En la búsqueda de soluciones efectivas y eficientes para los desafíos sociales y económicos, las políticas públicas basadas en evidencia han ganado reconocimiento en todo el mundo. Estas políticas se fundamentan en la investigación y el análisis riguroso de datos empíricos, lo que les permite abordar problemas de manera estratégica y con resultados medibles.

En este contexto, los laboratorios de inversión también podrían considerarse como una forma de ahorro de recursos que en caso contrario se hubieran perdido en políticas que no responden a las necesidades reales.

Las políticas públicas basadas en evidencia se caracterizan por utilizar datos y análisis rigurosos de experiencias reales para informar la toma de decisiones, en lugar de depender únicamente de suposiciones o ideologías. Al basarse en la evidencia, se espera que estas políticas sean más efectivas y eficientes ya que se toman decisiones informadas y se ajustan según los resultados observados.

En este contexto, los laboratorios de inversión se han vuelto cada vez más populares. Estos laboratorios, también conocidos como “labs”, son espacios donde se diseñan, prueban y evalúan políticas públicas utilizando un enfoque experimental.

Funcionan como un puente entre los investigadores y los encargados de formular políticas, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos entre ambos grupos. Bien pueden considerarse una versión más desarrollada de lo que antes se denominaba pilotos, un tanto desprestigiados por los problemas que enfrentaron al ser escalados.

Ahora bien, los laboratorios de inversión permiten a los responsables de la toma de decisiones probar diferentes enfoques en un entorno controlado antes de implementar una política a gran escala. Esto ayuda a reducir los riesgos asociados con la implementación de políticas no probadas, a tener en cuenta los entornos y permite una evaluación temprana de su efectividad.

Además, los laboratorios de inversión fomentan la iteración y la mejora continua, ya que los resultados y las lecciones aprendidas se utilizan para ajustar y perfeccionar las políticas antes de su adopción generalizada.

Un ejemplo destacado de un laboratorio de inversión es el Laboratorio de Innovación del Gobierno de los Estados Unidos (US Government Innovation Lab). Este laboratorio trabaja en estrecha colaboración con agencias gubernamentales para diseñar y probar intervenciones piloto en áreas como la educación, el empleo y la salud. En el Reino Unido, los laboratorios de política, conocidos como “policy labs” o “policy innovation labs”, desempeñan un papel importante en el diseño y la implementación de políticas basadas en evidencia.

Estos laboratorios se centran en la experimentación, la colaboración y la aplicación de enfoques innovadores para abordar los desafíos sociales y económicos.

En América Latina, Chile ha sido pionero en la implementación de laboratorios de política. El Laboratorio de Gobierno es una entidad que se dedica a promover la innovación en el sector público y desarrollar soluciones basadas en evidencia para los desafíos sociales.

En Colombia también existen laboratorios de política que buscan promover la innovación y el diseño basado en evidencia en la formulación de políticas públicas. El Laboratorio de Innovación Pública (LIP) es una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. El LIP tiene como objetivo fomentar la innovación en el sector público y promover la colaboración entre diferentes actores para el desarrollo de políticas públicas.

La ciudad de Medellín cuenta con su propio laboratorio de gobierno que se enfoca en el diseño y la implementación de políticas públicas innovadoras. Este laboratorio trabaja en colaboración con diferentes entidades gubernamentales y la ciudadanía para desarrollar soluciones basadas en evidencia que aborden los desafíos locales.

Precisamente por las restricciones de recursos en países en desarrollo, invertir en laboratorios de política puede ser una estrategia valiosa y rentable. Si bien invertir en laboratorios de política implica un costo inicial, pueden generar ahorros significativos a largo plazo al ayudar a identificar intervenciones más efectivas y evitar gastos innecesarios en políticas ineficientes.

Al invertir en estos laboratorios, los países en desarrollo pueden promover la experimentación y el desarrollo de soluciones creativas y adaptadas a sus contextos específicos, aspecto prácticamente prohibido por el temor al “detrimento patrimonial”.

Los laboratorios de política promueven la colaboración entre investigadores, encargados de formular políticas y otros actores relevantes. Esto facilita el intercambio de conocimientos y la transferencia de buenas prácticas. En este contexto es muy importante el aporte que podría hacer el sector privado, en particular por medio de las fundaciones empresariales, que tiene una mayor flexibilidad para innovar.

