Garantías para defensores de derechos humanos en Colombia, más allá de la seguridad personal

La historia de Colombia ha estado marcada por los riesgos de seguridad a los que se enfrentan diferentes grupos poblacionales. Persecuciones a grupos étnicos, población víctima de desplazamiento forzado, víctimas de minas antipersonales y amenazas a líderes sociales, o incluso atracos callejeros, son algunos ejemplos de poblaciones afectadas por diversos tipos de inseguridad: física, emocional, social, laboral, comunitaria, entre otros.

La Persona Defensora de Derechos Humanos (Pddh) es definida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como aquella que “individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos”. En la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos promulgada en 1998, se estableció que “la persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Los derechos que abordan las Pddh no se enmarcan únicamente en el ámbito de la seguridad personal. Por el contrario, abarcan derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. También defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales.

Así como las Pddh promueven, promulgan y vigilan el goce de una gama amplia de derechos humanos, el garantizar su seguridad va más allá de proveer seguridad física frente a posibles amenazas violentas contra su vida. Las agencias de las Naciones Unidas en Colombia, particularmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), han integrado objetivos de transformación territorial para lograr un real ejercicio libre y seguro de los liderazgos en el país, que contribuya de manera sostenible a la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

Econometría Consultores recientemente realizó una evaluación de los programas de estas dos agencias, constatando que la garantía de la seguridad de las Pddh requiere de tres elementos claves: i) la construcción de escenarios habilitantes para el diálogo social, la identificación y mitigación de riesgos; ii) la veeduría, iii) la afectación de organizaciones criminales y sus rentas, y iv) la generación de oportunidades económicas lícitas para los líderes y defensores.

En un contexto como el de Colombia, las Pddh enfrentan diferentes riesgos según la región donde habitan, el grupo al que pertenecen y la causa por la que abogan. Es por esto que políticas y programas para garantizar su seguridad deben ser construidos de manera conjunta y con la participación de autoridades locales que respondan a sus necesidades particulares. Los espacios de diálogo deben materializarse en acciones concretas, no solo para los individuos, sino también para las comunidades, mediante las cuáles se implementen y financien los programas y las políticas que los Pddh identifiquen como prioritarios para la garantía de sus recursos y se hagan efectivas las medidas de protección que debe garantizar el Estado Colombiano.

De igual forma, las Pddh deben por otra parte ser capaces, en la medida de sus posibilidades, de contribuir a identificar y autogestionar sus riesgos. Los programas de acompañamiento de las agencias de Nnuu han demostrado que es posible fortalecer las habilidades de las Pddh para reconocer riesgos potenciales y advertir los mecanismos de denuncia y protección existentes, tanto a las autoridades locales como a las nacionales. A través de procesos participativos, las Pddh pueden identificar medidas para mitigar los riesgos que generan factores como el acceso a redes sociales, y la necesidad de desplazarse de un lugar a otro. La evidencia muestra que pequeñas acciones pueden contribuir a proveer garantías para ejercer un rol de veedores de manera más segura y eficaz.

El fortalecimiento de las Pddh y las garantías para ejercer su libre liderazgo son fundamentales para los procesos de veeduría, que contribuyen a denunciar la vulneración de los derechos humanos por parte de organizaciones criminales en busca de sus rentas. Dejar de lado este proceso de empoderamiento, capacitación, generación de habilidades y protección, trae como consecuencia el debilitamiento de los espacios de rendición de cuentas y vigilancia, que son claves para el proceso de consolidación de la paz y la convivencia.

Finalmente, la estigmatización y amenazas de las que son víctimas las Pddh en Colombia afectan la generación de oportunidades económicas y, en regiones con mercados y economías limitadas, se incrementa el riesgo de participar en cultivos ilícitos.

En este sentido, las condiciones para garantizar un ejercicio libre y seguro de los liderazgos deben también contemplar programas para generar fuentes de recursos sostenibles para las Pddh, que sean acordes con las economías locales y que tengan una visión de comercialización que permita su sostenibilidad en el tiempo. Existe un gran potencial de producción en las zonas más afectadas, como por ejemplo el cultivo de cacao en Tumaco, de pimienta en Putumayo y de miel en la región caribe, que pueden llegar a mercados tanto nacionales como internacionales.

La seguridad de las Pddh es un compromiso de todos. De las autoridades nacionales y locales para garantizar su protección y la generación de medios de vida dignos y sostenibles en el tiempo, del sector privado, contribuyendo a lograr el acceso a mercados y oportunidades económicas, y de la sociedad en general, valorando las acciones que ellos y ellas realizan, evitando su estigmatización y comprometiéndonos con ser veedoras y veedores de las vulneraciones de derechos en nuestro país. Las Pddh no son solo los líderes y lideresas que viven en las zonas marginadas de Colombia. Si bien ellos son quienes más protección necesitan, nosotros también podemos esforzarnos en promover y proteger nuestros derechos, los de nuestra comunidad, los de nuestro país y los de nuestro planeta.