En los últimos años, la emigración de colombianos ha experimentado un aumento significativo. Según cifras de Migración Colombia, en 2022 se presentó la mayor salida de colombianos en la historia reciente, fueron 547.000 personas solo en ese año. Esto fue 2,7 veces el promedio anual registrado entre 2012 y 2021. Además, en 2023 se sumaron 446.000 personas a ese éxodo. Los colombianos salieron principalmente a Estados Unidos (30,6%), México (13,4%) y España (12,5%) (ver gráfica). Las cifras también permiten ver que, en ese año, 307.000 personas reportaron que su salida del país estaba motivada por trabajo o negocios.

El impacto económico para Colombia de estas migraciones se refleja en el fuerte crecimiento de las remesas, que han pasado a ser un componente crucial del ingreso de hogares colombianos. Según el Banco de la República, en 2022 las remesas crecieron en un 10%, superando por primera vez los US$10.000 millones. En 2023 se presentó otro crecimiento de 7%, mientras que en 2024 se registró un crecimiento de 15%.

Si bien las migraciones laborales pueden tener vocación de permanencia, también es cierto que estos movimientos pueden ser temporales, estacionales, pendulares o circulares, es decir, trabajadores que migran laboran y regresan a Colombia repetidamente. También ocurre que las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones habilitan el trabajo remoto y el teletrabajo, lo que implica que incluso la persona que trabaja se ubique en terceros países, más allá de su país de origen o del país destino del trabajo.

En el contexto mundial de transición demográfica que hará cada vez más escaso el recurso humano, es clave contar con políticas públicas de movilidad laboral que promuevan la gestión y aprovechamiento de la mano de obra y las vacantes de trabajo que se generan más allá de las fronteras nacionales, incrementando el crecimiento y el bienestar social.

En Colombia existen algunos instrumentos bilaterales que permiten ordenar los flujos laborales. Uno de ellos es un acuerdo de flujos migratorios con España que está vigente desde 2001. En ese momento ambas naciones notaron que España tenía vacantes laborales que no podían llenar sus connacionales, mientras que Colombia tenía una mano de obra relevante disponible para cubrir esas vacantes. Por ello, se firmó este acuerdo con el propósito de favorecer la migración laboral, promoviendo el respeto a los derechos humanos, previniendo migraciones clandestinas y la explotación laboral.

Aunque el acuerdo inició su funcionamiento tímidamente y España tuvo un periodo de recesión económica alrededor de 2014, desde 2023 se ha dinamizado. Operado por el Sena, entre enero de 2023 y mayo de 2024, el acuerdo logró un flujo migratorio de 2.682 trabajadores, con la particularidad que la gran mayoría de quienes participaron en él lo hicieron en el sector agrícola y de manera circular. Es decir que fueron a España, trabajaron por un periodo de entre cuatro a siete meses principalmente en labores de recolección de frutos y regresaron a Colombia. Este movimiento puede repetirse cada año en contratos que tienen una duración total de hasta cuatro años y que pueden renovarse.

Otro instrumento que tiene Colombia es un proyecto que busca ordenar la migración laboral de personal cualificado, especialmente en enfermería, construcción, electricidad y entre otros, hacia Alemania. Se trata del proyecto Team (Trabajadores Especializados para Alemania) operado por el Servicio Público de Empleo (SPE), en él se brindan cursos de alemán, auxilios económicos y acompañamiento en los trámites de visa y homologación de ocupaciones. El proyecto inició con un piloto en diciembre de 2021 y desde entonces ha evolucionado con convocatorias sucesivas, la más reciente de las cuales se abrió en marzo‑abril de 2025. Además, Colombia y Alemania firmaron una declaración conjunta con el propósito de atraer jóvenes al mercado laboral alemán y evitar procesos de asilo por parte de colombianos sin perspectivas de éxito en Alemania.

Este tipo de iniciativas muestran avances importantes, aunque también enfrentan desafíos. Por eso, es clave que los resultados de sus evaluaciones -como las que ha liderado el Banco Mundial- sean analizados cuidadosamente y sus resultados apropiados por los actores claves que juegan un rol en la migración laboral. A partir de hallazgos como estos, sería valioso construir una posición nacional estratégica como parte de la política de gestión integral del capital humano en el país. Es preciso conocer qué tipo de vacantes están disponibles para los colombianos, qué habilidades requieren, cómo será el acompañamiento y apoyo a los trabajadores que hagan parte de los flujos migratorios, cómo podrán acceder a sus derechos y gozar de bienestar y cómo incide todo esto sobre la actividad económica. Además, a nivel institucional resultará clave identificar los roles de los Estados, los recursos que se destinarán para ello y cómo se implementarán y articularán, qué método de monitoreo se aplicará y cómo se intervendrá ante situaciones que pongan en riesgo a los migrantes.

Sobre los flujos laborales transnacionales ordenados hay mucho por hacer. La política pública requiere claridades e instrumentos para aprovechar las capacidades de las personas, las buenas vacantes en el mundo y garantizar que esto sea también una oportunidad de desarrollo para los países de origen.

Como resultado, Econometría estableció que el acceso a la energía eléctrica a través de estos fondos se relaciona con un incremento en el número de actividades desarrolladas en casa. Además, permite una mayor interacción entre los miembros del hogar, genera oportunidades para desarrollar de actividades productivas que incrementen los ingresos de los hogares, tiene efectos positivos sobre la salud por la posibilidad de refrigerar los alimentos, y reduce costos por la compra de productos perecederos en presentaciones de mayor cantidad y menor precio unitario.