Cuando se combinan la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los laboratorios de políticas públicas, se pueden obtener beneficios significativos para la sociedad. Algunos ejemplos de cómo la RSE puede contribuir a los laboratorios de políticas públicas se da cuando las fundaciones empresariales llevan a cabo investigaciones y análisis exhaustivos sobre temas de interés social, como la pobreza, la educación, el medio ambiente, la salud, entre otros.

Estos estudios pueden proporcionar información valiosa al sector público sobre los desafíos y oportunidades en estas áreas, lo que les permite adaptar estrategias y prácticas de programas públicos para abordar estos problemas de manera más efectiva. En este sentido, los laboratorios de políticas públicas fomentan la colaboración entre diferentes actores, como empresas, organizaciones no gubernamentales, gobierno y sociedad civil.

Una nota final, trabajar en laboratorios no implica que se descarte hacer evaluaciones de impacto. De hecho, son indispensables para contar con evidencia a través de los mismos labs. La complementariedad de análisis permite contar con mejor información para formular políticas públicas y programas sociales eficientes y efectivas.

La Secretaría Distrital de la Mujer (SDM) consolidó información actualizada que le permite conocer características de las personas que realizan actividades sexuales pagas (Prasp), con el fin de abordar de manera integral la política pública dirigida a esa población. En el segundo semestre de 2022, Econometría adelantó la actualización de la caracterización de las Prasp a través de factores sociodemográficos y de calidad de vida, el desarrollo de esas actividades, la exposición a la violencia y la afectación por el covid-19. Desarrolló adicionalmente un sondeo de opinión en las zonas donde se ejercen tales actividades

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates y distintas posturas de intervenciones sociales tales como: el abolicionismo, el prohibicionismo y el modelo legalista. El primero de estos busca proteger a quienes realizan compra-venta de sexo voluntariamente y penalizar la explotación sexual y laboral. Por su parte, el prohibicionismo pretende sancionar a todos los agentes que participen en la oferta o demanda de ASP. Por último, el modelo legalista defiende el ejercicio de ASP como un trabajo que debe enmarcarse en la regulación correspondiente de derechos laborales.

Desde el punto de vista demográfico se trata de una población bastante joven, pues 73,4% está entre los 18 y los 35 años. En lo económico, la mayoría vive en estratos 1 y 2 (18,8% y 38,4% respectivamente) y en arriendo (91,5%). De igual forma, que 12,9% señala haber sido víctima del conflicto, y 3,9% expresa ser una persona con discapacidad.

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates

Unos datos que llamaron la atención han sido que sólo la mitad (50,6%) es cotizante, beneficiaria o afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, y que únicamente 4,9% de las Prasp señalan estar afiliadas al sistema de pensiones. Del grupo de personas afiliadas, la mayoría pertenece al régimen subsidiado (80,9%), este porcentaje incrementa a 89,7% si se toma solamente la población extranjera.

Al desagregar la información por lugar de nacimiento y por el autorreconocimiento como víctima del conflicto armado, se puede ver que la distribución de la población extranjera que se dedica a ASP es más joven que la nacional; de forma similar, la distribución de la población que no se autorreconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP es más joven que aquella que se reconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP como se puede observar en la siguiente figura:

El Gobierno Nacional ha anunciado que insistirá en su propuesta de reforma laboral. Dentro de esa propuesta hay multiplicidad de iniciativas, pues va más allá de modificar el recargo nocturno, dominical y festivo. El proyecto de ley radicado en la anterior legislatura contenía 13 títulos que podrían agruparse en cinco grandes temáticas. La primera, estabilidad laboral y modelos de contratación. La segunda, restricción a la tercerización. La tercera, cambios en los costos del trabajo. La cuarta, colectivos especiales de trabajadores. La quinta, derecho colectivo y asuntos sindicales.

Econometría realizó un análisis de la propuesta de reforma para Acrip que incluyó un sondeo a empresas afiliadas al gremio. El estudio encuentra que, para este colectivo de empresas, las iniciativas relativas a (i) crear modalidades especiales de contratación para trabajadores agropecuarios, y (ii) aclarar relaciones laborales entre plataformas tecnológicas y trabajadores que laboran con ellas, resultan ser bien valoradas. Se considera que estas iniciativas pueden aportar para el desarrollo del país y, simultáneamente, son viables para la continuidad de empresas en esta agremiación, aunque haya de por medio un esfuerzo del sector privado.

