En el marco de la reciente edición de la ‘Semana de la Evaluación Glocal 2025”, espacio que busca reflexionar, compartir y socializar conocimiento y buenas prácticas de evaluación, a nivel global y local, Glocal, Econometría Consultores lideró un evento participativo que buscaba discutir, desde la perspectiva de la Evaluación Basada en Teoría (TBE) las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué hay programas que muestran resultados, pero no generan cambios sostenibles? y ¿Hasta qué punto se están evaluando los programas, intervenciones y políticas públicas teniendo en cuenta el contexto de las intervenciones que se implementan en diferentes niveles de Gobierno?

Desde la perspectiva de la evaluación de las políticas públicas, el enfoque tradicional de finales del siglo XX solía centrarse en la verificación del cumplimiento de metas y productos definidos previamente, ya sea basándose en el análisis de los documentos de la intervención, o de acuerdo con los marcos de Evaluación y Monitoreo (E&M) de los mismos. Este enfoque de evaluación operaba sin embargo con una lógica incompleta, puesto que era frecuente que no se identificaran ni reportaran los insumos necesarios, y en algunos casos no se podía saber si estos se utilizaban bajo los lineamientos planteados ni que impactos generaban.

Por otra parte, desde su diseño, las intervenciones carecían de una teoría causal explícita que estableciera cómo se esperaba alcanzar el cambio deseado. Como consecuencia, las intervenciones o políticas que se implementaban sin un planteamiento explícito de estos procesos, eran difíciles de replicar y escalar a otros contextos, ya que no se lograba identificar exactamente lo qué funciona para cada contexto especifico. Esto ocurría porque en este enfoque tradicional persistía una “caja negra” entre lo que se hacía y lo que se esperaba lograr, sin una explicación clara de los mecanismos que explican los resultados esperados.

Con motivo de la Semana de la Evaluación Glocal, Econometría Consultores presentó el panel “Retos, Oportunidades e Innovación de la Evaluación en Contextos de Desigualdad”. Este evento sirvió como una plataforma para reflexionar sobre las lecciones acumuladas por la firma en casi 50 años de trabajo en entornos de profunda desigualdad social. Las conversaciones, que se pueden consultar en Youtube, fueron guiadas por preguntas clave: ¿cómo puede la experiencia colombiana aportar a la evaluación en otros países del sur global?, ¿qué factores explican la baja participación de ciertos sectores en el sistema financiero y qué se puede hacer para fomentar la inclusión?, y ¿qué innovaciones metodológicas y consideraciones éticas deben orientar las evaluaciones con poblaciones diversas?

En la primera sesión sobre “Diálogos Glocales”, se destacó que Colombia, en respuesta a sus propios retos nacionales, se ha convertido en un laboratorio social con importantes avances en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Este progreso se sustenta en el fomento de capacidades promovido por entidades como el DNP, la colaboración con entidades multilaterales que ha permitido el intercambio de técnicas, el papel crucial del sector privado en la implementación y evaluación de programas sociales, y el desarrollo de metodologías de investigación rigurosas e innovadoras. Gracias a esto, Colombia se ha consolidado como un referente internacional, con capacidad de exportar conocimiento, como su experiencia en la evaluación de subsidios condicionados a países como Honduras y El Salvador y en la jornada escolar extendida a Perú.

Sin embargo, esta cooperación sur-sur enfrenta desafíos significativos. Entre ellos se cuentan la necesidad de cumplir con estándares de calidad internacionales, las barreras de costos, la falta de marcos formales para las alianzas y la influencia de la financiación del norte en las agendas de investigación. Adicionalmente, las diferencias en niveles de financiamiento o infraestructura pueden generar desequilibrios incluso dentro del mismo sur global. Para afrontar estos retos, es fundamental el conocimiento del territorio a través de aliados locales, la construcción de teorías del cambio robustas que comprendan los problemas a fondo, y el uso de tecnologías para el trabajo remoto. La clave está en aportar desde la horizontalidad y la empatía, evitando posturas de superioridad técnica, buscando desescalar la dependencia de la cooperación para hacer más autónomos a los países y potenciando la integración de saberes ancestrales y locales desde un enfoque que respete las realidades de cada país.

La segunda sesión del panel se enfocó en la inclusión financiera como una estrategia vital para la igualdad de género y la justicia social. Un estudio de Econometría sobre la autoexclusión financiera de la economía popular identificó factores de demanda como la aversión al riesgo, la impaciencia financiera y la percepción de que el sistema es lejano y los créditos son peligrosos. Estas percepciones son reforzadas por obstáculos de la oferta, como las exigencias de documentación y la falta de flexibilidad en los pagos, que consolidan la idea de que la banca formal no es accesible. En el caso de la población migrante, un piloto de pagos digitales detectó barreras como la no aceptación del PPT, la falta de educación digital y costos asociados a los procesos. Aun así, la investigación confirmó que los canales digitales son un método más ágil y efectivo para la inclusión de poblaciones con restricciones. Respecto a la población Lgbtiq+, se hallaron brechas causadas por creencias incorrectas sobre su situación laboral, discriminación en oficinas y barreras adicionales para la población trans en relación con su nombre e identificación. Afortunadamente, se han logrado avances mediante certificaciones, acciones afirmativas y la promoción de una cultura organizacional inclusiva. A partir de esto, Econometría recomienda conocer a fondo la demanda para romper sesgos, rediseñar productos para que sean ágiles y adaptar el sistema a las realidades territoriales, reconociendo el potencial de crecimiento que estos sectores representan.

