nivel educativo alcanzado en comparación a los hombres. Por último, se ha evidenciado por Econometría que las mujeres rurales son más susceptibles de ser víctimas de violencia doméstica o ser afectadas por el conflicto armado.  

Estos cuatro grandes factores llevan a que se amplíe la brecha de género, afectando severamente la toma de decisiones en espacios comunitarios, dificultando acciones de liderazgo, empoderamiento y uso del tiempo, con todas las consecuencias sobre la salud y bienestar de la mujer.

En este orden de ideas, las estrategias para contrarrestar los efectos de los factores que afectan la equidad y por consiguiente cerrar las brechas de género identificadas, deben iniciar por un proceso formativo, no solo en las mujeres mismas, sino en su entorno cercano, abordando en primera medida a su familia, luego su círculo personal y en paralelo el ámbito productivo. El objetivo de esta etapa es desmitificar creencias innatas en la cultura rural colombiana. Una vez consolidado el proceso formativo, es indispensable apostar por una dinámica transformadora que suministre herramientas para que el cambio sea permanente. Sin lugar a duda, esta etapa, en la que se busca cambiar comportamientos, demanda tiempo. Sin embargo, para obtener resultados en el corto plazo, es necesario propiciar la autonomía económica de las mujeres, vía proyectos productivos sostenibles y rentables, tal que se conviertan en un factor que apalanque la transformación.

Dos ejemplos de ello los encontró Econometría en las evaluaciones a las intervenciones que realizó la Fundación Alpina. En el primer caso, con una intervención que buscaba mejorar la autonomía económica de las mujeres rurales en cinco municipios del departamento del Cauca. A través de un paquete integral, que no solo combinaba formación a todos los miembros del hogar en temáticas asociadas a la Violencia Basada en Género (VBG) sino que se articulaba con la entrega de insumos productivos y su conexión con el mercado, se lograron cambios en los niveles de conocimiento, ingresos, participación y toma de decisiones. Se empoderó económicamente o a las mujeres. Si bien ellas incrementaron sensiblemente sus conocimientos en VBG, lo que más jalonó la autonomía económica fue la conexión con el mercado. Cuando no se cuenta con elementos para llegar a una comercialización exitosa, no es posible generar la transformación, pues no se dispone de una fuente de ingresos. Eso se evidenció en otra intervención desarrollada en territorios vulnerables de Nariño, Puerto Carreño y la Guajira. Si bien se encontró un mejoramiento en conocimiento y toma de decisiones, factores externos como el conflicto armado y las características culturales de la región se han convertido en obstáculos para el desarrollo individual de las mujeres.

Con estos ejemplos sobre la mesa, la agenda pública dispone de buenos elementos que pueden ser rescatados de estas iniciativas, que pueden ser incorporados dentro de sus líneas estratégicas. Como se mencionó previamente, es indispensable iniciar con una estrategia formativa, en donde se trabaje no solo con la mujer, sino también con su entorno cercano, con el objeto de desmitificar los estereotipos existentes y normalizar la equidad en tareas, acceso a bienes y oportunidades de desarrollo personal y profesional. En segundo lugar, para consolidar el cambio formativo y lograr resultados en el corto plazo, se debe propiciar la transformación vía empoderamiento económico. En el sector rural ello se puede garantizar con proyecto productivos robustos, lo cual exige su consecuente articulación con el mercado.

Si bien, como se mencionó anteriormente, existen grandes factores que afectan la equidad de género, rescatando las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas de diferentes iniciativas desarrolladas en el país, es posible diseñar acciones para dar garantías a la mujer rural, empezando por apostarle al logro de una mayor autonomía económica.

El debate en el sector de salud de Colombia en los últimos meses se ha centrado en las reformas propuestas por el Gobierno para hacer cambios en el sistema de prestación del servicio. No obstante, independientemente del debate político sobre el funcionamiento del sistema, la prevalencia de enfermedades que requieren de mecanismos eficientes para la atención continúa en aumento, como es el caso del cáncer.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. En 2022, causó 1,4 millones de muertes, 45,1% de ellas en personas menores de 69 años. En el caso de Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social, el cáncer es considerado un problema importante de salud pública, con un número de enfermos que ha aumentado en los últimos años y un estimado de cerca de 96 personas que mueren cada día en el país a causa de esta enfermedad.

El Gobierno colombiano ha hecho esfuerzos en mejorar la planeación para el control del cáncer en el país, siendo pionero en proponer una mirada integral que considere, no solo la atención, sino aspectos de prevención, detección temprana, mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y sobrevivientes del cáncer, gestión del conocimiento y tecnología, así como formación y desarrollo del talento humano.