De una parte, la iniciativa relativa a trabajadores agropecuarios es un avance hacia la dirección correcta, siempre y cuando proporcione herramientas contractuales y de seguridad social a la medida del sector. Reconocer las características propias del campo y adaptar la normatividad a ellas fomentará su desarrollo y formalidad. De otra parte, la propuesta asociada a plataformas tecnológicas y trabajadores que laboran con ellas busca transparentar relaciones labores. Allí lo clave es identificar cuándo efectivamente se configura una relación laboral y, en ese caso, hacerla explícita. Lo cual no necesariamente es el caso de todos o de la mayoría de quienes trabajan con una plataforma.

En contraste, hay iniciativas de reforma tales como la restricción de la tercerización, la prohibición de pactos colectivos y el incremento en costos de despido e indemnizaciones que las empresas que contestaron al sondeo perciben afectarán su continuidad y permanencia en el mercado. La restricción de la tercerización reduce el margen de maniobra de las empresas ante las variantes condiciones de los mercados. La Misión del Empleo de 2021 señala que ante inflexibilidades en la contratación, empresas y trabajadores buscarán estrategias alternativas informales para trabajar juntos, luego “El resultado es que solo una minoría de trabajadores disfruta de estabilidad, se reduce el empleo formal en las empresas y se induce arreglos contractuales que, si bien tienen sentido a la luz de las regulaciones vigentes, deprimen la productividad del país” (Misión de Empleo, 2021, págs. 15-16).

Adicionalmente, expertos laborales consultados indican que una fracción de lo tercerizado se incorporaría a las empresas, aumentando levemente el empleo asalariado, pero simultáneamente haría más difícil la generación de empleo al hacerla más costosa, entonces, también reduciría el empleo formal. También se advierte sobre la dificultad práctica de vigilar y controlar si las actividades contratadas mediante tercerización corresponden o no al objeto social de las empresas. Se incrementaría la tramitomanía.

Respecto a la prohibición de pactos colectivos es menester aclarar que al ser un derecho que tienen trabajadores y empleadores de llegar libremente a acuerdos que consideren beneficiosos para ambas partes, no resulta conveniente eliminar ese derecho en favor de un grupo que, aunque importante, es minoritario, como lo son las asociaciones sindicales. Según un reporte de la Escuela Nacional Sindical, la tasa de sindicalización en Colombia es menos de 5%. Luego, en vez de limitar las opciones de diálogo y negociación, se deberían ampliar.

Las exportaciones de servicios significan brindar trabajo especializado a personas naturales o jurídicas residentes en otros países y recibir como de ellos divisas que mejoran la balanza comercial del país. Varias naciones han sido exitosas en promover las exportaciones de servicios. Algunos recientes son el de la India, que se ha convertido en un importante jugador en la exportación de servicios de tecnología de la información y de outsourcing. Australia es reconocida por sus exportaciones de servicios educativos, especialmente en el sector de la educación superior. Además, exporta servicios turísticos, de consultoría y de tecnología de la información. China ha experimentado un crecimiento significativo en la exportación de servicios en los últimos años, particularmente tecnología de la información, software y servicios de telecomunicaciones.

En América Latina, recientemente Panamá, Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica han aumentado sus exportaciones de servicios financieros, tecnológicos, ingeniería, software, turismo, entre otros. Según datos del Banco de la República de Colombia, entre los años 2010 y 2021, las exportaciones de servicios de Colombia venían creciendo a una tasa promedio anual del america latina8,4% en dólares. Este crecimiento venía siendo impulsado por varios factores. En primer lugar, la inversión del país en el desarrollo de infraestructura digital y tecnológica, lo que ha mejorado la capacidad del país para ofrecer servicios de calidad a nivel internacional. Además, de la implementación de políticas y programas para fomentar la internacionalización de las empresas proveedoras de algunos de los servicios. Además, la creciente demanda global de servicios y la apertura de mercados internacionales han creado oportunidades para las empresas colombianas. La calidad de los servicios, la competitividad de los costos y la ubicación geográfica estratégica de Colombia, que permite una fácil conectividad con los mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa, también han contribuido a este crecimiento.

En 2022, según cifras del Dane, Colombia exportó US$3.700 millones con un decrecimiento leve frente a 2021 de 0.4%. Entre los principales servicios exportados por Colombia se encuentran los de tecnología de la información y comunicaciones (TIC), servicios empresariales, animación, servicios de salud y turismo. Los servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y software han mostrado un crecimiento notable en los últimos años, atrayendo inversiones y generando empleo en el país. Es notable también el crecimiento en servicios audiovisuales que han tenido un apoyo efectivo del gobierno. En el primer semestre de 2023, el decrecimiento de las exportaciones en general para bienes y servicios ha sido de 30% frente al mismo período del año anterior.

