El debate sobre la equidad en el mercado laboral colombiano suele concentrarse en el seguimiento de las cifras tanto agregadas como desagregadas por autorreconocimiento étnico. Lo anterior, bajo la premisa de que expandir la oferta de puestos de trabajo basta para democratizar el acceso a la formalidad de poblaciones históricamente excluidas. Sin embargo, esta perspectiva de corte macro tiene un supuesto que no se cumple en todos los casos y es que los canales de intermediación y contratación operan bajo una neutralidad absoluta. Existen barreras invisibles que enfrentan las minorías étnicas, y particularmente la población afrodescendiente, donde se demuestra que la generación de empleo formal no disuelve por sí sola los sesgos estructurales en la contratación. Para identificar esta falla, el primer desafío radica en la complejidad metodológica de capturar en una medición ese sesgo implícito.

Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), aunque las tasas de ocupación entre afrodescendientes y no étnicos se muestran similares (87% y 89%, respectivamente), la calidad del empleo revela una asimetría profunda: la informalidad laboral en la población afrodescendiente alcanza un preocupante 70,8%, frente a 55,6% en el resto de los trabajadores (Dane, 2023). Los datos históricos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Dane aquí expuestos revelan una paradoja estructural: si bien la senda de recuperación económica logró contraer la tasa de desocupación (TD) de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera desde un crítico 15,2% a comienzos de 2022 hasta 10,9% en el último año móvil, la brecha frente a quienes no se reconocen bajo ningún grupo étnico-racial permanece intacta.

Con el fin de desentrañar los mecanismos detrás de esta exclusión, un reciente estudio publicado en el Journal of Development Economics por Duryea, Millán-Quijano, Morrison y Oviedo, en el cual la firma Econometría S.A.S. participó en la recolección de información, analizó el ecosistema del Servicio Público de Empleo (Spe) en Colombia mediante una metodología multifacética. El valor de su enfoque radica en que logró aislar y contrastar de manera veraz tres dimensiones del prejuicio en la contratación: el sesgo explícito, el sesgo implícito y el sesgo de facto.

La diferencia observada en las trayectorias de inserción laboral obliga a descomponer el prejuicio en estos tres tipos, los cuales operan de manera simultánea en el mercado laboral: el sesgo implícito, el sesgo explícito y el sesgo de facto. El sesgo explícito abarca aquellas preferencias o actitudes discriminatorias que un individuo reconoce de forma consciente y manifiesta de manera abierta. Por ejemplo, ante preguntas que presenten postulados como: el trabajador negro en promedio es más perezoso que el trabajador blanco. En contraste, el sesgo implícito opera a nivel subconsciente, mediante estereotipos automatizados que se activan de manera involuntaria en la estructura cognitiva del tomador de decisiones, alterando su criterio sin que este lo perciba. Cuando estas dinámicas psicológicas alteran la conducta observable, se transforman en un sesgo de facto, el cual se materializa en la exclusión medible de las minorías dentro de los procesos de selección y contratación. El gran desafío metodológico radica en la captura de información veraz sobre el sesgo implícito. Al emplear encuestas tradicionales con preguntas directas sobre prejuicio racial, los datos se ven contaminados por el sesgo de deseabilidad social, un fenómeno psicológico donde los evaluados ocultan sus verdaderas posturas para alinearse con lo aceptable o políticamente correcto.

Para romper esta barrera metodológica, el estudio recurrió al Test de Asociación Implícita (Iat) desarrollado por la Universidad de Harvard, una herramienta experimental idónea para este propósito. Al medir en milisegundos la velocidad de reacción cognitiva de una persona al emparejar rostros entre distintos grupos étnico-raciales y rostros de personas blancas con atributos positivos o negativos, el Iat anula la capacidad de racionalización consciente, desnudando las barreras automáticas del evaluado antes de que opere el filtro de la corrección social. La robustez de este diagnóstico conductual se consolidó al integrarse con una base de datos masiva que delimita con precisión el marco analítico del paper. Se procesaron registros administrativos de 348.919 hojas de vida de buscadores de empleo formal y 76.557 vacantes del Spe a lo largo de un año, cruzando esta información con el testeo y caracterización exhaustiva de 349 orientadores laborales distribuidos en 80 centros de empleo administrados por 26 cajas de compensación familiar en el país. Esta estructura de datos permitió validar estadísticamente cómo las pulsaciones cognitivas medidas en el Iat score se traducen directamente en asimetrías de selección en el mercado real.