Finalmente, el tercer panel exploró las innovaciones metodológicas y los dilemas éticos al trabajar con poblaciones históricamente excluidas, como personas con discapacidad, trabajadoras sexuales y mujeres excombatientes. Entre los retos operativos se encuentra la dificultad para identificar participantes por la ausencia de información o las limitaciones en los datos existentes. A esto se ha respondido con la búsqueda de fuentes alternativas y la vinculación de equipos locales que generen confianza. El diseño de instrumentos también se adapta, utilizando un lenguaje más comprensible, apoyos visuales y actividades que superen barreras en la expresión, poniendo siempre las voces de las personas en el centro. Éticamente, es fundamental el uso riguroso de protocolos de protección y el consentimiento informado. Pero también es crucial cuestionar los prejuicios del equipo consultor y reflexionar sobre las categorías usadas para definir a estas poblaciones. En este sentido, el enfoque interseccional resulta clave, pues profundiza en la complejidad de las experiencias vividas e identifica características que, al confluir, ahondan desigualdades, incluso dentro de un mismo grupo. Esto demuestra la necesidad de que las políticas públicas ofrezcan respuestas concretas a las expresiones diferenciadas de la desigualdad. Estos espacios de intercambio reafirman el valor de las lecciones aprendidas que han convertido a Econometría en un referente por su calidad y su aporte a la comprensión de contextos sociales complejos a nivel nacional e internacional.

Entre el 2 y el 6 de junio de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de la ‘Semana de la Evaluación Glocal’ (término que combina lo Global con lo Local), un espacio cada vez más relevante para reflexionar colectivamente sobre el papel de la evaluación en la transformación de nuestras sociedades. Bajo el lema “Evaluación para un futuro mejor: sostenibilidad ambiental, inclusión y paz”, esta edición reafirmó la convicción de que evaluar políticas públicas, programas y proyectos no solo es una herramienta técnica, sino una estrategia clave para enfrentar los desafíos que frenan el avance y efectividad de las políticas públicas y en particular el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con esta premisa, la agenda de eventos giró en torno a cuatro ejes temáticos: acción climática y transición justa; igualdad de género y justicia social; paz duradera; y sostenibilidad, eficiencia y crecimiento.

En sintonía con los ejes temáticos propuestos por la Semana de la Evaluación Glocal Econometría Consultores organizó cinco eventos, alineados con los subtemas centrales propuestos por Glocal. En esta columna -la primera de una serie de tres que serán publicadas en este mismo espacio- compartimos sobre el tema “Retos, avances y aprendizajes en la evaluación sobre el conflicto armado en Colombia”. El panel invitó a repensar el papel de la evaluación en contextos de conflicto y transición hacia la paz.

Una primera idea surgió a partir de dos preguntas clave: ¿en qué consistió la medición del Goce Efectivo de Derechos, GED y cuáles fueron sus principales retos? Y, ¿han existido otras experiencias evaluativas con víctimas del conflicto? Tras la expedición de la sentencia T-025 de 2004 por parte de la Corte Constitucional, el Estado colombiano se vio en la necesidad de diseñar mecanismos para medir el grado de cumplimiento de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. En ese marco, entre 2008 y 2010, Econometría Consultores fue adjudicataria de la licitación para realizar esta medición, que brindó al gobierno herramientas cuantitativas y cualitativas para dar respuesta a las exigencias del alto tribunal. Cabe destacar, además, que mediante el Auto 093 de 2008, la Corte reconoció la necesidad de proteger a grupos específicos de víctimas, como aquellas afectadas por minas antipersonales. A partir de este mandato, se formuló la política de atención a esta población, cuya evaluación, en 2016, también fue confiada a Econometría Consultores, consolidando así una trayectoria significativa en la medición y análisis de políticas públicas en contextos de conflicto.

Esta trayectoria en la medición y análisis de políticas públicas ha permitido a nuestra firma enfrentar los desafíos que implica evaluar en contextos marcados por la violencia y el conflicto. Uno de los pilares de esta labor ha sido el compromiso con el cuidado y la seguridad del equipo en el terreno, a través de procesos de formación en riesgos asociados a minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI). A lo largo de su experiencia, la firma ha sabido adaptarse a retos complejos como la dificultad para obtener muestras representativas, las limitaciones en los instrumentos de recolección y los desafíos inherentes a la medición. Frente a los obstáculos metodológicos, se han implementado estrategias como el barrido de áreas por puntos de concentración; para superar barreras de comunicación con poblaciones con discapacidad cognitiva o auditiva, se han hecho ajustes a encuestas y entrevistas con enfoque empático, de no daño y escucha activa; y, en cuanto a los retos de medición, se ha recurrido a acuerdos intersectoriales y estrategias de mejora continua. Estas respuestas han sido transversales a las evaluaciones previamente mencionadas y reflejan el compromiso de Econometría con una evaluación rigurosa, ética y sensible al contexto.