Si bien muchos son los factores no controlables que explican el dinamismo de las exportaciones, si existen varios instrumentos que pueden promoverse por parte de los gobiernos. Por ejemplo, es necesario impulsar programas de capacitación y asesoramiento que brinden a las empresas las habilidades y conocimientos necesarios para competir en el ámbito global.

La exportación de servicios depende en gran medida de la infraestructura digital. Es necesario invertir en la mejora de la conectividad y la velocidad de Internet en todo el país, especialmente en las zonas rurales. Además, se deben implementar políticas que promuevan la adopción de tecnologías digitales en las empresas de servicios, como el uso de plataformas en línea, el desarrollo de aplicaciones móviles y la implementación de sistemas de seguridad informática robustos.

El capital humano es un factor determinante para el éxito de la exportación de servicios. Es fundamental invertir en la formación y capacitación de profesionales en áreas clave, como tecnología de la información, ingeniería, diseño gráfico, marketing digital, bilingüismo, entre otros. Además, se pueden establecer alianzas entre el sector educativo y las empresas de servicios para desarrollar programas académicos que se ajusten a las necesidades y demandas del mercado internacional.

Hace 15 años, Econometría Consultores ha venido exportando servicios de consultoría a países de Asia, África, América Latina y el Caribe, y ha ido aprendiendo en el camino que podría mostrar mejores resultados en este frente si encontrara apoyo del gobierno en actividades más allá de las que hoy ofrece Procolombia. De hecho, en la evaluación que hizo de esta entidad nuestra firma, se encontró altos niveles de efectividad y eficiencia en la promoción de exportaciones de bienes. En servicios hay todavía un trecho por recorrer, probablemente porque las características particulares de estos mercados exigen una mayor sofisticación en el diseño e implementación de las labores de promoción.

Por ejemplo, antes de expandir los servicios a nivel internacional, es fundamental realizar una investigación exhaustiva de los mercados objetivos. Analizar las tendencias, la demanda, los competidores y las regulaciones tanto tecnológicas como tributarios en los países de interés.

Es necesario además apoyar con asesoría técnica para construir una marca sólida y reconocible, ya que ello es esencial para promover los servicios en el extranjero; desarrollar un mensaje claro y convincente que resalte los beneficios y la calidad de los servicios de desarrollados en Colombia; apoyar la participación en las ferias y eventos especializados en los servicios, ya que estos son excelentes oportunidades para promocionarlos y para establecer contactos con potenciales clientes internacionales.

Igualmente, a través de las oficinas en el exterior, Procolombia puede ayudar a identificar posibles alianzas estratégicas y de colaboración, así como potenciales clientes, instituciones educativas, cámaras de comercio y organismos gubernamentales y de cooperación que puedan brindar apoyo y recursos adicionales. Como existen para la exportación de bienes, también son necesarios en los de servicios instrumentos como incentivos fiscales, financiamiento preferencial, programas de capacitación y asesoramiento especializado.

Otro apoyo fundamental es el conocimiento que pueda compartirse con las firmas colombianas acerca de la cultura de cada país que permitan una asimilación rápida de las empresas y de los productos colombianos: grado de formalización empresarial, lenguaje aceptado y no aceptado, normas de cortesía, estrategias de negociación, etc. Agencias de promoción como las japonesas estudian al detalle todos estos temas, y ello explica el gran éxito que tienen al incursionar en nuevos mercados.

La reforma laboral presentada por el gobierno ha sido objeto de un debate fuerte entre economistas. Por un lado, los críticos de la reforma afirman que esta llevará a un incremento en la informalidad y potencialmente reducirá la capacidad de la economía para generar empleo.

Por el otro lado, los que la defienden sugieren que esto no tiene por qué ser así y proponen una visión macro keynesiana en donde el aumento de los salarios incrementa la demanda agregada y ello favorece el ingreso, la producción y el empleo.

Un estudio reciente hecho por investigadores del Banco de la República da la razón a los economistas críticos de la reforma, pues encuentra que la reforma laboral podría llevar a la pérdida de cerca de medio millón de empleos.

El Presidente tuiteó al respecto señalando que, en su criterio, el marco teórico usado por el estudio no era adecuado. De igual forma, criticó a los modelos matemáticos usados por el Banrep que, en su opinión, son construcciones ideológicas del poder.