Al dividir a las oficinas de empleo de manera aleatoria en un grupo de control (aquellos orientadores que operaron a ciegas sin recibir información sobre su desempeño) y un grupo tratado (quienes semanas después de esta prueba inicial recibieron un feedback directo mediante reportes personalizados por correo electrónico y llamadas de sensibilización), las curvas de distribución de densidad Kernel aparecen prácticamente superpuestas. Sus medianas se sitúan en niveles casi idénticos de 0,663 para el control y 0,658 para el tratamiento. En la metodología global de Greenwald, cualquier puntuación que supere el umbral de 0,65 puntos representa un nivel severo de sesgo automático antiafrodescendiente.

Colombia podría estar entrando en una transición demográfica más rápida de lo que el público reconoce. Durante décadas, las discusiones en el país se han orientado alrededor del crecimiento poblacional; más niños, más demanda educativa, más jóvenes entrando al mercado laboral. Sin embargo, hoy el enfoque de la discusión ha venido cambiando. Los nacimientos muestran una tendencia decreciente y la tasa global de fecundidad se ubica en mínimos históricos. En 2023, Colombia llegó a 1,2 hijos por mujer, con una reducción de nacimientos de 10,1% frente a 2022 y de 30,3% frente a 2014. (DANE, 2024) La magnitud de la variación del indicador sugiere un cambio estructural en la distribución y organización poblacional: menos nacimientos, hogares más pequeños, inicio de periodos de maternidad más tardíos y una pirámide demográfica que empieza a perder su base. El debate de fondo no es solo cuántos hijos se tienen, sino qué tipo de sociedad, economía y sistema de protección social puede sostenerse cuando nacen cada vez menos personas.

La caída de la fecundidad no es un fenómeno exclusivamente colombiano. América Latina y el Caribe también atraviesan una fase de descenso de la natalidad y envejecimiento progresivo. Para 2024, la tasa global de fecundidad promedio de América Latina se ubicó en 1,79 y la del Caribe en 1,5, ambas por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. (CELAC, 2025) En esa línea, los datos demográficos de la CEPAL muestran que Colombia avanza más rápido que el promedio regional. Mientras América Latina registra una fecundidad de 1,79, Colombia se ubica en 1,63, es decir, 9,4% por debajo del promedio regional. También, Argentina ya registra una fecundidad más baja que Colombia, con 1,51, mientras Perú se mantiene en 1,94.

Según estas proyecciones, Colombia rompería la barrera de fecundidad de 1,60 alrededor del año 2027, mientras que la región, en promedio, no llegaría a ese nivel ni siquiera para 2050, pues se  proyecta que será en dicho año de 1,69. Un caso interesante es el de Chile en donde, para 2024, el indicador ya se ubicaba alrededor de 1,14 hijos por mujer, y se proyecta en 1.24 para 2050.  (CELAC, 2024) En contextos de fecundidad muy baja, como Chile, o en países que avanzan hacia ese escenario, como Colombia, es posible anticipar presiones sobre los sistemas de cuidado, el mercado laboral y los esquemas de protección social. La comparación regional no debe llevar a normalizar el fenómeno, pues Colombia enfrenta esta transición con alta informalidad, baja cobertura pensional y cargas de cuidado desiguales, condiciones que pueden reducir su capacidad de respuesta ante el envejecimiento.