Posteriormente, se abordó la pregunta ¿cómo se definió la medición de la Superación de la Situación de Vulnerabilidad (SSV)? Este proyecto también se enmarcó en el contexto de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional. Con el paso del tiempo y los esfuerzos institucionales impulsados por el Estado colombiano, se comenzaron a observar avances significativos en la reducción de la vulnerabilidad de la población desplazada por el conflicto armado. En 2011, la Ley 1448 -conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras- introdujo el concepto de cesación de la situación de vulnerabilidad, estableciendo la necesidad de definir criterios claros para su medición. Posteriormente, mediante la Resolución 01126 de 2015, se adoptaron oficialmente dichos criterios y se definió el Índice Global de Restablecimiento Socioeconómico, herramienta clave para priorizar y focalizar la oferta institucional. En este marco, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, encargó a Econometría Consultores la construcción de un índice, con el fin de identificar a las familias que han superado su situación de vulnerabilidad y que pueden ser transferidas a la oferta normal del Estado, dejando atrás su condición de víctimas del conflicto armado.

Para esta evaluación, Econometría no recurrió a la recolección de información primaria, sino que aprovechó las dos mediciones previas del Goce Efectivo de Derechos (GED) desarrolladas en proyectos anteriores. La construcción del índice se basó en una metodología cuantitativa, específicamente mediante un modelo probabilístico tipo probit. Este modelo permitió estimar la probabilidad de que una persona avanzara en el cumplimiento de derechos, pasando, por ejemplo, de garantizar dos a siete derechos fundamentales. Una forma sencilla de ilustrarlo es a través de la analogía de una escalera: el modelo ayudó a entender qué condiciones permiten que una persona ubicada en el segundo peldaño ascienda progresivamente hasta el séptimo, entendiendo este último como el punto en el que se alcanza el pleno ejercicio de los derechos. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que el derecho a la alimentación tuvo el mayor impacto marginal en este ascenso, seguido por los derechos a la salud y a la generación de ingresos, evidenciando cuáles dimensiones tienen un papel clave en la superación de la vulnerabilidad.

La tercera gran idea del panel giró en torno a una pregunta clave: ¿cómo se utilizó la evaluación para preparar la respuesta institucional ante la firma del acuerdo de paz? Entre 2014 y 2016 -justo antes de la firma del Acuerdo de Paz, -, Econometría fue contratada por la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, para evaluar programas dirigidos a población desmovilizada. Esta experiencia dejó aprendizajes valiosos, tanto metodológicos como técnicos. En el plano metodológico, se destacaron los retos asociados al manejo de las muestras, la logística y seguridad en la recolección de datos, así como las diferencias en los resultados obtenidos a través de técnicas grupales e individuales. En el plano técnico, la evaluación permitió profundizar en temas clave como las edades de reclutamiento, las motivaciones y formas de ingreso a los grupos armados, las razones para desertar -con un enfoque especial en las diferencias por género- y la percepción de los participantes frente a la paz. Esta información no solo fue útil en su momento, sino que aportó insumos fundamentales para pensar en el diseño de políticas más eficaces y humanas en contextos de transición.

Finalmente, Econometría Consultores realizó una evaluación de resultados con el propósito de ponderar los objetivos y derroteros del proyecto de transformación territorial durante 2021 y 2024. En este proyecto se enfrentaron retos como la dificultad para contactar a los participantes, por problemas de conectividad en las zonas de conflicto. Sumado a lo anterior, hubo un desafío para recolectar información de población perteneciente a alguna etnia indígena debido a las barreras lingüísticas. Por último, hubo un desafío por la alta rotación de funcionarios estatales durante el cambio de gobierno.

En suma, Econometría Consultores ha contribuido de manera significativa al diseño, evaluación y mejora de políticas públicas orientadas al bienestar de las víctimas del conflicto armado en Colombia. A lo largo de sus proyectos, la firma ha enfrentado con éxito los retos metodológicos propios de trabajar en contextos de alta complejidad, desarrollando enfoques innovadores para la recolección de información en territorios afectados por la violencia. En escenarios de construcción de paz y posconflicto, ha acumulado una experiencia valiosa, especialmente en el trabajo con población desmovilizada. Además, ha promovido una perspectiva territorial y de derechos humanos, incorporando activamente la participación étnica y el fortalecimiento de liderazgos locales. Estas acciones no solo han nutrido las políticas existentes, sino que han sentado bases sólidas para futuras intervenciones más justas, inclusivas y sostenibles.

En su proclama “Por un país al alcance de los niños”, Gabriel García Márquez reflexiona sobre Colombia como un país de paradojas. Las relaciones laborales en el cultivo del banano para exportación bien pueden ser una de ellas y, en un típico caso de la diada within / between, el caso colombiano es de interés, tanto para nosotros mismos como para nosotros y/en el contexto internacional. El cultivo mencionado en la Masacre de las Bananeras, es el mismo cultivo cuyos estudios de caso nos posicionan internacionalmente como ejemplo de alta sindicalización, negociación colectiva de rama y pago de salarios vitales.