Estas líneas estratégicas se incluyeron en el Plan Decenal del Control del Cáncer en Colombia, implementado entre 2012 y 2021, el cual fue evaluado recientemente por Econometría Consultores. El plan logró reunir todos los elementos relevantes para reducir la prevalencia del cáncer, identificando las responsabilidades que todos tenemos en este propósito, que van desde alimentarnos saludablemente, hacer ejercicio, evitar contacto con sustancias tóxicas y asistir a chequeos médicos, hasta el rol que cumplen entidades de los gobiernos nacionales, territoriales y del sector salud en remisión de casos, mejoramiento de los sistemas de información, articulación de la atención y capacitación del talento humano, para prestar servicios integrales y de calidad en todas las etapas del proceso de asistencia a los pacientes y sus familiares.
En el caso de las estrategias para la detección temprana de la enfermedad, el plan priorizó el cáncer de cuello uterino, de mama, de próstata, colorrectal e infantil (leucemias agudas pediátricas), por ser los de mayor incidencia, y mayor facilidad para la realización de tamizajes que permitan obtener un diagnóstico oportuno y la remisión a tiempo de los pacientes.

Así mismo, en las actividades de prevención, el plan propuso actividades para el control del riesgo de consumo y exposición a productos de tabaco y sus derivados, control del riesgo del consumo nocivo de alcohol, promoción del consumo de frutas, verduras y la alimentación saludable, promoción de la actividad física, control del riesgo frente a carcinógenos ocupacionales (asbesto, sílice, benceno, plomo compuesto inorgánico, radiación ionizante), control del riesgo frente a la exposición a radiación solar ultravioleta y protección específica a virus relacionados con cáncer (como la Hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano).

El plan también constituyó una herramienta para el posicionamiento del control y la atención integral del cáncer en los temas en la agenda nacional y territorial, la asistencia y acompañamiento técnico y la articulación entre entidades. Gracias a él, se lograron avances en la normatividad como la prohibición del uso del asbesto. Sin embargo, como muchas de las iniciativas promovidas desde el Gobierno Nacional, se identificaron limitantes para su implementación, principalmente en los territorios donde el acceso a tecnología y recursos para la atención es menor que en las grandes ciudades.

Las oportunidades de mejora que se evidenciaron en la evaluación son aspectos fundamentales a tener en cuenta en la planeación nacional y territorial en materia de salud pública. Para continuar avanzando en estrategias que permitan reducir la prevalencia del cáncer en Colombia, es necesario priorizar estas áreas de trabajo en planes locales como los planes decenales de salud pública, y demás instrumentos del orden nacional y regional que permitan dar continuidad a las acciones realizadas y al posicionamiento logrado gracias al Plan Decenal.

El caso particular del cáncer además es un ejemplo de los procesos urgentes que se deben promover para evitar el aumento de casos, dado que el énfasis no necesariamente debe darse en la atención, sino en las acciones de control y prevención que las personas pueden tomar y que contribuirían a disminuir la probabilidad de tener que someterse a un tratamiento.

Los problemas del sistema de salud son generalmente vistos como las prácticas que no funcionan entre las entidades que prestan la atención, sin hacer un llamado a la responsabilidad que tenemos todos de mejorar nuestros hábitos de vida, procurar que el ambiente donde vivimos sea saludable y ser conscientes de la importancia de los diagnósticos oportunos.

Está comprobado que el tabaco, la dieta, la obesidad, las infecciones y el alcohol, son los principales factores causales de las muertes por cáncer, con mayor fracción atribuible que la historia familiar y los aspectos genéticos. Todos estos aspectos son controlables por el ser humano, y un adecuado monitoreo de los hábitos y de demás aspectos relacionados con ellos, pueden reducir significativamente el riesgo de padecer la enfermedad.

Las mejoras prioritarias para avanzar en la salud de la población no dan espera a las decisiones que se tomen respecto a las reformas de sistema. Los nuevos gobiernos regionales deben considerar los retos existentes para garantizar el control de enfermedades en sus territorios, tomando en cuenta lecciones aprendidas de experiencias anteriores y planeando respuestas integrales que generen cambios en el corto y en el mediano plazo.

Así mismo, las personas de todas las edades, sexo y regiones, debemos cumplir con nuestras responsabilidades de cuidado, para contribuir en lo necesario para lograr reducir la prevalencia de este tipo de enfermedades, que requieren, no solo del fortalecimiento institucional nacional y local, sino del cambio de conciencia en las prácticas de vida.

Un gran aporte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia potencia mundial de la vida” fue haberle dado importancia central al ordenamiento territorial. En términos económicos no basta definir qué se produce o se consume, también es necesario definir dónde. Eso hace la diferencia.