Como funcionaria judicial, conocí de cerca el gran reto que enfrentan los juzgados, tribunales y altas cortes para revisar y sistematizar oportunamente millones de documentos con contenidos fácticos y normativos (expedientes, informes, mapas, bases de datos). En 2018, precisamente en la búsqueda de herramientas que hicieran más eficiente ese trabajo, la corte para la cual trabajaba me encargó tomar un curso sobre big data y analítica de datos. Allí nos hablaron del machine learning como la gran promesa. Hoy, esa tecnología es la base de la inteligencia artificial (IA) generativa; la misma que usamos cada vez que consultamos a ChatGPT, Gemini o Notebook.

El sector justicia lidera el uso de IA en el Estado colombiano con 54 sistemas, tanto más meritorio cuanto Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor proporción (25%) de adopción en el sector público (Sistemas de Algoritmos Públicos, Universidad de los Andes, 2026). La aplicación de esta herramienta en actividades de tan alto valor genera preocupaciones pertinentes que, en todo caso, no pueden justificar su descarte. Claro que vale la pena apoyarse en IA para la prestación del servicio de justicia; pero, eso sí, tomando las precauciones que su naturaleza exige.

En sano juicio, para preservar la garantía del juez natural y el debido proceso (Sentencia T-323 de 2024), la Corte Constitucional determinó que la IA no puede sustituir el razonamiento de los jueces -es decir, la valoración de pruebas, construcción de argumentos y toma de las decisiones sobre casos concretos-. Sin embargo, esta tecnología sí puede optimizar el desarrollo de actividades de gestión asociadas al servicio judicial.

Este es el caso de los instrumentos cuya construcción lideramos desde Econometría SAS, para atenuar las dificultades que enfrentan entidades del sector justicia en el manejo de grandes volúmenes de información. Principalmente, utilizamos sistemas de inteligencia artificial basados en técnicas de aprendizaje automático, incluidos modelos capaces de analizar lenguaje y generar respuestas o borradores de texto a partir de instrucciones. Entre ellos están los modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Models, LLM), que permiten procesar grandes cantidades de información escrita, identificar patrones y apoyar tareas de sistematización documental, siempre bajo orientación humana.

La experiencia con estas herramientas nos ha permitido identificar tanto sus virtudes como sus riesgos, así como diseñar estrategias para prevenirlos o mitigarlos. En el caso de la gestión judicial, se ha evidenciado su utilidad para encontrar información específica en abundantes contenidos normativos: miles de páginas con normas constitucionales, legales, jurisprudencia y doctrina pueden ser revisadas por sistemas entrenados para identificar datos puntuales y organizarlos para el análisis. Asimismo, lo encontrado puede alimentar indicadores para medir la garantía de derechos individuales y colectivos, con lo cual se fortalecen los instrumentos de monitoreo de las instituciones judiciales. Esto, además, puede lograrse en tiempos sustancialmente menores a los que emplearía un equipo humano, y sin ocupar ejércitos de funcionarios en la lectura de millones de documentos.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el uso de este tipo de tecnología en un tema tan importante como la justicia plantea alertas. Por ejemplo, como lo generado por IA depende de los datos con los que se alimenta, si aquellos son falsos o sesgados, así mismo serán los resultados. Igualmente, al revisar con ojo experto sus respuestas, es posible encontrar que sean equivocadas o imprecisas. Por eso es fundamental no simplemente delegar funciones a la tecnología, sino supervisar críticamente su uso y resultados.

En la gestión pública, la conciencia sobre las bondades y riesgos de trabajar con IA, junto con el conocimiento del correspondiente marco normativo, permite utilizar responsablemente una herramienta con tanto potencial. Econometría, tras la experiencia en este proceso, identifica 4 aspectos clave para usar responsablemente IA en proyectos vinculados al servicio judicial:

1. Controlar la calidad de los datos y administrarlos éticamente.

Es necesario establecer la disponibilidad, calidad, integridad y pertinencia de la información que alimentará los sistemas, para poder administrarla bajo valores éticos compartidos. Así se garantiza inclusión, imparcialidad, confianza pública y legitimidad del sistema y sus resultados. Los principios de buenas prácticas de la OCDE (2021) sobre la ética de datos en el sector público, y las directrices para el uso de sistemas de IA en cortes y tribunales de la Unesco (2026) son buenos referentes.