Conforme termino estas letras, culmino también un año de dirigir tres proyectos de cooperación técnica internacional sobre relaciones laborales en el cultivo del banano para exportación, desarrolladas con Econometría Consultores para GIZ, IDH y la OIT. Como la apnea, este buceo de inmersión ha sido un ejercicio profundo, rápido y que luego exige de reflexión y detenimiento. En estos estudios hemos encontrado patrones comunes de competitividad y cohesión social, obediencia de la normatividad laboral colombiana y, al mismo tiempo, sinceros esfuerzos regionales de ir más allá de dicha normatividad, en una visión supranacional de competitividad económica en el contexto del comercio justo. Adicionalmente, encontramos que en las relaciones laborales agrícolas en Colombia existe todo un espectro económico que requiere ser analizado de forma rigurosa y específica: quizá en aras de la Economía del Desarrollo y su énfasis en la migración rural – urbana y la convergencia regional las relaciones laborales rurales y agrícolas en Colombia han sido analizadas con categorías y consideraciones urbanas, que no reflejan la realidad del empleo agrícola.

Todo lo anterior, en el desafiante contexto de implementación de la Directiva 1760 de la Unión Europea en sostenibilidad (EU Csddd) y las posibles implicaciones que pueda tener sobre comportamientos, roles y agentes en las cadenas internacionales de valor sostenibles. Esto, teniendo en cuenta el consenso tripartita alcanzado en la reunión de expertos de la OIT sobre Políticas Salariales (incluyendo Salarios Dignos) en febrero de 2024. Estas iniciativas tendrán un escenario de revisión estratégica en la reunión que, organizada por IDH y GIZ y apoyada por el Foro Mundial Bananero y la Organización Internacional del Trabajo, tendrá lugar el 27 y 28 de octubre en República Dominicana.

Esto reviste mayor importancia aun cuando se aprecia la dinámica laboral del sector rural. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares, a marzo de 2025 el empleo agrícola representaba 15,2% del empleo total nacional y había crecido 5% con respecto al trimestre relacionado en el año anterior. En el mismo periodo, se habían generado 121.000 empleos de jornalero/peón, los cuales, sin hacer un análisis muy profundo de calidad laboral e informalidad, claramente están asociados a la dinámica del empleo agrícola.

Tal y como es el caso de otros sectores y de problemas laborales complejos, el análisis de las relaciones laborales en el banano no puede desarrollarse sin una perspectiva interdisciplinaria. Se requiere de la historia para entender el papel de los conflictos laborales bananeros, del conflicto armado en las regiones de cultivo, y de la sociología para abordar las dinámicas comunitarias de los actores involucrados. El Derecho ha provisto el análisis de las estructuras contractuales y las laborales requeridas y/o ofrecidas. Como economista laboral, considero que esta conversación ha sido fértil y espero que haya podido respetar, converger y recopilar los aportes de otras disciplinas.

Existen dos diferentes niveles de enforcement de las relaciones laborales que los sectores agrícolas formales, dirigidos a la exportación, deben cumplir. El primero, obviamente, es la legislación nacional. Cumplimiento del salario mínimo, derecho de asociación y de negociación colectiva, cobertura de seguridad social, entre otros. Pero existe otro referente de análisis, y está dado por el Fair Trade, el comercio justo. Colombia no es ajeno al tema, cabe remontarse a la Cláusula Social en la negociación del TLC con Estados Unidos. Eso a nivel macro. A nivel sectorial, existen diferentes mecanismos de supervisión de estándares laborales y ambientales, en cadenas globales de valor.

El salario digno es un concepto promovido en estos mecanismos, que ha sido involucrado por la OIT en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dentro de la iniciativa de trabajo decente. En términos sectoriales, el banano de exportación ha adscrito a la iniciativa, gracias en particular al trabajo de Augura y Sintrainagro. El esquema es particularmente prevalente en el Urabá, con alta sindicalización, convención colectiva de rama y un esquema de vinculación laboral basado en una combinación de contrato a termino indefinido y remuneración por destajo. En el caso del sector cafetero, y ante la relativamente menor circunstancia de relaciones laborales de dependencia, generadoras de salarios (reconociendo la importancia de los recolectores de café), este concepto se aplica bajo la aproximación de ingreso digno.

Implícito a todo este esquema está el aspecto de la productividad laboral. La competitividad de un producto agropecuario tiene una frontera de producción desde la perspectiva física, pues la innovación tecnológica, el efecto difusión y las economías de escala llevan a que la productividad física tenga un límite. Su potencial de avance esta claramente basado en el componente del recurso humano, en ciertos cultivos tropicales. El sector bananero ha avanzado notoriamente en el desarrollo de este modelo, en ocasiones, es mi opinión, sin analizar y deconstruir su propio avance.

Cierro este escrito como el Uróburos, devorando su comienzo. El banano es una paradoja en si. Los avances en el Urabá son inquietudes y potencialidades en el Magdalena. Las brechas laborales son, como el surco, espacios con potencial para avanzar. Notoria segregación laboral de género, la inquietud sobre el relevo generacional, un enfoque que se preocupa por el Salario Digno al momento de pagarlo, pero no se interesa tanto en el mismo a la hora de generar patrones socialmente responsables de consumo y movilidad social. Y, también resulta conveniente mencionarlo al cierre, la preocupante inmovilidad del precio internacional del banano.