Dónde se ubique un agente (hogar o productor) es importante tanto a nivel individual, como colectivo. Miremos primero lo individual. Un hogar que construye una vivienda en una zona inundable o con riesgo de deslizamiento está incurriendo en una inversión con alta probabilidad de perderse. En el caso de productores es frecuente ver siembras en zonas de ladera en tierras que tienen una vocación más forestal o de conservación. En terrenos sin vocación agropecuaria no se van a lograr productividades mínimamente aceptables.

Existen muchos otros ejemplos, pero estos dos sirven para ilustrar los problemas de ubicarse en terrenos no adecuados. El primer problema es que el esfuerzo individual es demasiado alto y poco fructífero. Si la tierra no es adecuada, se va a tener una menor producción respecto a lo que se tendría en una buena tierra con el mismo esfuerzo. Construir viviendas en terrenos de riesgo de derrumbe no solo implica mayores costos en tanto se requieren muros o cimentaciones. Además, el acceso a los servicios es más complejo en cuanto no se traten de zonas planeadas para urbanizarse; también está la posibilidad de perderlo todo ante eventos de deslizamientos, ahora cada vez más posibles y frecuentes con el cambio climático. Esto conlleva menores productividades (a un mismo esfuerzo, los resultados son menores), uno de los grandes problemas del país.

El segundo problema va más allá del productor o el hogar directamente afectado. Aparte de los costos individuales, los derrumbes nos terminan costando a todos, porque el Estado tiene que entrar a atender la emergencia y dar alternativas a los afectados. En el caso del productor que siembre en tierras no adecuadas, algo similar. Con un pobre desempeño productivo, se van a demandar del Estado apoyos para cubrir necesidades básicas, que en principio no necesitaría (o las necesitaría en menor medida) si el mismo esfuerzo se hiciera en una buena tierra.

El tercer problema es la forma en que los ejemplos anteriores, repercuten en terceros. Con frecuencia, los pequeños productores están en las montañas, a las orillas de los ríos o incluso en los páramos, afectando. Esto afecta negativamente las fuentes hídricas en detrimento de productores y poblaciones ubicadas aguas abajo. Ejemplo típico de lo que en economía se denomina “externalidades negativas”.

Un trabajo realizado para el Pnud (Reyes, A. y García, A., 2008) ilustra este círculo vicioso. Vía compra de tierras y violencia, pequeños productores que estaban en la parte central y plana del Cesar terminaron ubicados en la serranía de El Perijá, en donde no se cuenta con mayores bienes públicos (seguridad, vías, acueductos, alcantarillados, comunicaciones, etc.). Para garantizar su provisión de agua, ubican sus viviendas cerca de los ríos o quebradas afectando las rondas y contaminándolas. Al final, quienes están en la serranía no tienen como pueden mejorar sus condiciones de vida y quienes están en la parte baja enfrentan problemas de acceso al agua, lo que incide tanto en la calidad de la vida de la gente como en su productividad. Es lo que en el trabajo presentado a la Misión Rural (Econometría, 2014) se denominaba “dinámicas perversas de ocupación territorial”.

El cuarto problema, y tal vez el más grave en términos de desarrollo, es el de no poder lograr eficiencia colectiva, que junto con la eficiencia individual determinan los niveles de desarrollo (Lucas, R., 2005). El uso más inadecuado de la tierra se da cuando se usa con el propósito de generar rentas asociadas a la su valorización por la inversión de bienes públicos en las zonas adyacentes. Eso, en la práctica equivale a no usar la tierra y obtener rentabilidad simplemente con el “engorde” de la misma. Tierras que al momento de la compra tenían un valor bajo se valorizan con inversiones públicas o por cambios en las normas de uso de estas y luego se venden a precios muy superiores. Es lo que en el trabajo anteriormente mencionado se considera como una forma de “apropiación privada de bienes públicos”. Esta dinámica, que se presenta en todo el país, propicia la dispersión, cuando la eficiencia colectiva necesita procesos de concentración, gracias a la cual los agentes económicos interactúen más, se pueden generar mecanismos asociativos, y así pueden lograr economías de escala, como mayores facilidades logísticas y sinergias.

En ese contexto, un ordenamiento territorial debe tener como prioridad buscar el uso adecuado de la tierra, o lo que es lo mismo, evitar los conflictos en el uso del suelo. No se trata de un esquema en el que centralizadamente se defina qué se debe hacer y qué no. Colombia tiene una institucionalidad (normas, instrumentos, entidades encargadas de las funciones y posibilidades de sanción) bastante adecuada. Lo que falta es aplicarla. Sin embargo, resulta muy ilustrativo que en la actualidad el 87,2% de los municipios del país tienen vencido el plan de ordenamiento territorial, que tienen vigencia de 12 años (Ministerio de Vivienda, 2023).

