Entre el 2 y el 6 de junio de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de la ‘Semana de la Evaluación Glocal’ (término que combina lo Global con lo Local), un espacio cada vez más relevante para reflexionar colectivamente sobre el papel de la evaluación en la transformación de nuestras sociedades. Bajo el lema “Evaluación para un futuro mejor: sostenibilidad ambiental, inclusión y paz”, esta edición reafirmó la convicción de que evaluar políticas públicas, programas y proyectos no solo es una herramienta técnica, sino una estrategia clave para enfrentar los desafíos que frenan el avance y efectividad de las políticas públicas y en particular el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con esta premisa, la agenda de eventos giró en torno a cuatro ejes temáticos: acción climática y transición justa; igualdad de género y justicia social; paz duradera; y sostenibilidad, eficiencia y crecimiento.

En sintonía con los ejes temáticos propuestos por la Semana de la Evaluación Glocal Econometría Consultores organizó cinco eventos, alineados con los subtemas centrales propuestos por Glocal. En esta columna -la primera de una serie de tres que serán publicadas en este mismo espacio- compartimos sobre el tema “Retos, avances y aprendizajes en la evaluación sobre el conflicto armado en Colombia”. El panel invitó a repensar el papel de la evaluación en contextos de conflicto y transición hacia la paz.

Una primera idea surgió a partir de dos preguntas clave: ¿en qué consistió la medición del Goce Efectivo de Derechos, GED y cuáles fueron sus principales retos? Y, ¿han existido otras experiencias evaluativas con víctimas del conflicto? Tras la expedición de la sentencia T-025 de 2004 por parte de la Corte Constitucional, el Estado colombiano se vio en la necesidad de diseñar mecanismos para medir el grado de cumplimiento de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. En ese marco, entre 2008 y 2010, Econometría Consultores fue adjudicataria de la licitación para realizar esta medición, que brindó al gobierno herramientas cuantitativas y cualitativas para dar respuesta a las exigencias del alto tribunal. Cabe destacar, además, que mediante el Auto 093 de 2008, la Corte reconoció la necesidad de proteger a grupos específicos de víctimas, como aquellas afectadas por minas antipersonales. A partir de este mandato, se formuló la política de atención a esta población, cuya evaluación, en 2016, también fue confiada a Econometría Consultores, consolidando así una trayectoria significativa en la medición y análisis de políticas públicas en contextos de conflicto.

Esta trayectoria en la medición y análisis de políticas públicas ha permitido a nuestra firma enfrentar los desafíos que implica evaluar en contextos marcados por la violencia y el conflicto. Uno de los pilares de esta labor ha sido el compromiso con el cuidado y la seguridad del equipo en el terreno, a través de procesos de formación en riesgos asociados a minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI). A lo largo de su experiencia, la firma ha sabido adaptarse a retos complejos como la dificultad para obtener muestras representativas, las limitaciones en los instrumentos de recolección y los desafíos inherentes a la medición. Frente a los obstáculos metodológicos, se han implementado estrategias como el barrido de áreas por puntos de concentración; para superar barreras de comunicación con poblaciones con discapacidad cognitiva o auditiva, se han hecho ajustes a encuestas y entrevistas con enfoque empático, de no daño y escucha activa; y, en cuanto a los retos de medición, se ha recurrido a acuerdos intersectoriales y estrategias de mejora continua. Estas respuestas han sido transversales a las evaluaciones previamente mencionadas y reflejan el compromiso de Econometría con una evaluación rigurosa, ética y sensible al contexto.

Posteriormente, se abordó la pregunta ¿cómo se definió la medición de la Superación de la Situación de Vulnerabilidad (SSV)? Este proyecto también se enmarcó en el contexto de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional. Con el paso del tiempo y los esfuerzos institucionales impulsados por el Estado colombiano, se comenzaron a observar avances significativos en la reducción de la vulnerabilidad de la población desplazada por el conflicto armado. En 2011, la Ley 1448 -conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras- introdujo el concepto de cesación de la situación de vulnerabilidad, estableciendo la necesidad de definir criterios claros para su medición. Posteriormente, mediante la Resolución 01126 de 2015, se adoptaron oficialmente dichos criterios y se definió el Índice Global de Restablecimiento Socioeconómico, herramienta clave para priorizar y focalizar la oferta institucional. En este marco, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, encargó a Econometría Consultores la construcción de un índice, con el fin de identificar a las familias que han superado su situación de vulnerabilidad y que pueden ser transferidas a la oferta normal del Estado, dejando atrás su condición de víctimas del conflicto armado.