Al cabo de enumerar las múltiples paradojas de nuestra realidad, García Márquez, el escritor, se abandona en su pensamiento complejo, al del mismo colombiano común que ha enumerado: “…esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable”. Espero, de corazón, que, al cabo de un año y tres estudios de profundidad sobre relaciones laborales en la producción del banano para exportación, estos informes, sus resultados y recomendaciones hagan de esta, una patria menos indescifrable.

La economía colombiana ha sufrido transformaciones importantes tras la pandemia. Si bien el crecimiento del PIB desde entonces ha sido uno de los más altos de la OCDE, este no ha seguido un patrón convencional. El repunte ha sido liderado por el consumo de los hogares, mientras que la inversión —la formación bruta de capital fijo— ha caído de manera significativa. Este comportamiento solo se comparte con Hungría y Luxemburgo (ver figura 1).

Colombia está próxima a cumplir 20 años desde la reforma al código del menor introducida por la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, la cual reconoció que los niños y niñas no son solo objeto de protección sino sujetos de derechos. Dicha ley estableció además un sistema especial para juzgar a los adolescentes que participen en la comisión de delitos, basado en la Convención de los derechos del niño de la ONU.

La implementación de los códigos de menores fue el resultado de una tendencia que se extendió primero en Europa y Estados Unidos y que luego se trasladó a América Latina durante la primera mitad del siglo XX, que estableció regímenes que perduraron en algunos países, por más de seis décadas, dejando cicatrices en la infancia a lo largo del continente. Bajo el modelo de justicia de menores, se utilizó indiscriminadamente la privación de libertad como forma de “protección”. Así, niños, niñas y adolescentes que se encontraban en alguna situación irregular como el abandono, la indigencia, la adicción a las drogas o la delincuencia eran separados de sus familias y puestos a disposición del Estado en hogares, internados e institutos de reeducación como forma de control social.

Con el tiempo la privación de libertad de los “menores” en pro de su protección demostró paradójicamente ser una de las herramientas más eficaces para vulnerar los derechos de los niños y niñas y en particular de aquellos en conflicto con la ley penal. Fueron muchas las denuncias de abusos cometidos en contra de menores desde el momento de su aprehensión hasta su ubicación en centros de reeducación por hechos de violencia sexual, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

En Colombia la reforma introducida por la Ley 1098 de 2006 al código del menor planteó un gran avance en la defensa de los derechos de los niños y niñas, no solo porque finalmente se reconoció que éstos son sujetos que tienen derechos independientes de los de sus padres, sino porque se limitaron las facultades discrecionales del Estado para privar de libertad a las personas menores de edad, garantizando el debido proceso y priorizando medidas alternativas. Además, se creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Srpa, el cual goza de finalidades especializadas, pedagógicas y restaurativas, que lo diferencia del sistema penal de adultos.

No obstante, a 20 años de su expedición y a pesar de sus múltiples avances en el reconocimiento y garantía de los derechos de la niñez y, en particular de quienes se encuentran en conflicto con la ley penal, el Srpa plantea retos.

Dentro de los muchos aspectos que ameritan revisión se destaca la falta de una política de prevención de la delincuencia juvenil pertinente y eficaz para lograr la reducción de las vulnerabilidades de la población infantil y adolescente y su participación en conductas delictivas.

Dando una mirada a las cifras de pobreza de la población infantil y adolescente en Colombia, se identifica que, según el Dane, en 2023 un 41,6% vivía en condiciones de pobreza multidimensional, con dificultades para el acceso a educación, vivienda y servicios básicos, lo que evidencia el alto grado de vulnerabilidad de la población menor de 18 años en el país.

Si bien las vulnerabilidades que enfrentan los niños y niñas, especialmente en zonas rurales, son en muchos casos causadas por la falta de garantía de derechos y de necesidades básicas, lo cierto es que estas se ven exacerbadas por la presencia de actores armados en sus territorios, los cuales utilizan las amenazas, el microtráfico y el reclutamiento infantil para vincularlos a actividades ilícitas. Varios de los retos y oportunidades fueron identificados por Econometría en el marco del acompañamiento que se realizó a Unicef para el mapeo del Srpa, estrategias para su fortalecimiento y el seguimiento y monitoreo de las acciones para tal efecto.

Por otro lado, se identifica como otro reto la ausencia de una adecuada oferta de sanciones no privativas de libertaden todos los municipios de Colombia. Esto no solo garantizaría que los adolescentes puedan estar cerca de su núcleo familiar durante el desarrollo de la sanción, sino que estas sean aplicadas según cada contexto.