Al final, un ordenamiento territorial debe propiciar la eficiencia individual y la eficiencia colectiva, que sería la base para que del lado productivo se logren mayores productividades y del lado de los hogares el mayor bienestar posible. La gente con condiciones adecuadas puede desarrollarse autónomamente, lo que se ahorra en subsidios podría liberar recursos al Estado para invertir en bienes y servicios públicos.

En síntesis, se está ante una gran contradicción. Nada más relevante en el desempeño de los agentes económicos que la decisión de dónde ubicarse; pero a la vez nada más ignorado en los planteamientos económicos, que la dimensión espacial. El PND puso el ordenamiento territorial en el centro del debate, pero todavía no se ha avanzado en su implementación. El ingreso de nuevas administraciones territoriales es la oportunidad para avanzar en esta tarea pendiente. No vaya a pasar lo del dicho que se “mata al tigre y le tiene miedo al cuero”.

En estos primeros días de gobiernos locales, han tenido visibilidad de noticias como las medidas contra la explotación sexual en el centro de Cartagena; operativos en Chía contra Andrés Carne de Res por ocupar el espacio público con mesas y sillas; anuncios de Medellín para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en parques; limpieza de andenes, fachadas y monumentos del alcalde de Bogotá y su equipo en el centro de Bogotá.

¿Qué tienen en común estas acciones? Que se desarrollan en los espacios públicos de las ciudades y que son percibidos positivamente por los medios y la ciudadanía. Si bien, estos ejercicios pueden efectistas y algunos posiblemente no tengan sostenibilidad, son señales de la diversidad de situaciones que pueden ser gestionadas mediante la apropiación del espacio público como territorio de gobierno.
La seguridad, la congestión, la contaminación, la discriminación, la salubridad, el turismo, la conectividad, la informalidad, el cambio climático, la memoria colectiva, son entre otros, retos a los que se enfrentan ciudades y que se manifiestan en el espacio público y uno de los aspectos que los próximos planes de desarrollo pueden incorporar en su formulación y plan de inversiones.

El espacio público está definido por la Ley 9 de 1989 y la Constitución Política Nacional les confiere una condición jurídica prevalente frente a otros tipos de lugares. Además de diferentes leyes que lo regulan en aspectos como convivencia, movilidad, ambiente y urbanismo, existe una política nacional -que merece ser revisada y actualizada en su integridad- adoptada por el Conpes 3718 de 2012. Esta política establece como principal problema del espacio público, el déficit cuantitativo, que se determina teniendo como referencia un estándar de 15 m2 por habitante, de los cuales, solo disponíamos para 2012, 4 m2; rezago que al día de hoy se mantiene prácticamente igual a pesar de notables proyectos, planes e inversiones.

La seguridad alimentaria es un tema que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, sobre todo con la llegada de la pandemia, que magnificó el número de personas en estado de vulnerabilidad con algún tipo de carencia alimenticia, específicamente en países en vía de desarrollo, como Colombia. Expertos de la FAO, aseguran que 828 millones de personas en el mundo padecen de hambre (definida como el consumo insuficiente de energía alimentaria) y para el caso del país, y, según un informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para noviembre de 2022, cerca de 30% de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, que se define como la carencia de acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos.

Aunque es irónico que un país como Colombia, con casi 24 millones de hectáreas para cultivar (Según Minagricultura), con una variedad de climas que permite una gran diversidad de producción agrícola, se encuentre entre los 10 países con mayor porcentaje de hambre de América Latina y el Caribe entre 2018 y 2021 según la FAO. Lo anterior, permite entrever que, en la actualidad, una de las mayores causas de la inseguridad alimentaria en Colombia no radica tanto en la escasez de tierras sino en la distribución de su uso. Varios expertos han argumentado que la tierra en Colombia no tiene un fin productivo, sino especulativo, como es el caso de Alejandro Reyes y Darío Fajardo, que manifestaron su preocupación sobre este tema ante la comisión de la verdad.

Diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales han diseñado programas que permiten el acceso físico y económico a alimentos, en las regiones más apartadas del país a través de la entrega de insumos para la producción de alimentos de autoconsumo. Pero ¿qué les ha faltado a estos programas para ser efectivos? Es cierto que en el corto plazo sus intervenciones logran calmar y suplir las necesidades de las personas, pero en el largo plazo no logran cambios significativos cuando no tienen en cuenta las particularidades de cada territorio. Por otro lado, con contadas excepciones, por ejemplo, el Programa Resa con evidencia de buenos resultados, en general, no se realizan, capacitaciones y acompañamientos que permitan un desarrollo integral de las actividades productivas como asociativas. Estos enfoques poco integrados se convierten en grandes pérdidas de recursos al replicar estos programas, además de una pérdida de oportunidad para mejorar las condiciones del país. La consecuencia es que la mayoría de estas regiones (Cauca, Chocó, La Guajira, entre otras) solo tiene en común dos cosas: el hambre y el abandono estatal.

