La poca confianza en el Estado puede basarse en varias hipótesis. Una de las más recientes, planteada por la OCDE en 2018, afirma que a medida que se va reduciendo la pobreza va creciendo una clase media vulnerable, con posibilidades de caer en la pobreza, y más exigente con el Estado. La insatisfacción con los servicios públicos, la educación pública, y la seguridad ciudadana es creciente. Y a este hecho estructural de baja confianza en el Estado se le suma la crisis generada por la pandemia, que aumentó la pobreza, generó desempleo y redujo los ingresos de muchos hogares.

Por esto es necesario fortalecer el papel del Estado. En su libro “Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural” Econometría plantea que los resultados macroeconómicos del Estado en términos de la estabilidad macroeconómica han sido satisfactorios. Sin embargo, los resultados microeconómicos, en términos de eficiencia del gasto público y la satisfacción de los ciudadanos, han sido mediocres.

Para enfrentar este reto, es necesario que llegue un gobierno que genere confianza, que tenga como objetivo atacar la corrupción, pero es importante ir más allá. Varias propuestas. Por un lado, la reforma presupuestal. En Colombia se sabe cuánto gasta el sector público, y se controla cada peso que se gasta, pero no se sabe exactamente para qué se gasta y qué se logra con ese gasto. Es importante reformar la forma de hacer el presupuesto a una que permita identificar y hacer seguimiento a los programas y proyectos para identificar si ese gasto es eficiente para lograr sus metas e impactos en la calidad de vida de los ciudadanos.

Se conoce el presupuesto por entidad, y su división entre gastos de nómina, transferencias e inversión, pero no se sabe si el gasto de nómina está condicionado a algún resultado específico, o atado a la inversión. Para esta reforma, la coordinación entre el Departamento Nacional de Planeación, encargado del gasto de inversión, del Ministerio de Hacienda, encargado del gasto de funcionamiento (nómina y transferencias), y del Departamento Administrativo de la Función Pública, el departamento de talento humano del Estado, es esencial. Otro punto importante es la cultura de servicio al ciudadano. Contamos con un Estado desconectado de las necesidades y las exigencias de los ciudadanos. El servicio al ciudadano en muchos casos es paquidérmico. Mientras que en el mercado se ha evolucionado hacia un servicio experiencial, en el Estado no existe una cultura de servicio acompañada de unos procesos que lo agilicen.

Aunque uno de los grandes logros de la Constitución de 1991 es la tutela para agilizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, y cuando no se cumple un derecho, el desacato puede llevar una orden de arresto de un funcionario, este mecanismo debería ser la excepción. En muchos casos es la regla. Mientras más tenga que usar el ciudadano este mecanismo para lograr el cumplimiento de sus derechos, menos confianza en el Estado tendrá. Claramente, es necesario compatibilizar las exigencias ciudadanas con las capacidades del Estado, pero para eso es importante entender bien no solo con cuantos recursos se cuenta, sino también para qué se usan y la eficiencia en su uso. Este punto nos lleva nuevamente a una reforma presupuestal.

La pandemia generó un aumento en el gasto público y una disminución en los ingresos por impuestos, y por consiguiente un aumento de la deuda. El país enfrenta la doble obligación de ajustar las finanzas públicas para preservar la estabilidad macroeconómica y sostener o inclusive aumentar el gasto público para continuar atendiendo los efectos negativos de la pandemia. Es un doble reto: una reforma tributaria, ojalá basada en la confianza de los ciudadanos. Pero para esto es esencial fortalecer el desempeño del Estado para atender las necesidades de los ciudadanos. Ganarse la confianza de los ciudadanos.