Para esta evaluación, Econometría no recurrió a la recolección de información primaria, sino que aprovechó las dos mediciones previas del Goce Efectivo de Derechos (GED) desarrolladas en proyectos anteriores. La construcción del índice se basó en una metodología cuantitativa, específicamente mediante un modelo probabilístico tipo probit. Este modelo permitió estimar la probabilidad de que una persona avanzara en el cumplimiento de derechos, pasando, por ejemplo, de garantizar dos a siete derechos fundamentales. Una forma sencilla de ilustrarlo es a través de la analogía de una escalera: el modelo ayudó a entender qué condiciones permiten que una persona ubicada en el segundo peldaño ascienda progresivamente hasta el séptimo, entendiendo este último como el punto en el que se alcanza el pleno ejercicio de los derechos. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que el derecho a la alimentación tuvo el mayor impacto marginal en este ascenso, seguido por los derechos a la salud y a la generación de ingresos, evidenciando cuáles dimensiones tienen un papel clave en la superación de la vulnerabilidad.

La tercera gran idea del panel giró en torno a una pregunta clave: ¿cómo se utilizó la evaluación para preparar la respuesta institucional ante la firma del acuerdo de paz? Entre 2014 y 2016 -justo antes de la firma del Acuerdo de Paz, -, Econometría fue contratada por la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, para evaluar programas dirigidos a población desmovilizada. Esta experiencia dejó aprendizajes valiosos, tanto metodológicos como técnicos. En el plano metodológico, se destacaron los retos asociados al manejo de las muestras, la logística y seguridad en la recolección de datos, así como las diferencias en los resultados obtenidos a través de técnicas grupales e individuales. En el plano técnico, la evaluación permitió profundizar en temas clave como las edades de reclutamiento, las motivaciones y formas de ingreso a los grupos armados, las razones para desertar -con un enfoque especial en las diferencias por género- y la percepción de los participantes frente a la paz. Esta información no solo fue útil en su momento, sino que aportó insumos fundamentales para pensar en el diseño de políticas más eficaces y humanas en contextos de transición.

Finalmente, Econometría Consultores realizó una evaluación de resultados con el propósito de ponderar los objetivos y derroteros del proyecto de transformación territorial durante 2021 y 2024. En este proyecto se enfrentaron retos como la dificultad para contactar a los participantes, por problemas de conectividad en las zonas de conflicto. Sumado a lo anterior, hubo un desafío para recolectar información de población perteneciente a alguna etnia indígena debido a las barreras lingüísticas. Por último, hubo un desafío por la alta rotación de funcionarios estatales durante el cambio de gobierno.

En suma, Econometría Consultores ha contribuido de manera significativa al diseño, evaluación y mejora de políticas públicas orientadas al bienestar de las víctimas del conflicto armado en Colombia. A lo largo de sus proyectos, la firma ha enfrentado con éxito los retos metodológicos propios de trabajar en contextos de alta complejidad, desarrollando enfoques innovadores para la recolección de información en territorios afectados por la violencia. En escenarios de construcción de paz y posconflicto, ha acumulado una experiencia valiosa, especialmente en el trabajo con población desmovilizada. Además, ha promovido una perspectiva territorial y de derechos humanos, incorporando activamente la participación étnica y el fortalecimiento de liderazgos locales. Estas acciones no solo han nutrido las políticas existentes, sino que han sentado bases sólidas para futuras intervenciones más justas, inclusivas y sostenibles.

En su proclama “Por un país al alcance de los niños”, Gabriel García Márquez reflexiona sobre Colombia como un país de paradojas. Las relaciones laborales en el cultivo del banano para exportación bien pueden ser una de ellas y, en un típico caso de la diada within / between, el caso colombiano es de interés, tanto para nosotros mismos como para nosotros y/en el contexto internacional. El cultivo mencionado en la Masacre de las Bananeras, es el mismo cultivo cuyos estudios de caso nos posicionan internacionalmente como ejemplo de alta sindicalización, negociación colectiva de rama y pago de salarios vitales.

Conforme termino estas letras, culmino también un año de dirigir tres proyectos de cooperación técnica internacional sobre relaciones laborales en el cultivo del banano para exportación, desarrolladas con Econometría Consultores para GIZ, IDH y la OIT. Como la apnea, este buceo de inmersión ha sido un ejercicio profundo, rápido y que luego exige de reflexión y detenimiento. En estos estudios hemos encontrado patrones comunes de competitividad y cohesión social, obediencia de la normatividad laboral colombiana y, al mismo tiempo, sinceros esfuerzos regionales de ir más allá de dicha normatividad, en una visión supranacional de competitividad económica en el contexto del comercio justo. Adicionalmente, encontramos que en las relaciones laborales agrícolas en Colombia existe todo un espectro económico que requiere ser analizado de forma rigurosa y específica: quizá en aras de la Economía del Desarrollo y su énfasis en la migración rural – urbana y la convergencia regional las relaciones laborales rurales y agrícolas en Colombia han sido analizadas con categorías y consideraciones urbanas, que no reflejan la realidad del empleo agrícola.