El abandono estatal en estos temas se ha tenido que soportar durante décadas, se hace aún más evidente en las zonas rurales y se agudiza en los municipios ubicados en la periferia del territorio nacional. Según Dejusticia, en la construcción del estado local en Colombia, para 2021 existían 137 municipios que presentaban una incapacidad institucional crítica. Lo anterior, da como resultado un sistema de salud precario, irregularidades en infraestructura, ausencia de instituciones públicas y de educación. Esas desigualdades, según Carpena y Bejarano (2023) han acentuado uno de los mayores detonantes del hambre en el país, el conflicto armado.

El conflicto armado que data de mitad del siglo XX y que ha perdurado, con distintos actores, actualmente subsiste en forma de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, grupos criminales y fuerzas armadas. Este ha perdurado en el tiempo y en la actualidad se evidencia en desplazamiento campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, despojo de tierras, destrucción de cultivos, secuestro, extorsión, reclutamiento forzado, asesinatos. Es un conflicto armado al que somos indiferentes en la ciudad, pero que desangra diariamente al campo.

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, el conflicto armado ha permitido a grupos ilegales el uso de más de 204.000 has de tierra para la siembra de coca, de las cuales 45% se concentra en 10 municipios (especialmente en el suroccidente y en el nororiente del territorio nacional). Esto ha inhabilitado tierras para los cultivos; causando estragos en la agricultura y limitando el comercio, pues algunos de los corredores principales son rutas importantes del narcotráfico. Lo anterior ha implicado un cambio en las prácticas de producción de alimentos, y la sustitución de ellos cultivos ilícitos, que, aunque en el corto plazo pueden generar mejores ingresos, a largo plazo implican un alto costo para el bienestar y la tranquilidad de la población.

Quizá sea hora de dar un nuevo enfoque a las intervenciones en el territorio nacional, de juntar esfuerzos entre los principales actores que tiene el país; el Estado y las empresas privadas. Consolidar alianzas público-privadas, en dónde, por un lado, se escalen los proyectos exitosos, usando los recursos del Estado y a la vez, promoviendo el acceso a bienes públicos para esas poblaciones intervenidas. Con esto, se asegurarían proyectos productivos sostenibles que generen mejoras en las condiciones de vida y un mayor alcance institucional.

Un ejemplo son los proyectos realizados por la Fundación Alpina y evaluados por Econometría Consultores, en donde se evidencia una apuesta productiva que fortalece las capacidades de las familias, y las organizaciones y comunidades rurales desarrollando sistemas agroalimentarios sostenibles. Adicionalmente, se trata de una apuesta de transmisión de conocimientos apoyada con el monitoreo, seguimiento y la documentación, para conocer las características propias del territorio y la población. Esto permite poner en marcha intervenciones focalizadas en las necesidades específicas de la población y su entorno. Por ejemplo, el proyecto “Autonomía económica de mujeres rurales del Cauca se llevó a cabo con 400 mujeres de los municipios de Argelia, Balboa, Mercaderes, Rosas y Sucre y donde por medio de insumos y asistencia técnica se obtuvieron incrementos del ingreso neto y de la productividad de las unidades agropecuarias. También se logró el mejoramiento de la capacidad de toma de decisiones del hogar, y el aumento en el conocimiento de las rutas de atención de Violencia Basada en Género Sumado a lo anterior, se observó crecimiento en la producción y la conformación de circuitos cortos de comercialización conllevando a una mejora en la seguridad y diversificación alimentaria.

El anterior ejemplo es una muestra de que los proyectos enfocados en las características de la población objeto de la intervención, y con un acompañamiento constante, permiten ser sostenibles en el tiempo. No solo proveen insumos productivos, sino que facilitan las herramientas para la creación de espacios en donde la persona beneficiaria puede diversificar sus labores e impactar de manera económica y social a su territorio. Sin embargo, estos proyectos pueden quedarse en buenas intenciones, sin mayor injerencia en el contexto nacional. Ahora bien, con voluntad política (mayores recursos) y la integración con los privados (laboratorio social), esto puede generar posibilidades de desarrollo y enfrentar de verdad el problema de la inseguridad alimentaria.

Los socios de Econometría Consultores y sus colaboradores han perdido a un ser humano extraordinario, Diego Sandoval Peralta, quien fue uno de sus fundadores y su director entre 1984 hasta 2016. Durante ese período se retiró momentáneamente en dos ocasiones, una para realizar sus estudios en economía en Oxford y para prestar sus servicios como asesor cafetero durante el primer gobierno del presidente Santos.

Diego fue un líder excepcional, supo sacar lo mejor de cada uno de sus colaboradores mientras consolidó a Econometría como una de las firmas más prestigiosas de consultoría en el país y la llevó a otros continentes como Asia, África, América y el Caribe.

