Un plan en el que el territorio es el escenario y el actor protagonista

Además de la estructura compuesta por grandes transformaciones y actores diferenciales, hay un énfasis fuerte en la dimensión territorial. Posiblemente, desde el Plan de Desarrollo de 1970, denominado las cuatro estrategias, que proponía la urbanización como gran eje de desarrollo nacional, no se presentaba un proyecto nacional de desarrollo con tantos retos en materia de gestión territorial y urbana.

El plan tiene grandes propósitos como ordenar el territorio en torno al agua, formalizar la tenencia y titulación de la tierra, reducir los conflictos por el uso del suelo, disminuir la segregación socioespacial en las ciudades, producir infraestructura de impacto regional, implementar modelos nuevos de manejo de parques naturales, articular más de 70 instrumentos de planeamiento y los sistemas de gestión de riesgo y de manejo ambiental, protección del suelo rural, generar infraestructura educativa, cultural y social, garantizar un mínimo vital de agua, proteger el patrimonio arqueológico y cultural, financiar y aumentar la oferta de transporte urbano y regional, conectar con infraestructura a las zonas que producen alimentos, redistribuir la propiedad de la tierra, contención de la reforestación, restauración de ecosistemas degradados, descarbonizar los sistemas de transporte público, generar barrios con áreas verdes y espacios públicos, recuperar las áreas centrales urbanas, provisión y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.

La visión del territorio y sus principales apuestas se integran a una mirada global, compartida con numerosas agendas en temas que abarcan desde energías limpias, ciudades sostenibles, vínculos urbano rurales, regionalización, seguridad vial y resiliencia urbana.

En términos conceptuales y programáticos, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo se sintoniza con temas que tienen niveles de consenso global. Algunas investigaciones realizadas por Econometría para diagnosticar el estado de los centros urbanos del país y la evaluación de macroproyectos desarrollados por el fondo de adaptación coindicen con enfoques del documento respecto a la necesidad de desarrollar una actuación más activa y comprometida desde el nivel nacional, la adopción de instrumentos de gestión que permitan una mejor gestión de las externalidades del desarrollo urbano además de diversificar las fuentes de financiación porque las capacidades de la mayor parte de municipios son insuficientes para enfrentar desafíos contemporáneos como los que generan las migraciones o el cambio climático.

También se pueden identificar temas y programas que tienen antecedentes institucionales que merecen continuidad, como programas de modernización catastral, instrumentos para captura de valor, políticas de sostenibilidad, movilidad activa, entre otras. Las visiones y prioridades de los gobiernos pueden tener diferenciaciones, pero las lecciones aprendidas y las capacidades obtenidas son un activo que a la sociedad le conviene preservar.

La promesa que está contenida en este documento está permeada por intenciones de cambios, que tienen una base territorial en regiones, veredas, ciudades y bosques, frente a los cuales, algunas políticas y programas conllevan la revisión de paradigmas en materia de planeación y desarrollo urbano. Agenciar estos cambios en un país descentralizado y con desequilibrios territoriales conlleva ajustes que van más allá de lo normativo y que demanda considerar como mínimo los siguientes retos:

Desarrollar formas de gestión asociada que superen la supuesta tensión entre centralismo y municipalismo y reconozcan sistemas de gobernanza en distintas escalas.

Adaptación de las políticas sectoriales hacia una gestión estratégica territorial. El turismo, la cultura, la logística, la innovación, son temas sectoriales que se viabilizan solo si se concretan en el territorio.

Gestión del conocimiento tendiente a la inteligencia territorial y a la apropiación de la información por todos los actores.