Más allá del SIN

septiembre 12, 2025
Colombia
Artículos de prensa

Escrita por: Benjamín Venegas, Socio - Director de Proyectos.

Columna en El Diario La República

Durante las últimas semanas, en el país se han presentado varias discusiones sobre las características de la prestación del servicio de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Por un lado, se ha discutido la posibilidad que el sistema se encuentra bajo cierto nivel de “estrés” debido a la alta dependencia de fuentes hídricas y las posibles dificultades en el suministro de gas. Por otro lado, se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la prestación del servicio, así como disminuir las tarifas al usuario, aspecto fundamental en algunas regiones del país. Sin embargo, si bien estos aspectos son clave para el debate, es igual de importante poner de manifiesto la cobertura y acceso del servicio de energía en las zonas más apartadas del país.

De acuerdo con datos del índice de Cobertura de Energía Eléctrica, Icee, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Upme, en ciertas regiones periféricas del país la cobertura del servicio de energía eléctrica no se encuentra garantizado para toda la población. Por mencionar algunos, departamentos como Vichada tienen una cobertura de 55%, La Guajira de 61% y Guainía de 77%.

Las zonas rurales del país tampoco son ajenas a esta situación. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (Dane) a 2023 un 5,2% de los hogares de esas zonas, es decir, 634.000 personas, carecían del servicio de energía eléctrica.

En general, las regiones periféricas, que coinciden con las denominadas Zonas No Interconectadas, ZNI, presentan, al igual que las zonas rurales más alejadas, las menores tasas de cobertura del servicio, con la consecuencia directa de presentar menores niveles de desarrollo tanto económico como social. Sobre este último aspecto, distintos estudios han demostrado que el acceso a la energía eléctrica fomenta el desarrollo humano en tanto que permite mejorar las dimensiones de educación, salud y generación de ingresos.

En esa línea de estudios, Econometría recientemente desarrolló una consultoría para el Departamento Nacional de Planeación, DNP, en el que, entre otros, identificó los resultados para los usuarios del acceso a la energía eléctrica a través de proyectos financiados por los fondos públicos Fazni, Faer y Prone. El primero, el Fondo de Apoyo Financiero para la de las Zonas No Interconectadas, Fazni, centrado en la ampliación de cobertura de las ZNI, el segundo el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales, Faer, enfocado en las zonas rurales sin servicio del SIN y el último el Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone, que busca, como su nombre lo indica, la legalización de redes existentes.

Como resultado, Econometría estableció que el acceso a la energía eléctrica a través de estos fondos se relaciona con un incremento en el número de actividades desarrolladas en casa. Además, permite una mayor interacción entre los miembros del hogar, genera oportunidades para desarrollar de actividades productivas que incrementen los ingresos de los hogares, tiene efectos positivos sobre la salud por la posibilidad de refrigerar los alimentos, y reduce costos por la compra de productos perecederos en presentaciones de mayor cantidad y menor precio unitario.

¿Pero qué tan generalizado es el acceso al servicio de energía eléctrica a través de dichos fondos? Los datos consolidados muestran que durante el periodo 2015-2019, el aporte a la cobertura a través de la financiación de proyectos de los fondos Fazni y Faer es menor de 1% del total de usuarios de energía eléctrica del país y que los recursos financieros no se ejecutaron completamente. Es decir, que el aporte a la cobertura podría haber sido mayor, aunque esto hubiera requerido también una mejor estructuración y presentación de proyectos.

Con lo anterior, una oportunidad de mejora identificada en el estudio de Econometría tiene que ver con la generación de mayores y mejores capacidades en las entidades territoriales municipales en términos del acompañamiento, formulación, estructuración y presentación de proyectos a ser financiados. Sobre este aspecto, la evaluación recomendó reforzar las capacitaciones y asistencia técnica a las entidades territoriales vinculando como aliadas entidades de formación como puede ser el caso del Sena.

Relacionado con lo anterior, a nivel institucional, se identificó un rol central de los operadores de red debido a su papel protagónico en la estructuración de proyectos. Sin embargo, los criterios de calificación de los proyectos no ofrecen suficientes incentivos para una estructuración de estos que beneficie a los usuarios más distantes dentro de las zonas sin cobertura, que por esa misma situación son los más costosos de atender. Para solucionar esta situación se recomendó mejorar las señales al mercado en dos líneas: 1. Sugiriendo un estudio para redefinir los ponderadores utilizados para la calificación de las propuestas de proyectos a financiar de tal manera que se actualice su alineación con las políticas del país (en cuanto a priorización de zonas, de poblaciones o tecnologías), y 2. Recomendando una mayor interacción de los actores de los fondos a través de espacios colaborativos. En estos espacios no solo deberían participar entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Upme y el Ipse, sino también otras entidades a nivel ministerial y de otros sectores, así como las entidades territoriales.

Finalmente, en cuanto a la sostenibilidad de los proyectos financiados, la consultoría evidenció la existencia de algunos riesgos que podrían limitar el buen desarrollo de los proyectos financiados y la posterior operación de las soluciones energéticas implementadas. En este aspecto, se sugirió la adopción de una metodología para la gestión integral de los riesgos de toda la administración de los fondos, que considere los aprendizajes de los proyectos desarrollados hasta el momento para prevenir, monitorear y mitigar aspectos transversales a la operación de los fondos que podría llegar a presentarse y afectar sus resultados.

Por todo lo anterior, para el desarrollo del país es clave no olvidar que existen muchas zonas, y por tanto población, que aún no se encuentran cubiertos con el servicio de energía eléctrica. En esos casos, los fondos financieros Fazni, Faer y Prone han demostrado ser instrumentos adecuados para buscar el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio, adoptando también soluciones energéticas que utilizan fuentes renovables de energía, lo cual conecta claramente con la prioridad de diversificar la matriz energética de Colombia y así mejorar su capacidad de autogestión eléctrica.

Si el lector desea conocer más detalles del estudio realizado, lo puede realizar a través de la página del DNP siguiendo el siguiente link: https://sinergia20app.dnp.gov.co/evaluaciones/1298.