Su notable inteligencia, así como su memoria prodigiosa, lo convirtieron en un brillante estudiante; se graduó en La Universidad de los Andes como economista e ingeniero industrial y MBA con énfasis en gestión pública, así como candidato M.Phil en Oxford. Fue asesor del Ministro de Hacienda y Secretario técnico de la Misión de Ajuste de la institucionalidad cafetera en 2002-2003 y profesor visitante en la Universidad de Oxford. Varios gobiernos le coquetearon para ser ministro, pero su nacionalidad ecuatoriana se lo impedía.

2023 no fue un buen año para la economía del país; apenas creció 1%, la inflación cerró en 9,2% y el mercado laboral muestra señales de desaceleración. El año 2024 posiblemente sea un año al que recordemos con mayor satisfacción. De hecho, si las cosas salen bien, será el año en el que Colombia vencerá el brote inflacionario sin mayores costos sociales.

Las desinflaciones suelen ser costosas socialmente. En el caso colombiano, en 1997, previo a la crisis de fin de siglo, la inflación fue cerca de 16,4% y la tasa de desempleo se ubicaba en 7,9%. Para 2002, la economía tenía una inflación de 6,8% y una tasa de desempleo de 15,6%. Si extrapolamos dicha tasa de sacrificio al escenario actual, lograr reducir la inflación de 9,28% hacia un nivel de 5%, requeriría aumentar la tasa de desempleo de 10% a 13,5%. Sin embargo, como se argumentará, dicha extrapolación es errónea.

La curva de Phillips establece una relación negativa entre la tasa de desempleo y la inflación, pero es una relación convexa y no lineal. Hay otras variables que entran en esta relación como las expectativas de inflación, la tasa de cambio y los choques de oferta. La gráfica adjunta muestra la curva de Phillips para la economía colombiana de 2006 a 2023, destacando la naturaleza no lineal de la relación entre desempleo e inflación. Cuando la tasa de desempleo supera la estructural, la relación es negativa pero plana; cuando está por debajo, la relación se vuelve empinada en una economía boyante.

Hoy, la economía colombiana está en la zona empinada de la curva de Phillips, donde pequeños cambios en la tasa de desempleo tienen impactos significativos en la inflación. Según este modelo, un aumento en la tasa de desempleo al rango de 11%-12% podría reducir la inflación básica a 4%.

Es relevante señalar que hay otros factores que pueden reducir la inflación sin necesidad de aumentar el desempleo. La tasa de cambio jugará un papel relevante, ya que se espera una revaluación en 2024. La desinflación en Estados Unidos permitirá a la Reserva Federal reducir las tasas de interés, presionando a la baja la tasa de cambio. Si la tasa de cambio fluctúa alrededor de $3.800 durante 2024, la revaluación promedio podría ayudar a reducir la inflación entre 0,6 y 1,2 puntos porcentuales.

El pasado 8 de diciembre se aprobó la Ley de Inteligencia Artificial que regula la venta y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Unión Europea. Esta es una ley que se venía impulsando desde abril de 2021 y que marca un ejemplo para otros países. ¿Y por qué esto es importante? Porque los gobiernos han identificado que es necesario poner limitaciones, de manera que se proteja a la sociedad de consecuencias no previstas, típicamente relacionados con manipulación, violación de la privacidad y discriminación.

Por ejemplo, hay muchas columnas de periódicos en Estados Unidos exponiendo como la aplicación de Coffee Meets Bagel (una app de citas) sólo recomendaba hombres asiáticos cuando el usuario no ponía sus preferencias (era una opción no tener preferencias). El algoritmo no consideró problemas de discriminación algorítmica y los hombres asiáticos eran el “descarte”. El algoritmo también violaba la privacidad y terminaba sugiriendo personas con la misma etnicidad del usuario. Que la app no le recomiende al amor de su vida puede ser triste, pero ahora imagine que estos algoritmos discriminatorios no sólo son usados para hacer citas, sino para otorgar créditos o decidir a quién se le prioriza un trasplante.

Sobre derechos de autor, con las AI generativas (como ChatGPT®) hoy es difícil responder a quién es el autor de un ensayo, o quién compuso la nueva canción viral de TikTok y a quién van sus regalías.

Asimismo, la IA puede hasta manipular el futuro de naciones. En 2018, salió a la luz un escándalo porque una compañía llamada Cambridge Analytica había usado los datos de Facebook de los usuarios estadounidenses para influir en las elecciones presidenciales de 2016 a través de manipulación de las emociones y usando contenido provocador, de acuerdo con los perfiles psicológicos de cada usuario establecidos gracias a la información de Facebook. Esta misma empresa fue responsable de dirigir la campaña en pro del Brexit en Reino Unido. En este sentido, no sólo se manipuló a la gente, y se influenció el ejercicio democrático a partir de información falsa, sino que también se violó la privacidad (a nadie le preguntaron si sus datos podían ser usados, probablemente su perfil de Facebook y el mío fueron usados para entrenar esos modelos).