Finalmente, independiente de la veracidad de las críticas hechas por el presidente, se puede ver en ellas una interpelación a usar diferentes marcos teóricos. En esta columna, damos una respuesta a esa interpelación.

En el modelo marxista de Goodwin, visualizado en un plano cartesiano, el eje X representa la participación de los salarios en el PIB y el eje Y la tasa de empleo. Comienza en un punto de equilibrio con empleo promedio y salarios bajos generando altas ganancias empresariales, lo que impulsa la inversión y la demanda de trabajo.

A medida que aumenta la tasa de empleo y los salarios superan el crecimiento de productividad, las ganancias disminuyen, desacelerando la acumulación de capital y el crecimiento económico.

Luego, la tasa de empleo y los salarios bajan, lo que permite la recuperación de las ganancias y reinicia el ciclo. Este modelo, que refleja una economía impulsada por beneficios, coincide con las predicciones de los críticos de la reforma.

Por otra parte, Badhuri y Marglin mostraron que el modelo de Goodwin genera estos ciclos en el sentido del reloj puesto que asume una especie de juego de suma cero en donde los mayores salarios de los trabajadores generan un freno a la inversión y eventualmente generan una menor acumulación.

Sin embargo, si se reconoce que la demanda tiene un rol determinante en el nivel de producción (la inversa de la ley de Say), los mayores salarios de los trabajadores pueden generar en el total un mayor nivel de inversión como consecuencia de un mayor consumo de los hogares.

En este sentido, cuando las economías son jalonadas por los salarios, el patrón que surge es el de un ciclo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. La predicción en este enfoque es cercana a la de los defensores de la propuesta.

El desarrollo rural es un tema pendiente en la agenda del país y, necesario para la consolidación de la paz. Existen muchos planteamientos teóricos al respecto, pero, muy poco se han tenido en cuenta los estudios y las evaluaciones de las diversas iniciativas que se han desarrollado en los territorios. Ello es particularmente cierto en los casos de agricultura familia y sistemas agroalimentarios sostenibles, a pesar de su importancia, cada vez mayor.

La alianza de cooperación entre la Fundación Alpina y Econometría Consultores, que viene operando desde 2016, puede mostrar aportes concretos. La Fundación Alpina, como lo dice su propuesta de valor, es un “laboratorio social para la inclusión y productividad rural sostenible en Colombia”. Como tal, busca construir y cocrear iniciativas escalables y replicables que se conviertan en sistemas agroalimentarios sostenibles en Colombia a través de procesos e iniciativas orientadas al trabajo con pequeños productores rurales con limitados recursos económicos. Por su parte, Econometría tiene una larga trayectoria de trabajos asociados al desarrollo rural y al desarrollo regional, entre ellos trabajos donde se han evaluado los aportes de diversos programas de apoyo a pequeños productores agropecuarios.

Esta combinación de capacidades, complementada con la invitación a otros actores nacionales, regionales y expertos con quienes se ha interactuado, permitió a finales de 2021 sistematizar experiencias y aprendizajes, con el objetivo de formular propuestas sobre sistemas agroalimentarios sostenibles. Para realizar este trabajo se realizaron cinco encuentros virtuales que abordaron los siguientes temas: i) productividad, ingresos y asociatividad; ii) circuitos cortos y seguridad alimentaria; iii) poblaciones apartadas y perspectiva ambiental; iv) estrategia de desarrollo rural y sistemas agroalimentarios como táctica; y v) forma de trabajo: los “cómos” operativos y procesos de sistematización de los aprendizajes.

Sin desconocer muchas otras experiencias asociadas al desarrollo rural, en estos temas existen aprendizajes, que además de incorporarlos en los nuevos proyectos de la Fundación, pueden proporcionar insumos útiles al Gobierno nacional, quien ya tiene diseñada la política, pero enfrenta el gran reto de su implementación. También servirá para los gobiernos regionales que se elegirán en octubre próximo. A continuación, compartimos algunos de los principales aprendizajes basados en la experiencia, y soportados en las evaluaciones realizadas:

• Para la mayoría de los productos, las brechas en productividad reflejan el gran atraso de los pequeños productores (según información de la Encuesta Nacional Agropecuaria), pero a su vez el gran potencial de crecimiento (el 100% es perfectamente factible) en un corto plazo, siempre y cuando exista el acompañamiento adecuado.

