Es importante que las medidas que se tomen aprovechen las oportunidades que el entorno ofrece para la recuperación, pero sin olvidar ponderar los efectos que ellas podrían tener en el mediano plazo sobre los hogares y sobre el medio ambiente. Por esta razón se destaca la medida tomada el pasado mes de abril por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 40111, en la que estableció que la mezcla de biodiésel con combustible fósil se incrementará de 10% a 12% en la mayor parte del territorio nacional.
Los biocombustibles son reconocidos en el mundo por ofrecer diferentes tipos de beneficios a mediano plazo dentro de los que se destaca la diversificación en el suministro de los combustibles, el fomento a la conservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo rural. Recientes análisis realizados por Econometría permiten concluir que el incremento de dos puntos en ese porcentaje incentivará el desarrollo de cerca de 50.000 hectáreas de palma de aceite, lo cual le significará al país la generación de 6.500 empleos directos y 16.300 indirectos, empleos formales que representarán salarios por más de $270.000 millones anuales.
A su vez, los mayores cultivos de palma impulsarán el desarrollo a través del encadenamiento con otros sectores. Mediante este mecanismo el incremento en la demanda de biodiésel representará al país un crecimiento cercano a 0,06 puntos del PIB, lo cual corresponderá con un valor agregado adicional cercano a los $750 mil millones anuales. Esto bajo el supuesto de que la mayor producción de esos biocombustibles se dará en el país, lo cual es razonable con las actuales condiciones de competitividad de la producción nacional.
Desde el punto de vista ambiental y de salud los impactos tampoco serán menores. Varios estudios han demostrado que la mezcla de biodiésel en los combustibles reduce la presencia de material particulado en el ambiente, material que a su vez es causante de enfermedades respiratorias y muertes anticipadas. Las estimaciones realizadas por Econometría llevan a concluir que con el incremento de dos puntos en la mezcla se reducirán los costos de atención en salud en $751.000 millones anuales y, más importante aún, que se evitarán cerca de 6.000 muertes anualmente.
En lo ambiental un segundo aporte de los biocombustibles se derivará del incremento en el área sembrada, esto porque una hectárea de palma capta 8,8 toneladas de CO2. El incentivo al incremento de los cultivos que la mayor mezcla genera permitirá captar 433 toneladas de CO2, lo que aportará a los compromisos del país frente a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y disminuirá en $17.000 millones anuales los recursos que Colombia debería destinar para el cumplimiento de la meta que al respecto se ha planteado.
Aunque los beneficios de los biocombustibles son evidentes, se debe considerar que su uso genera algunos riesgos dentro de los que destaca el posible efecto sobre la disponibilidad de alimentos, ya sea por cambios en el uso de la tierra o por la utilización de algunos productos alimenticios para la producción de biocombustibles o la potencial destrucción de bosques para la producción de los insumos agrícolas. Estos riesgos son poco probables en Colombia, puesto que la producción de palma se realiza principalmente recuperando tierras que han sido degradadas por la ganadería o aportando al desarrollo de las cerca de 15 millones de hectáreas disponibles para producción agrícola que hoy no son aprovechadas por el país, el aceite de palma se elabora con excedentes de producción de la palma y además los productores, gremios y el Gobierno Nacional han establecido un acuerdo de cero deforestación con mecanismos de trazabilidad, transparencia y monitoreo.
Internacionalmente, estos riesgos son controlados mediante normas técnicas de habilitación y certificaciones ambientales. En el caso de Colombia se cuenta también con la Comisión Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles (Decreto 2338 de 2008), en la cual participan los ministerios de Agricultura, de Ambiente, de Minas y Energía, de transporte y de comercio, así como, el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Pública-Privada. Esta Comisión analizó la viabilidad de la nueva mezcla lo cual ofrece tranquilidad sobre la no materialización de esos riesgos.
Un último aspecto para mencionar tiene que ver con el posible incremento en el precio final del Acpm. El biocombustible tiene un precio mayor que el diésel fósil, por lo que el incremento de dos puntos porcentuales en la mezcla puede tener un impacto de 2,7% en el precio final de este combustible. Frente a los beneficios que la medida ofrece este es un impacto menor, baste mencionar que ese incremento de precio corresponde a poco menos de la mitad de los costos en atención en salud que se evitarán gracias a la menor presencia de las enfermedades respiratorias.
Para concluir se debe mencionar que buena parte de los beneficios mencionados dependen de que la mayor producción de los biocombustibles se desarrolle en el país y que para ello, como ya se dijo, es importante que las condiciones de competitividad de la producción nacional se mantengan o, incluso, se mejoren. Así, medidas internacionalmente utilizadas, como la no aplicación del IVA al consumo de biocombustibles se deben mantener, y otras, como la creación de incentivos a la investigación y la inversión, se deben fortalecer.