2. Entrenar y probar los sistemas de IA hasta hacerlos robustos, seguros y confiables.

Al entrenar sistemas de IA es clave hacer un escrutinio constante de datos, instrucciones dadas, funcionamiento, salidas, capacidades, limitaciones y riesgos del uso de la herramienta para identificar maneras de prevenir o mitigar consecuencias perjudiciales. Con mecanismos de gestión de riesgos se pueden reparar o retirar de manera segura sistemas que muestren potencial de daños o comportamientos no deseados. Igualmente, deben existir procedimientos para proteger la integridad de la información (OCDE, 2024).

3. Crear mecanismos de rendición de cuentas.

Todos los actores que participen en el diseño, instalación u operación de sistemas de IA deben responder por sus resultados, salvo que se demuestre que la responsabilidad de los daños generados solo recae sobre uno o algunos de ellos. En esta línea, se debe garantizar la trazabilidad del funcionamiento de los sistemas durante todo su ciclo de vida (Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2021).

4. Garantizar transparencia, explicabilidad, imparcialidad, privacidad y seguridad.

Quienes diseñen sistemas de IA, dentro o fuera de las instituciones judiciales, deben suministrar información significativa como: fuentes de los datos que los alimentaron, su diseño, proceso de entrenamiento, lógica tras las predicciones, y capacidades, limitaciones y oportunidades de mejora. Una divulgación responsable asegura que los operadores comprendan y cuestionen tanto el funcionamiento como los resultados de los sistemas (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, 2025).

Además, para evitar que sistemas de IA refuercen formas de discriminación (como el racismo y el sexismo), los creadores deben cuidar que los datos sean suficientes e imparciales. Mejorar la calidad de la información a ingresar y eliminar variables que produzcan sesgos son cuidados que deben estar presentes de manera permanente. Para esto, una medida importante es conformar equipos multidisciplinarios y diversos que, desde el inicio, garanticen la imparcialidad de los sistemas (OCDE, 2022).

Por último, es fundamental proteger la reserva de los datos personales y sensibles que se dan a conocer a las instituciones judiciales (Consejo Superior de la Judicatura, 2024). La implementación de medidas de ciberseguridad es indispensable para prevenir accesos no autorizados, afectaciones sobre los datos y riesgos para la integridad de los sistemas (Presidencia de la República, 2026).

El anterior listado solo comprende recomendaciones de mejores prácticas para el uso ético y responsable de IA en proyectos vinculados al servicio judicial, de acuerdo con los cuerpos normativos y de soft law que se vienen construyendo a nivel local e internacional (los mismos que aplicamos a nuestros proyectos).

Para finalizar, la tecnología puede potenciar sustancialmente el desempeño de funcionarios y el impacto de instituciones judiciales en la garantía de derechos. En todo caso, y como decimos en Econometría: la IA no anda sola; requiere de humanos expertos que le den vida, la nutran, la entrenen, la monitoreen y la retiren cuando lo consideren pertinente.

La región de La Mojana, ese complejo entramado hídrico que une a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, se encuentra hoy en el epicentro de un debate fundamental para el desarrollo rural de Colombia: la transición de una economía de subsistencia a modelos de gestión comunitaria resilientes. En este territorio, donde los índices de pobreza superan en 1,5 veces el promedio nacional y la vulnerabilidad ambiental dicta el ritmo de la vida, ha emergido un actor determinante que está redefiniendo las estructuras de poder local: la mujer rural. Los resultados de una reciente evaluación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en articulación con Econometría Consultores, sobre el fortalecimiento de las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) en la zona demuestran que el empoderamiento femenino no es solo una cuestión de ética, sino el motor más eficiente para la adaptación climática y la transparencia administrativa.

En el extremo norte del país, donde la geografía colombiana se funde con el Caribe, se alza la Serranía de la Macuira, un lugar que desafía la lógica del desierto wayuu. Este ecosistema de bosque nublado, único en la zona de la Alta Guajira, funciona como oasis crítico y regulador hídrico en una región marcada por la aridez. Es aquí, en el Parque Nacional Natural Macuira (PNN Macuira), donde la desertificación y la variabilidad climática amenazan la seguridad alimentaria de su población.