Esto expone un riesgo sumamente desatendido en esta década de furor y desarrollo y “cuando hay prisa lo mejor es andar despacio”. Para la IA hace rato nos pasamos el semáforo, pero esperemos que el frenazo no sea tan tarde. Como lo menciona Harari en “21 lecciones para el siglo XXI”, discutir las implicaciones éticas de la IA no es una opción si se quiere garantizar la subsistencia de la humanidad.

En este sentido, el objetivo fundamental de la ley es regularizar el uso de la IA a partir de un marco legal que responsabiliza a los proveedores. La ley parte de categorizar a las aplicaciones de IA en cuatro niveles de riesgo: Inaceptable, alto, limitado y mínimo. En inaceptable se encuentran todas aquellas aplicaciones que tienen riesgo de causar daños físicos o psicológicos, manipulación, vigilancia en masa y estimar puntajes sociales. Éstas estarán prohibidas.  

Las aplicaciones de riesgo alto son aquellas que ponen en peligro los derechos fundamentales de las personas. Toda aplicación de riesgo alto debería realizar, previo a su lanzamiento, una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales y una evaluación de la conformidad de la aplicación. Una de las grandes críticas a la ley es que tratándose de salvaguardar los derechos fundamentales, las evaluaciones requeridas no necesitan ser realizadas por un tercero imparcial, sino que la misma compañía desarrolladora puede realizar su propia evaluación. Las aplicaciones de riesgo limitado o riesgo mínimo no tienen requisitos por cumplir. La ley también establece las penalidades para aquellas compañías que incumplan la regulación y la regulación de IA de Propósito General.

Ahora bien, aunque la Unión Europea es la primera en dar este importante paso, no es la única interesada en este tipo de iniciativas. En Estados Unidos la iniciativa no viene impulsada desde el gobierno, sino desde el sector privado. Corporaciones como Microsoft, Google e IBM debaten sobre qué tipo de agencia debería regular. Lo cierto es que de acuerdo con Bill Whyman, del Centro para Estrategia y Estudios Internacionales, a este proceso aún le quedan un par de años. La solución posiblemente sea menos armonizada que la europea, y termine siendo un retazo de legislaciones descentralizado impulsado por las compañías, lo que terminará produciendo inconsistencias.

Por su parte, China ha estado desarrollando legislación desde 2021. De acuerdo con la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, hay ya tres leyes claves, todas estas enfocadas en filtrar la información para los residentes chinos. A diferencia de la reciente ley europea, China ha ido lanzando leyes separadas para ocuparse de cada peldaño. Otros países como Japón, Singapur o Reino Unido han optado por regulaciones “suaves”, en donde se sugieren unos “principios básicos”, pero no se establecen penalizaciones. Todo esto deja ver que el mundo ha reconocido la relevancia de regular la IA (en lugar de dejar que la mano invisible haga lo suyo), pero que la mejor manera de hacerlo no está definida. Lo anterior constituye un reto para las firmas, ya que deben aprender a adaptar sus desarrollos al contexto legal de cada país, y esto podría implicar un despliegue significativo de recursos.

En Colombia, aún se debate sobre el tipo de marco regulatorio que se requiere. El documento CONPES 3975 de 2022 establece en sus recomendaciones que se requiere un marco ético para el desarrollo de la IA, pero hasta el momento las discusiones que se han adelantado han sido aisladas en la academia. Mientras se fortalece el desarrollo de aplicaciones de IA en el país, hay tiempo para aprender de los experimentos regulatorios que se vienen adelantando en el mundo. Econometría Consultores ha desarrollado ya diferentes estudios implementando herramientas de IA tales como procesamiento de lenguaje natural (NPL), análisis automatizado de texto (AAT) y modelos de clasificación de aprendizaje de máquinas, todos aplicados en la evaluación de políticas públicas y programas sociales.

La actualización del predial es una idea, con la que nadie en principio estaría en contra, pero en su implementación hay riesgos que pueden llevar a un escenario completamente opuesto al que se desea.

Para comenzar, que el ordenamiento territorial sea un elemento central del actual Plan Nacional de Desarrollo es un avance significativo. Bien puede considerarse como el pago de una vieja deuda que las ciencias económicas tenían con la incorporación de la dimensión espacial en sus análisis. Referencias a la ubicación de las actividades productivas existen desde los clásicos y nunca han faltado, pero en la corriente moderna de la economía no se había incorporado la dimensión espacial por problemas asociados a su modelaje matemático, como muy bien lo plantea Krugman (1995) en su libro Desarrollo, geografía y teoría económica.