Todo lo anterior, en el desafiante contexto de implementación de la Directiva 1760 de la Unión Europea en sostenibilidad (EU Csddd) y las posibles implicaciones que pueda tener sobre comportamientos, roles y agentes en las cadenas internacionales de valor sostenibles. Esto, teniendo en cuenta el consenso tripartita alcanzado en la reunión de expertos de la OIT sobre Políticas Salariales (incluyendo Salarios Dignos) en febrero de 2024. Estas iniciativas tendrán un escenario de revisión estratégica en la reunión que, organizada por IDH y GIZ y apoyada por el Foro Mundial Bananero y la Organización Internacional del Trabajo, tendrá lugar el 27 y 28 de octubre en República Dominicana.

Esto reviste mayor importancia aun cuando se aprecia la dinámica laboral del sector rural. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares, a marzo de 2025 el empleo agrícola representaba 15,2% del empleo total nacional y había crecido 5% con respecto al trimestre relacionado en el año anterior. En el mismo periodo, se habían generado 121.000 empleos de jornalero/peón, los cuales, sin hacer un análisis muy profundo de calidad laboral e informalidad, claramente están asociados a la dinámica del empleo agrícola.

Tal y como es el caso de otros sectores y de problemas laborales complejos, el análisis de las relaciones laborales en el banano no puede desarrollarse sin una perspectiva interdisciplinaria. Se requiere de la historia para entender el papel de los conflictos laborales bananeros, del conflicto armado en las regiones de cultivo, y de la sociología para abordar las dinámicas comunitarias de los actores involucrados. El Derecho ha provisto el análisis de las estructuras contractuales y las laborales requeridas y/o ofrecidas. Como economista laboral, considero que esta conversación ha sido fértil y espero que haya podido respetar, converger y recopilar los aportes de otras disciplinas.

Existen dos diferentes niveles de enforcement de las relaciones laborales que los sectores agrícolas formales, dirigidos a la exportación, deben cumplir. El primero, obviamente, es la legislación nacional. Cumplimiento del salario mínimo, derecho de asociación y de negociación colectiva, cobertura de seguridad social, entre otros. Pero existe otro referente de análisis, y está dado por el Fair Trade, el comercio justo. Colombia no es ajeno al tema, cabe remontarse a la Cláusula Social en la negociación del TLC con Estados Unidos. Eso a nivel macro. A nivel sectorial, existen diferentes mecanismos de supervisión de estándares laborales y ambientales, en cadenas globales de valor.

El salario digno es un concepto promovido en estos mecanismos, que ha sido involucrado por la OIT en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dentro de la iniciativa de trabajo decente. En términos sectoriales, el banano de exportación ha adscrito a la iniciativa, gracias en particular al trabajo de Augura y Sintrainagro. El esquema es particularmente prevalente en el Urabá, con alta sindicalización, convención colectiva de rama y un esquema de vinculación laboral basado en una combinación de contrato a termino indefinido y remuneración por destajo. En el caso del sector cafetero, y ante la relativamente menor circunstancia de relaciones laborales de dependencia, generadoras de salarios (reconociendo la importancia de los recolectores de café), este concepto se aplica bajo la aproximación de ingreso digno.

Implícito a todo este esquema está el aspecto de la productividad laboral. La competitividad de un producto agropecuario tiene una frontera de producción desde la perspectiva física, pues la innovación tecnológica, el efecto difusión y las economías de escala llevan a que la productividad física tenga un límite. Su potencial de avance esta claramente basado en el componente del recurso humano, en ciertos cultivos tropicales. El sector bananero ha avanzado notoriamente en el desarrollo de este modelo, en ocasiones, es mi opinión, sin analizar y deconstruir su propio avance.

Cierro este escrito como el Uróburos, devorando su comienzo. El banano es una paradoja en si. Los avances en el Urabá son inquietudes y potencialidades en el Magdalena. Las brechas laborales son, como el surco, espacios con potencial para avanzar. Notoria segregación laboral de género, la inquietud sobre el relevo generacional, un enfoque que se preocupa por el Salario Digno al momento de pagarlo, pero no se interesa tanto en el mismo a la hora de generar patrones socialmente responsables de consumo y movilidad social. Y, también resulta conveniente mencionarlo al cierre, la preocupante inmovilidad del precio internacional del banano.

Al cabo de enumerar las múltiples paradojas de nuestra realidad, García Márquez, el escritor, se abandona en su pensamiento complejo, al del mismo colombiano común que ha enumerado: “…esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable”. Espero, de corazón, que, al cabo de un año y tres estudios de profundidad sobre relaciones laborales en la producción del banano para exportación, estos informes, sus resultados y recomendaciones hagan de esta, una patria menos indescifrable.