Este departamento, a su vez, ha enfrentado una realidad social apremiante. Según los datos más recientes del Dane, La Guajira encabeza las estadísticas nacionales de inseguridad alimentaria. Bajo la metodología Food Insecurity Experience Scale (Fies, por sus siglas en inglés), que mide el acceso a los alimentos en términos de cantidad y calidad, el departamento registró una prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave de 52,4% en 2024. Esta cifra no solo es la más alta del país, sino que duplica el promedio nacional, que se sitúa en 25,5%, lo que evidencia una brecha crítica en el acceso básico a la nutrición, situación que exige soluciones estructurales y urgentes.

Colombia es el país de América del Sur que tiene más celulares por cada 100 personas y es segundo, detrás de El Salvador, en América Latina. En Colombia tenemos 167 celulares por cada 100 personas, lo que quiere decir que cada colombiano tiene más de un celular y medio (International Telecommunication Union, 2026), contando a los recién nacidos. Y es que el celular se ha vuelto un aditamento del cuerpo humano desde muy jóvenes. En promedio, un niño recibe su primer celular a los 11,6 años en el mundo (Universidad de Stanford, 2022), mientras en Colombia 35% de los niños entre 6 y 9 años ya tienen uno propio (CRC, 2024). En este sentido, existe una gran preocupación por el uso del celular en los colegios, pero ¿se debe o no restringir el uso de celular en los colegios?
Desde la década de los noventa comenzaron las primeras prohibiciones de celular en algunos colegios de Estados Unidos para combatir a los expendedores de drogas. Sin embargo, tras su popularización por los bajos costos unitarios, el ataque de un hombre armado en un colegio de Colorado en 1999 y los ataques del 11-S en 2001, se levantaron las restricciones, identificando que los celulares podían ser más prácticos que dañinos (Ballaro, Beverly y Ginsburg, Jill, 2024). De acuerdo con una encuesta nacional de 2008 en Estados Unidos, 60% de los estudiantes reconoció que, gracias al celular, ahora podían comunicarse con sus padres. Pero la llegada de las redes sociales, la pandemia del covid-19 y los chatbots de IA agregaron más complejidad al asunto. Hoy en día los jóvenes están expuestos a distracciones durante su tiempo de aprendizaje, riesgo de delegar actividades claves para su propio desarrollo cognitivo a la IA, ciberacoso, sexting, acoso, desinformación, aislamiento social y robo de datos. Con todo esto, para el entorno latinoamericano, los celulares siguen siendo un medio eficiente para que los padres mantengan comunicación con sus hijos, especialmente para asuntos médicos o de seguridad, por lo que no es claro el camino a seguir.

En Econometría Consultores pensamos que cuando la duda asalta, lo mejor es medir; y este parece ser el camino que se ha seguido desde los grandes think tanks de políticas públicas. Desde 2024, la Universidad de Stanford, el Banco Mundial y el BID apoyaron una iniciativa que busca medir el efecto de restringir el uso de dispositivos móviles, incluyendo celulares, en los colegios Uncoli de Bogotá. En los resultados preliminares se encontró que 61% de los docentes reportaron percibir mayor concentración en los estudiantes, 52% nota mayor participación en clase y 66% percibe más interacción social en los recreos; sin embargo, aún están pendientes los resultados sobre los efectos causales de la iniciativa. En 2025, Econometría Consultores ayudó al BID a implementar la iniciativa “Conectad@s de Verdad”, que promovía la restricción del uso de celulares en colegios públicos de Lima a través del uso de estuches personales que bloquean la señal. El estudio pretende medir los efectos de la restricción sobre habilidades socioemocionales y aunque los efectos causales aún están siendo analizados, el acompañar la implementación dejó algunas enseñanzas.

La presente semana estuvo marcada por dos eventos clave: la publicación de los datos del crecimiento del PIB de 2025 y las manifestaciones a favor del incremento del salario mínimo. Eventos cuya conexión vale la pena explorar.