• La apuesta por grandes impactos es fundamental, más que la búsqueda de coberturas. Los primeros son lo que permiten cambios de condiciones de vida y sostenibilidad económica de los proyectos cuando se acaben los apoyos. Además, como ya se ha tenido oportunidad de medir, los grandes impactos generan efectos demostración que propician la propagación. Es una forma eficiente de lograr las coberturas deseadas.

• Lo anterior depende, insistimos, de un buen acompañamiento. Apoyos de menos de un año no logran transformaciones sostenibles; estos deben ser de al menos de dos o tres años, por supuesto condicionados a que se vayan obteniendo resultados en el proceso.

• La asistencia técnica cuando se habla de pequeños productores es insuficiente. El acompañamiento a estos productores debe abordarse desde un servicio de extensión más amplio, y en parte debe poder pagarse con los resultados obtenidos gracias a las mejoras en la productividad.

• Esta mejoras dependen a su vez de eficiencias individuales y colectivas. Por lo tanto, es fundamental complementar los apoyos a pequeños productores con los que se hagan a sus asociaciones, cuando ya existen, o con la promoción de ejercicios colectivos que fomenten la asociatividad. Esto puede darse en torno a los procesos de comercialización o a grupos autogestionados de ahorro y crédito.

• Para qué las mejoras en productividad se traduzcan mejoras en ingresos y condiciones de vida, es indispensable poder llegar a los mercados. La primera opción, hasta ahora poco considerada, son los circuitos cortos (ventas en los entornos más cercanos como veredas, negocios locales, etc.). El énfasis en lo local permite, además, mejoras en la seguridad alimentaria, que no tienden a darse cuando el objetivo son los mercados regionales o el nacional – Estos no deben excluirse en el mediano plazo en la perspectiva de estos pequeños productores. Es una forma de evitar la saturación de los mercados. En ese mediano plazo, las compras de alimentos del Estado (escuelas, fuerzas militares, hospitales, cárceles, etc.) debería dar prioridad a los pequeños productores organizados.

• El reto es mayor cuando se busca trabajar en las regiones apartadas, donde justamente más se requiere. Cualquier trabajo que se realice debe estar articulado al ordenamiento territorial, para evitar afectaciones ambientales negativas, y debe contemplar mercados de proximidad, a los que es factible llegar competitivamente. Además, debe existir la posibilidad de aglomeración para hacer factibles los apoyos, propiciar sinergias entre los pequeños productores y lograr economías de escala en aspectos como la compra de insumos, el transporte, el procesamiento y la comercialización.

• La agricultura familiar es el nicho lógico en donde tiene sentido promover una transición agroecológica en la producción de alimentos. Esto contribuye no solo a la adaptación al cambio climático, sino también a la diversificación productiva.

Estas son solo algunas de las reflexiones y aprendizajes a los que llegamos con el trabajo y que se socializaron en los encuentros realizados. Vale la pena tenerlo en cuenta si el país quiere promover unas mejores condiciones en la agricultura familiar y comunitaria, y obtener resultados validados que puedan escalarse. La implementación es un gran reto, pero aprender sobre las experiencias previas puede facilitarla.

Uno de los objetivos más importantes del ordenamiento y la gestión territorial es reducir las desigualdades entre regiones y municipios. Estas desigualdades, llamadas desequilibrios territoriales, son persistentes y han inspirado políticas y programas de desarrollo en América Latina durante los siglos XX y XXI.

Hasta la década de los 80, la respuesta a estos desequilibrios se definía desde el nivel central, con aparatos de gestión y respuesta operados desde instituciones nacionales. Posteriormente, se hizo la reconfiguración de este sistema, mediante procesos de descentralización y privatización desarrollados en todo el continente, que condujo modelos como el colombiano, con un modelo compartido entre nación y municipios, que otorga a los municipios el carácter de célula básica de la gestión territorial.

Las promesas respecto a una mayor democracia y desarrollo locales, así como proximidad entre gobierno y habitantes, tienen un balance regular. Si bien, hay experiencias exitosas de gobiernos urbanos transformadores, innovaciones locales, proyectos comunitarios de autogestión; el modelo municipalista tiene luces y sombras. Autores como Marcelo Sili señalan que modelos como el jerárquico (nación – departamento – municipio), …debilitaron y en algunos casos desaparecieron estructuras de planificación y gestión territorial que habían sido sumamente importantes durante las décadas de los 50, 60 y 70. El modelo de desarrollo microterritorial, ha favorecido el progreso en algunas localidades, pero también ha producido fragmentación y atomización de recursos.