En fin, otro de los grandes retos que enfrenta en la actualidad la Ley 1098 es lograr que en la práctica la sanción privativa de la libertad de adolescentes, la cual puede ordenarse hasta por un periodo de ocho años, sea realmente una excepción según lo establecen las normas internacionales. De acuerdo con las cifras del Icbf (2025), cerca de 8.400 jóvenes están vinculados al Srpa, y de estos, 3.341 están privados de la libertad, lo cual equivale casi a un tercio de la población en el sistema. Además, la reincidencia en el Srpa es de 19,9 % lo que quiere decir que uno de cada cinco adolescentes recae por algún delito, lo que se traduce en que puede ser decretada una nueva privación de libertad.

La excepcionalidad de la privación de la libertad es relevante, pues diversos estudios han demostrado que ésta aumenta la vulnerabilidad de los adolescentes y los hace propensos a ser víctimas de delitos. Además, puede exponerlos a riesgos que no enfrentaban antes de su ingreso, tales como el consumo de sustancias adictivas, el manejo de armas, la depresión y la ansiedad, situaciones que afectan su proceso de reintegración.

Otro aspecto conflictivo es el aumento de personas mayores de 18 años en el Srpa. La presencia de dos poblaciones con características, necesidades y reglas diferentes dificulta en la práctica la operatividad de las sanciones pues el abordaje y las metodologías varían según los rangos de edad. Además, puede incidir negativamente en el bienestar de los adolescentes en caso de que no se realice una separación adecuada de ambas poblaciones, según lo establece las normas internacionales y la propia ley colombiana.

Si bien, durante los últimos 10 años las entidades que lideran el Srpa han intentado reformar varios aspectos de la Ley 1098 que generan tensión dentro del sistema, para armonizarlo con las normas internacionales, dicho ejercicio ha sido infructuoso. De ahí la necesidad de realizar un balance de la implementación de esta ley y avanzar en su reforma para garantizar a los adolescentes que han tenido el error de cometer delitos, oportunidades y procesos que les permitan una verdadera reintegración.

Los economistas no nos destacamos por hacer gráficas llamativas. Sin embargo, una de las más impactantes, que ha resurgido por eventos recientes, es la espiral de Kindleberger. En ella se ilustra cómo las importaciones de 75 países (en dólares de la época) cayeron cerca de un 67% en apenas cuatro años durante la Gran Depresión de 1929. Aunque poco intuitiva, esta imagen expresa visualmente el espiral depresivo que envolvió al mundo en esos años.

Si bien existe consenso en que dicha caída del comercio internacional fue resultado de la contracción de la demanda agregada, también se reconoce que los aranceles impuestos por la Ley Hawley-Smoot en 1930 agravaron la situación. Estos buscaban, en teoría, estimular la demanda interna en Estados Unidos al encarecer los bienes importados. Sin embargo, al obstaculizar el comercio internacional, limitaron también el crecimiento de sus socios comerciales, afectando así su propio desempeño económico. El error fue insistir en una medida que, lejos de aliviar la crisis, la profundizó.

Es evidente el paralelo entre los aranceles de la Ley de Hawley-Smoot en 1930 con aquellos impuestos por Donald Trump en el llamado por él “Día de la liberación”, el pasado 2 de abril. Aunque el contexto actual está lejos del colapso de los años treinta, la espiral de Kindleberger sirve como advertencia sobre lo que podría suceder si se perpetúan errores similares. De hecho, ya se evidencian y se proyectan efectos negativos.

El 22 de abril salió a la luz el informe de perspectivas de la economía mundial del FMI. La visión que brinda el reporte es que la economía mundial iba bien hasta que empezó la guerra comercial. 2024 se caracterizó por la normalización de variables clave como el crecimiento económico y la tasa de desempleo, las cuales, en gran parte de los países, habían recuperado la estabilidad prepandemia. Por su parte, la inflación también mostró una disminución a nivel global, aunque lenta puesto que en varios países continuaba por encima del nivel objetivo de los bancos centrales. Así, la historia de una desinflación indolora en 2024 no fue solo de Colombia sino de gran parte de las economías del mundo.

La situación fiscal del gobierno central exige medidas de emergencia. A pesar de que según el gobierno, sí se cumplió con la regla fiscal en 2024, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, es de otra opinión, puesto que no acepta que 25,8 billones de Transacciones de Única Vez, TUV, que habían sido calificadas como tales por el Confis (compuesto por funcionarios del mismo gobierno) puedan ser consideradas como tales. Como consecuencia, no pueden descontarse esos gastos (o menores ingresos) del Balance Primario Neto Estructural, Bpne, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la ley 2155 de 2021.

La situación no está nada fácil tampoco para 2025. Frente a las metas de la regla fiscal, se necesitan ajustes por un valor de $46 billones frente al Plan Financiero presentado por el gobierno, según el mismo Carf. El decreto 069/2025, proyectado por el anterior ministro de Hacienda, Diego Guevara, ya había aplazado gastos por $12 billones, y había anunciado la necesidad de aplazamientos o recortes adicionales, ante la baja probabilidad de que se le aprobara en el Congreso la nueva reforma tributaria. Parece que el haber insistido en ello ante el presidente, le costó el puesto. Recordemos que esos $12 billones aplazados, correspondían a la suma que el gobierno había previsto recaudar mediante la ley de financiamiento para cuadrar sus propias cuentas del presupuesto de 2025. Lo adecuado, hubiera sido recortar completamente el presupuesto por ese monto, puesto que se trata de recursos que no tienen hoy sustento legal.