Recientemente, Econometría Consultores participó en la evaluación de impacto del Programa de Innovación en Empresas (Proinnova) en Paraguay, donde, con orgullo, constatamos que Colombia es referenciada como la “meca de los datos y la evaluación” en América Latina.

En la revisión de la información pública disponible sobre variables clave para medir mejoras en productividad empresarial, identificamos que no todos los países de la región cuentan con información tan nutrida y actualizada como la de Colombia y que, además, buena parte de estos datos se presenta en sistemas eficientes y de fácil acceso.

Colombia, a través de su principal entidad de información oficial, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), produce datos en 22 temas diferentes que abarcan mercados de bienes y servicios -crecimiento económico, construcción, industria, servicios, agricultura, comercio y precios-, el mercado laboral y estadísticas de innovación, tecnología y variables sociodemográficas, incluidos indicadores de pobreza, salud y educación.

A esto se suma el Banco de la República, (sus estudios técnicos) que ofrece series históricas de variables del mercado monetario como tasas de interés, agregados monetarios y crediticios, operaciones de mercado y deuda pública.

En particular, los datos de inflación y del índice de precios al consumidor están disponibles desde 1955.
Esta buena práctica de recolección, sistematización, uso y presentación de la información ha permeado a otras entidades del nivel local y regional, así como a la academia y a organizaciones de la sociedad civil.

Además, la Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, realiza un monitoreo trimestral de la actividad económica de la ciudad con datos satelitales y de movilidad a través del Observatorio de Desarrollo Económico.
La Alcaldía de Medellín cuenta con observatorios de políticas públicas y con el Observatorio Turístico de Medellín (Otm), que recopila y analiza datos de alojamiento, transporte y eventos para avanzar hacia un modelo de destino turístico inteligente.

En la misma línea, entidades mixtas y organizaciones de la sociedad civil no solo recolectan información, sino que han estructurado áreas de investigación que producen datos, generan evidencia y documentan fenómenos sociales.

Es el caso de Profamilia, que analiza variables relacionadas con la salud sexual y reproductiva en contextos nacional e internacional, y de la Fundación Plan Internacional Colombia, que desarrolló el “Observatorio: Contando lo invisible”, con información estadística e investigaciones sobre embarazo infantil forzado, embarazo adolescente, violencia contra la niñez, adolescencia y juventud, así como matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas, entre otros.

La relevancia de la información y de su actualización periódica radica en su capacidad para visibilizar problemáticas, generar evidencia y sustentar decisiones estratégicas en el diseño, planeación y ajuste de políticas y programas que mejoran la calidad de vida y promueven el crecimiento económico inclusivo y sostenible. En Colombia, la evaluación de iniciativas públicas es un mandato constitucional y una buena práctica impulsada por los gobiernos.

La oficina de Sinergia del Departamento Nacional de Planeación, encargada del seguimiento y evaluación de políticas públicas estratégicas, cuenta con un repositorio de 347 evaluaciones en 23 sectores, que van desde inclusión social y reconciliación hasta ciencia, tecnología e innovación, pasando por salud, educación, defensa, cultura, comercio, vivienda y agricultura.

Estas evaluaciones se realizan desde 1997, con un promedio de 13 por año.

Sin embargo, preocupa la tendencia reciente: mientras entre 2010 y 2013 se realizaron 106 evaluaciones, y entre 2018 y 2021 se hicieron 60, en el periodo 2022-2025 la cifra cayó a 32.
De igual forma, otras entidades del Gobierno, como el Icbf, Minciencias y varios ministerios, han reducido de manera significativa sus procesos evaluativos en los últimos años.

Las prácticas de recolección de información y evaluación deben mantenerse y fortalecerse, especialmente en un país como Colombia, que ha acumulado una experiencia valiosa con impacto no solo en entidades del Gobierno nacional, sino también en gobiernos locales y en otros países de América Latina.