Según Sili,… los procesos de descentralización han representado una oportunidad para los territorios con niveles medios de desarrollo y dotados de capacidades estratégicas relevantes. Por otro lado, los lugares con graves deficiencias en términos de infraestructura, de calidad de mano de obra, con escasos recursos naturales y con baja capacidad institucional, no pudieron aprovechar las estrategias gubernamentales y las oportunidades generadas por el proceso de globalización (Sili, 2022)

La dualidad nación – municipio está en examen y en esta revisión, la región aparece como una escala con altísimos potenciales. Estudios elaborados en el Departamento Nacional de Planeación para la política del sistema de ciudades (uno de ellos elaborado por Econometría Consultores, referente al impacto de la Ley 388 en el mercado del suelo en 12 ciudades), han identificado que cada vez más municipios se comportan como sistemas territoriales integrados, que las decisiones de localización empresarial se hacen con lógica supramunicipal, que muchas personas viven en un municipio y trabajan en otro (commuters) y que el mercado del suelo no atiende los límites político administrativos y no puede ser regulado exclusivamente desde los instrumentos de planeación municipal.

Frente a estas dinámicas que desbordan las capacidades jurisdiccionales de municipios, los sistemas de administración y gestión territorial están creando figuras complementarias. Varios países de América Latina están implementando esquemas institucionales para ajustar el modelo descentralizado hacía un modelo que Sili denomina “modelo pragmático”.

Este modelo, complementa los niveles tradicionales (Nación – Departamento – Municipio), con figuras territoriales de escalas intermedias como las redes de ciudades, regiones metropolitanas, territorios insulares especiales, micro – regiones y zonas rurales especiales, que se están constituyendo en actualmente en Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Paraguay. En Colombia, se ha creado recientemente la Región Metropolitana Bogotá, Cundinamarca mediante la Ley 2199 de 2021, que entró en funcionamiento desde diciembre de 2022, con la inclusión de algunos municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital.

Además de la Región Metropolitana, que es una figura que tiene un alto potencial para optimizar la gestión integrada y cooperativa entre entidades territoriales, el recién adoptado Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”, propone cinco transformaciones, entre ellas dos especialmente relacionadas con este tema: ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, y convergencia regional. En la primera establece la gobernanza multinivel y un sistema de administración del territorio SAT. El plan propone modelos de desarrollo supramunicipales, integración mediante conectividad multimodal, integración de los territorios en apuestas estratégicas de desarrollo regional y una agenda de programas que implica ajustes fuertes en los modelos de gestión territorial vigentes.

La transformación convergencia regional tiene la intención de reducir brechas sociales y económicas, entre hogares y regiones en el país, que se derivan de problemas de conectividad y en los vínculos entre campo y ciudad. En las bases técnicas, se reconoce la existencia de notables disparidades entre municipios, señala, por ejemplo, que los municipios rurales dispersos o los municipios Pdet tienen rezagos notables en sus indicadores de pobreza multidimensional, en capacidades y en desarrollo frente a los promedios de los otros municipios del país.

En términos conceptuales, la apuesta por un modelo de gestión regional, aproximado al concepto de planeación concurrente, es claro y ambicioso; aunque en términos de agendas para las regiones, el Plan solo tiene enunciados generales y no se señalan específicamente proyectos y programas. No obstante, si se construyen modelos de gobernanza colaborativa entre nación, regiones y actores locales que articulen intereses sectoriales y regionales puede construirse una convergencia útil para un desarrollo más equilibrado del territorio.

Afortunadamente, las dinámicas de integración regional tienen una dinámica progresiva y se siguen consolidando de manera endógena por actores gremiales, centros de investigación y organizaciones comunitarias en las diferentes regiones, como se pudo constatar en el proceso de construcción de agendas regionales para construir bases para un sistema de trasferencias realizado para la agencia GIZ por Econometría Consultores en el año 2019. En este ejercicio, mediante talleres realizados en las regiones del Pacífico, Caribe, Central, Gran Santander, Antioquia – Eje cafetero y Orinoquía se identificaron apuestas en temas de infraestructura, sector producto, ordenamiento y sector social y se puede verificar la existencia de un capital social regional valioso y unas agendas que esperan respaldo nacional.