El monto de la deuda colombiana cerró en 2024 en 60,6% del PIB. Por su parte, las tasas de interés de los títulos de la deuda colombiana están en un promedio ponderado, según mis cuentas, de 3,28% real. El crecimiento en el PIB proyectado por el propio gobierno en su plan financiero (elaborado antes de tener en cuenta el posible efecto recesivo de las medidas arancelarias tomadas por Trump (que tendrán según muchos analistas un efecto recesivo en la economía mundial) es de 2,6%. Para estabilizar la relación de la deuda con el PIB en el mismo monto de finales del año anterior, se necesitaría que el gobierno generara un superávit primario (sin contar dentro de los gastos los intereses) de 0,2% del PIB. En su plan financiero para 2025 el gobierno ya está proyectando un déficit primario de 0,2%, lo que exigiría un ajuste en gastos por un valor de $11 billones. Téngase en cuenta además, que el Carf considera que, en ese plan financiero, el gobierno está sobreestimando los ingresos tributarios en $34 billones. Es decir, que solo para estabilizar la relación deuda/PIB, el ajuste total en gastos debería ser de $45 billones.

Esta situación explica el deterioro en los títulos de la deuda pública colombiana, cuyo rendimiento exigido ha pasado de ser de 10% en abril de 2024 para un bono a diez años, a 11,5% en abril de 2025. La prima de riesgo frente a un título de los Estados Unidos ha aumentado desde 575 puntos básicos desde abril del año pasado a 750 puntos hoy. El precio de los Credit Default Swaps, CDS, que es la prima de seguros que pagan algunos inversionistas para protegerse de un posible incumplimiento de la deuda colombiana, se ha incrementado en un 35% desde enero de 2024. En fin, Moody’s -la única calificadora de riesgo que había mantenido el grado de inversión para los títulos soberanos emitidos por el gobierno- ya los pasó a “perspectiva negativa”, lo que supone que es alta la probabilidad de que los pase a “grado especulativo”.

Como lo señaló el comunicado de la Junta del Banco de la República, emitido después de su reunión del pasado 3 de abril, esta situación reduce el margen de la política monetaria y explica las dificultades para reducir más la tasa de interés. Textualmente afirma: “Una señal clara que despeje las preocupaciones sobre la viabilidad de las finanzas públicas y asegure el cumplimiento de la regla fiscal, mejoraría la confianza de los mercados, y abriría espacios importantes para el relajamiento de la política monetaria”.

¿Cuáles son las acciones que es necesario tomar para romper ese círculo vicioso entre bajo crecimiento, altas tasas de interés y desequilibrio fiscal? Las alternativas en principio serían crecer más, aumentar los impuestos, y/o reducir los gastos.

Empecemos con la primera de estas alternativas: mayor crecimiento. Si este año creciéramos a 3,6%, en lugar de 2,6% esperado por el Gobierno, y en los próximos años creciéramos a 4%, se podría cumplir la regla fiscal este año, y las exigencias para equilibrar las finanzas públicas serían menores, porque la confianza de los tenedores de deuda pública requeriría unas menores tasas de interés.

Sin embargo, es necesario recordar una verdad de a puño: el crecimiento potencial depende de que crezca la productividad, lo cual exige a su vez que se incremente el capital disponible bajo la forma de activos fijos destinados a la producción: maquinaria, instalaciones petroleras y mineras, puertos, carreteras, edificaciones, etc. Ese incremento durante un período se denomina Formación Bruta de Capital Fijo. Pues bien, la participación de este renglón en el PIB durante 2023 y de 2024 fue solo de solo de 16,5%, la más baja desde el 2001, cuando estábamos recuperándonos de la crisis de finales del siglo pasado. Por otro lado, la inversión extranjera directa cayó en un 17% en 2024 con relación a la registrada en 2023 especialmente en su principal componente, el dedicado a actividades de la relacionada con actividades de petróleo y minería, que cayó en un 45%.

Las incertidumbres regulatorias y la franca animadversión que ha mostrado el Gobierno hacia el sector privado, especialmente en actividades mineras, generación y distribución de energía, concesiones viales, salud, etc., no son el mejor instrumento para incidir favorablemente en las expectativas empresariales. Recordemos que la inversión privada depende fundamentalmente de la rentabilidad esperada después de impuestos.

Lo que nos lleva al análisis de la segunda alternativa, el incremento en los impuestos, que ha sido la propuesta del ministro de hacienda recién posesionado. Pues bien, la carga tributaria ha aumentado notoriamente para el sector empresarial, especialmente después de la reforma tributaria de este gobierno, aprobada en 2022. Por otra parte, el decreto expedido dentro de la conmoción interior, se creó un impuesto a las exportaciones de hidrocarburos y de carbón. No es de extrañar que las dos principales empresas carboníferas anunciaran planes para disminuir sustancialmente sus niveles de producción para 2025, lo cual tendrá consecuencias sobre el crecimiento en el PIB de este año, que posiblemente no se han tenido en cuenta en las proyecciones oficiales.