La continuidad de estos procesos de evidencia, análisis y reflexión es fundamental para garantizar la calidad, pertinencia, adecuada focalización y eficiencia de las intervenciones públicas y privadas, más aún en un contexto de reducción de recursos de cooperación internacional y alta volatilidad económica.
La evaluación no solo debe continuar, sino profundizarse. Persisten vacíos en el monitoreo de temas sociales, ambientales y económicos, así como de poblaciones aisladas o con baja visibilidad, cuyas necesidades no siempre están suficientemente diagnosticadas para diseñar programas eficaces. Además, existe información valiosa que, por razones administrativas o legales, no está disponible para la evaluación, lo que limita su potencial de uso. Un ejemplo es la información tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que permitiría evaluar el impacto de beneficios tributarios para empresas y personas naturales.

En conclusión, la generación de evidencia y las buenas prácticas de evaluación deben ser una prioridad para el próximo gobierno.

En un contexto en el que las cifras de deuda pública de Colombia sugieren la necesidad de recortes de gasto y prudencia fiscal, la evaluación puede ser una aliada clave para mejorar eficiencia y efectividad.
Los procesos evaluativos y los datos son una inversión, no un gasto: permiten mejores diagnósticos, optimizar la implementación, tomar decisiones más acertadas y de mayor impacto, y construir sobre los aprendizajes del pasado.

2025 fue un año con un desempeño relativamente bueno, particularmente si se le compara con los dos años inmediatamente anteriores. El PIB tiene una alta probabilidad de terminar alrededor de 2,8% e incluso en 3%, lo que estuvo ligeramente por encima de lo que esperaban los analistas hace un año (2,5%) y concuerda dentro del rango que esperábamos en Econometría hace un año (2,5-3%). En cuanto al mercado laboral, sus indicadores sorprendieron bastante a los analistas: mientras que hace un año esperaban en promedio una tasa de desempleo de 10%, ésta muy posiblemente cierre alrededor de 9%. Sin embargo, a estos buenos números, se les antepone una inflación que no se disminuyó durante 2025 y, en consecuencia, unas tasas de interés aún más altas. Lo anterior tiene una explicación: el alto déficit fiscal que el Gobierno ha generado. Por su parte, 2026 es un año que continuará, en gran medida, con esta dinámica de crecimiento inflacionario jalonado por la política fiscal. Esperamos que el crecimiento del PIB esté en un rango entre 2,5% y 3,0%, por debajo de su potencial, y una inflación que cerraría alrededor del 6%-7% pero con un sesgo más alcista que bajista. Pero además de esta dinámica, existen otros fenómenos que tendrán gran relevancia en este año.

Según la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Como Vamos, en el año 2025 solamente el 14,91% de los ciudadanos se siente satisfecho con el cuidado del espacio público de su barrio, y el 35,9% con el estado de los andenes. Históricamente, los bogotanos tienen una satisfacción con su vivienda entre el 75% y 80%, mientras que respecto a los espacios públicos, la satisfacción oscila entre el 35% y 40% (Encuestas Bogotá Como Vamos 2023, 2024 y 2025).

Simultáneamente, Bogotá recibió 524.000 metros cuadrados de espacio público por cesión de urbanizadores y constructores (Dadpep, 2025), y en la anterior administración se recuperaron 4 millones de metros cuadrados mediante procesos de restitución, acciones judiciales y entregas voluntarias.

Estos datos revelan dos paradojas: por un lado, la administración despliega enormes esfuerzos institucionales, logísticos y operativos para producir y recuperar sus espacios públicos, pero la ciudadanía percibe que su estado es insatisfactorio. Y por otro lado, las personas aprecian más su espacio privado que el espacio público de la ciudad. Cuando esto sucede, una ciudad no es una ciudad plena, es solo una aglomeración.

Por definición, lo público es aquello que no está oculto. En términos urbanísticos, este concepto se expresa en los espacios públicos, que se pueden definir como el conjunto de lugares, infraestructuras, elementos naturales y construidos que son accesibles para todos, sin distinción de su condición individual. Se puede decir que una ciudad es tan democrática, diversa e incluyente como lo son sus espacios públicos. Como lo señala Jünger Habermas “La ciudad es el espacio público donde la sociedad se fotografía, el poder se hace visible y se materializa el simbolismo colectivo”.