¿Por qué es importante la dimensión espacial? Paul Romer (1990) en su libro sobre crecimiento endógeno muestra como la eficiencia total es la suma de una eficiencia individual, que depende del desempeño de cada persona en las actividades que realiza; y una eficiencia colectiva asociada a los procesos de interacción entre esas personas, que permite lograr economías de escala, efectos crecientes a escala, sinergias tecnológicas, etc. La eficiencia colectiva potencia la eficiencia individual y es lo que permite explicar los procesos de crecimiento sostenidos de largo plazo. Sin embargo, para lograr la eficiencia colectiva se requiere la interacción, lo que implica incorporar la dimensión espacial.

Siguiendo a Douglass North (1993) en su libro Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, en Colombia existe una institucionalidad (normas formales e informales y sistemas de sanción de esas normas también formales e informales) que propicia la dispersión y no favorece la eficiencia colectiva. Modelos de crecimiento estimados por Econometría Consultores (2014) en Dinámicas de uso de tierras para la agricultura y el comportamiento de los precios del suelo rural soportan este planteamiento en términos de la existencia de Dinámicas perversas de ocupación territorial. Los precios especulativos de la tierra, entendidos como valores comerciales muy por encima del valor presente neto de la producción que puede desarrollarse en un terreno, hacen que quienes quieran desarrollar una actividad agropecuaria se alejen de las principales ciudades. Allí pueden comprar tierras, pero cuenta con los bienes y servicios públicos que permita producciones competitivas y mejoras en bienestar. Se trata de un comportamiento “racional”, pero que no lleva a mejoras en bienestar; por eso se denomina perverso.

El centro del problema es la especulación con la tierra, que bien pueden considerarse una expresión de una economía extractivista. Los ingresos netos de un propietario en el campo, no tiene mayor relación con el precio de la tierra. En el documento Catastro, predial, producción agropecuaria y desarrollo, que hizo parte de la evaluación del Catastro Multipropósito realizada por Econometría Consultores (2022) usando estadísticas oficiales de costos y precios de la tierra, se encontró que ninguna producción logra generar ingresos netos que permitan comprar la tierra. El precio de la tierra está más asociado con el desarrollo de bienes públicos, en particular vías y seguridad, que conlleva incrementos significativos de ese precio, sin que históricamente los propietarios hayan tenido que cubrir parte de esos costos.

Esto tiene una implicación compleja. Aún los productores más eficientes tienen en sus cuentas en menor o mayor medida la perspectiva de la venta de tierras como una opción que podría ser más rentable con respecto a la producción. No es el único efecto no deseado. Además, no se invierte en las tierras en la magnitud que recomendaría un comportamiento racional; se desincentivan producciones de tardío rendimiento, donde Colombia tienen mayores ventajas comparativas; y los recursos “congelados” en compras de tierras limitan las inversiones que podrían hacerse para ampliar el área sembrada o invertir en las tierras en producción para aumentar la eficiencia.

En este contexto, atacar las dinámicas especulativas bien puede ser una política que convoque a un gran consenso. No total, en la medida en que existen propietarios de tierras que no apuestan por desarrollar producciones competitivas en sus tierras; se trata más de propietarios que apuestan por rentas derivadas de la valorización que se va dando con la dotación de bienes públicos y el crecimiento general de la economía. Sin embargo, hay un problema: en general, las personas que tienen tierras y le apuestan a producir, tienen en sus cuentas un componente asociado con la especulación de la tierra, incluso si usan tierras arrendadas; por lo tanto, un aumento del predial puede tener efectos negativos sobre la producción.

Este puede llevar a un resultado opuesto al que se busca. Se argumentará que, a largo plazo, las ventajas seguramente serán mucho mayores. Correcto. El problema es que los efectos a corto plazo pueden presentarse muy rápido, por el hecho mismo que los productores no desarrollan en sus terrenos actividades de tardío rendimiento, ni invierten en capital fijo al nivel óptimo; mientras que el descenso de la renta especulativa existente en el precio de la tierra puede tomar muchos años en reflejarse en el mercado de tierras. Como lo plantea Justin Yifu Lin (2009) en Economic developtment and transition, la administración del cambio es fundamental para hacer viables las políticas.

Por eso en su momento Econometría Consultores propuso, para facilitar la actualización de los avalúos catastrales: a) Que los propietarios autoavalúen sus predios (esto evitará la gran protesta que se dará cuando un tercero defina el avalúo) y que el Estado tenga la opción de compra de los predios al valor del auto avalúo; y b) Diferenciar entre propietarios productores y propietarios rentistas, permitiendo deducir los mayores pagos de predial y de impuesto al patrimonio asociados a los mayores avalúo de las tierras de los impuestos de renta contra facturas de producción agropecuaria.