La capacidad de tributación de los contribuyentes formales de la economía ya ha llegado a topes imposibles de superar. En el caso de los impuestos corporativos, la Tasa Efectiva de Tributación sobre la Renta (relación entre los impuestos sobre la renta causados y las utilidades antes de impuestos), según las cifras recolectadas por la Superintendencia de Sociedades, pasó de 40% a 65% entre 2022 y 2023, para las empresas que reportan como ”plenas individuales”, es decir aquellas que no poseen inversiones en otras empresas. Para las Pyme individuales, esa tasa efectiva pasó de 33% a 39% posiblemente por el hecho de que buen número de ellas están en el Régimen Simple de Tributación, que recordemos, el gobierno pretendía abolir con su fracasada propuesta de ley de financiamiento. La tributación sobre personas naturales, como lo saben quienes declararon renta el año anterior, ya llegó también a niveles exagerados. Si se piensa que pueden obtenerse más recursos gravando las rentas o el patrimonio de las grandes fortunas legales, vale la pena recordar que muchas de estas han optado por cambiar la residencia fiscal, motivadas precisamente por razones tributarias.

La única alternativa posible en el corto y mediano plazo es entonces la disminución en los gastos. El Gobierno se queja de las ataduras constitucionales y legales que le impiden hacer esos recortes. Ello es cierto, pero es bueno recordar que el Gobierno ha contribuido a aumentar de manera importante esas inflexibilidades. En primer lugar, la sobreestimación en los cálculos de recaudos tributarios especialmente en 2024 y 2025 incrementó los montos destinados al Sistema General de Participaciones, puestos que, según el artículo 357 de la Constitución actualmente vigente, esta participación se calcula sobre la variación de los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores, incluido el correspondiente al aforo (es decir el presupuesto) del año en ejecución.

Por otra parte, el incremento en el salario mínimo en los últimos tres años incluyendo el auxilio de transporte, ha sido de 12% en términos reales. A ello se añaden los decretos específicos de incremento a los funcionarios públicos, bastante generosos, y el crecimiento en las plantas de personal. Todo ello ha hecho que los gastos de funcionamiento hayan aumentado en un 35% entre 2022 y 2024, 20 puntos por encima de la inflación acumulada entre esos dos años, y que los gastos de funcionamiento hayan pasado de 14,5% a 17% del PIB entre 2022 y 2024. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Mfmp, el Gobierno mismo informaba que ocho leyes aprobadas en 2023 (indudablemente con el aval fiscal del gobierno) tuvieron un costo fiscal permanente de $2,3 billones, además de 20 leyes que, según el Mfmp “tienen costo fiscal, pero no se cuenta con información precisa para su estimación”.

En fin, es necesario añadir el efecto que tendrá el Acto Legislativo 3 de 2024 (aún no promulgado por el Presidente) que exige que se incremente el monto del Sistema General de Participaciones desde un 26,8% de los ingresos corrientes de la Nación (cifra del Presupuesto de 2025) a un 39,5% en un período de 12 años que deben comenzarse a contar a partir de 2027. Esto exigirá que la ley de competencias que debe reorganizar las responsabilidades entre la Nación y las entidades territoriales, exigida para que comience a cumplirse el Acto Legislativo, recorte el gasto del Gobierno Nacional en cerca de $40 billones adicionales a pesos de hoy.

La situación fiscal del Gobierno Nacional es entonces crítica. La única herramienta posible que se puede utilizar para enfrentar esta situación es una reingeniería completa en la administración central que se traduzca en un recorte considerable en gastos. Es una tarea que hay que acometer desde ya, para lo cual serán necesarias reformas constitucionales y legales que disminuyan las inflexibilidades presupuestales, acompañadas de una voluntad política enorme para no seguir en esta carrera interminable por aumentar el tamaño del Gobierno.

El trabajo forzoso corresponde al trabajo que se realiza involuntariamente y bajo amenaza de cualquier pena; por ende, está asociado a situaciones de manipulación, violencia o intimidación para obligar a las personas a realizar una labor. Entonces, hay tres elementos claves: (i) la existencia de un trabajo en cualquier actividad, formal o informal, legal o ilegal; (ii) una amenaza de cualquier índole si no se realiza el trabajo y (iii) la involuntariedad entendida como la falta de consentimiento libre e informado de los trabajadores, tanto para aceptar una oferta de empleo, como para renunciar al empleo en cualquier momento. Esto según las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Dadas las condiciones del trabajo forzoso, es sorprendente que este flagelo aún exista y sea frecuente en el mundo. Según el estudio global más reciente hecho en 2022, la OIT estima que hubo 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso; esto es casi 3,5 trabajadores por cada 1.000 personas en el mundo en un día normal entre 2017 y 2021. Por regiones, los Estados Árabes presentan la mayor incidencia relativa, con 5,3 personas por cada 1.000 habitantes; mientras que en números absolutos, en Asia y Pacífico está la mayor cantidad de trabajadores en esta condición, con 15,1 millones de personas. En el continente americano las estimaciones señalan que 3,6 millones de personas sufren este flagelo, lo que representa 3,5 trabajadores por cada 1.000 habitantes (ver Gráfica).