Ayudar a comprender estos fenómenos, en los que la realidad percibida no coincide con la realidad institucional, es uno de los retos de la evaluación de políticas públicas, cuyos métodos y orientaciones no tienen correspondencia inmediata con las percepciones colectivas y no tienen suficiente aprecio y legitimidad.

Ese es uno de los retos que se derivan del análisis de sistemas complejos como las ciudades y la necesidad de tener enfoques comprensivos de la realidad y sus problemas emergentes.

En el caso del espacio público, un estudio realizado por Econometría para la Secretaría Distrital de Planeación sobre la política de recuperación del espacio público en Bogotá, ha permitido comprender que nuestras ciudades han tenido avances valiosos en la conceptualización y desarrollo de políticas y modelos de gestión integral del espacio público. En Bogotá, las primeras políticas se enunciaron en el marco del plan estratégico realizado en la década de los noventa, bajo iniciativa de la Cámara de Comercio y universidades, con un enfoque orientado a la competitividad urbana. Posteriormente, se consolidó un marco institucional, presente en el POT de Bogotá de 1997, políticas e instrumentos que permitieron conformar un esquema complejo de acciones, con énfasis en la generación, recuperación y sostenibilidad.

Hoy sin embargo, estas acciones se perciben como insuficientes frente a dinámicas de ocupación, uso y conflictos en el espacio público, que desbordan capacidades institucionales y cuya comprensión obliga a estudiar opciones alternativas a las tradicionales actividades de recuperación y gestión defensiva de nuestros lugares comunes.

La primera condición es aceptar que con el espacio público pasa algo parecido a ciertas enfermedades dermatológicas, que se manifiestan en la piel, pero su origen y causas provienen de disfuncionalidades internas del organismo, en este caso, la ciudad y la sociedad. La congestión, la contaminación, la informalidad, la desigualdad, la presencia de basuras, la intolerancia son patologías que se manifiestan en el exterior, pero su tratamiento amerita intervenciones profundas en aspectos como economía informal, cultura ciudadana, modelos de negocio sin economía circular, dependencia del transporte particular, regionalización y ausencia de gobernanza urbana.

En segundo término, conviene revisar las políticas públicas, tanto nacionales como locales, que se han concentrado en resolver un déficit cuantitativo de espacio público material y la recuperación centrada en la acción policiva, mediante operativos de restitución con altos costos logísticos, conflictos sociales y juegos del gato y el ratón entre autoridades e infractores. La calidad del espacio público y la diversidad de sus usos, son criterios que aún requieren ser desarrollados en mecanismos de gobernanza que recojan iniciativas y prácticas sociales, privadas y comunitarias.

Es hora de revisar la meta recurrente de llegar a tener entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. En los casos más exitosos, se ha llegado a un estándar de 4 metros cuadrados por habitante, con altos costos en inversión pública y sin resultados en calidad del espacio público. Además, esta meta se mide por población residente, y la tendencia de nuestras ciudades es tener cada vez más población flotante, que demanda y ocupa temporalmente los espacios públicos con alta intensidad e impacto en los entornos, sin mecanismos de gestión responsables y sostenibles.

Gran parte de los problemas en el espacio público se dan por externalidades de los usos del suelo en los espacios privados: establecimientos que atraen visitantes sin solucionar sus estacionamientos, locales que generan ruido, publicidad y desperdicios. Eventos que usan calles y ciclovías sin planes de manejo de impactos o riesgos.

Los Planes de Ordenamiento Territorial, la reciente ley contra el ruido y numerosas iniciativas ciudadanas en temas como arte, cultura, innovación o renaturalización urbana tienen posibilidades de enriquecer las formas de gestionar y controlar nuestros entornos, para lo cual los modelos de gestión institucional deben abrirse a sistemas cooperativos que permitan mayor corresponsabilidad y gestión urbana compartida.