Los economistas, a la hora de entender el fenómeno macroeconómico, aplicamos la estrategia de dividir para vencer. La estrategia consiste en dividir la evolución de variables clave como el PIB en dos componentes: uno tendencial y uno cíclico. Lo anterior se justifica en un marco temporal, en donde los factores de largo plazo o estructurales afectan el comportamiento de la tendencia, y los factores de corto plazo o coyunturales solo afectan el ciclo económico. Así, preguntas cómo “¿por qué China crece cada vez menos?” suelen responderse con aspectos estructurales como la demografía de dicho país, mientras que preguntas sobre si la inflación actual es un fenómeno de demanda o de oferta tiene su respuesta en factores relativamente coyunturales como la ruptura de las cadenas de valor o la laxitud de la política monetaria y la fiscal.

En el caso colombiano, hoy hay varias preguntas relevantes relacionadas con dicho nivel potencial. Por un lado, hay un debate importante sobre si la inflación de Colombia en estos momentos está siendo generada por excesos de demanda o no, es decir, si el PIB es mayor al potencial o no. Por otro lado, decisiones como el nivel de endeudamiento de la economía toman en consideración el PIB tendencial. A pesar de la importancia de esta variable, no es equivocado afirmar que hoy existe una incertidumbre mayúscula sobre el dónde se encuentra.

La incertidumbre tiene tanto una base conceptual como instrumental. En lo conceptual, la realidad que hemos vivido desde 2008 nos ha mostrado que los factores de corto plazo pueden tener efectos permanentes en la tendencia. Así, la suposición de que el corto plazo y el largo plazo se pueden estudiar por separado no es tan conveniente. Ello no quiere decir que la división no sea útil, pero si quiere decir que el asumir que son asuntos enteramente independientes es problemático.

En lo instrumental, es sabido que, en una primera instancia, los conceptos determinan las técnicas y, en consecuencia, las metodologías estadísticas para extraer los componentes cíclicos y tendenciales asumen que el ciclo no influye en la tendencia. Así, las metodologías más populares para hacer dicha descomposición fracasan ante fenómenos como la crisis del 2008 o la crisis del covid-19.

Existe una “Ventana de oportunidad en el sector agropecuario”. Este fue el planteamiento que se formuló en 2021 en el capítulo 3 del libro de Econometría Consultores “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”.

¿Por qué existe esa ventana? Resumiendo lo allí planteado, el país es dependiente en ingresos fiscales y en su balanza comercial del carbón, que está pasando por un boom momentáneo asociados a la guerra de Ucrania, pero que es una alternativa cada vez menos factible por sus efectos ambientales; y del petróleo, también cuestionado ambientalmente, pero con una perspectiva de más largo plazo, aunque el país solo cuenta con reservas para menos de siete años. La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración hace extremadamente urgente el desa- rrollo de alternativas para reemplazar en un futuro no muy lejano los ingresos petroleros. Es un reto tener alternativas a un plazo relativamente corto, y esto es lo que justamente abre esa ventana de oportunidad.

La estabilidad laboral es un bien social. A todos nos beneficia. Los empresarios, con reglas claras y constantes, pueden planear sobre la base de contar con un personal estable, disponible y sobre el que puede invertir en formación específica a sus empresas, generando incrementos en productividad y por ende en ingresos. Los trabajadores perciben menor incertidumbre, propiciando las condiciones para que su bienestar y productividad mejoren, facilitando sus posibilidades de invertir y adquirir bienes mediante créditos de largo plazo dinamizando la economía. Los que buscan trabajo pueden acceder a oportunidades que les permita insertarse al mercado laboral o escalar en sus condiciones.

Esto último le parecerá raro a mucha gente. ¿Qué tienen que ver los buscadores de empleo en la estabilidad laboral? En Colombia estamos acostumbrados a ver la estabilidad laboral como un trabajador que “adquiere” un puesto de trabajo y se atornilla a él como le sea posible hasta su retiro. Pero esto dista mucho del verdadero significado de estabilidad en las condiciones laborales. De hecho, ello perjudica al trabajador que por miedo a perder su puesto deja de crecer y buscar alternativas, mientras se limitan las posibilidades de otras personas y se disminuye el margen de maniobra de las empresas.

En Colombia tenemos una distribución de ocupados, según la antigüedad en su puesto de trabajo, donde solo 30,0% de los trabajadores lleva cinco años o más, mientras que 31,5% tienen más de un año, pero menos de cinco y lo más frecuente es que la antigüedad sea inferior a un año (38,5%) (Ver gráfica).