El próximo gobierno y el desarrollo sostenible

Autor: Oscar Rodríguez

Columna en El Diario La República

El próximo gobierno, cualquiera que sea, deberá consolidar las acciones programadas para el desarrollo de varias agendas de sostenibilidad, establecidas a partir de compromisos internacionales que ha adquirido el país. La más importante y general es la relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), la cual define metas concretas a obtener hacia 2030. Para ello, Econometría está desarrollando un estudio de evaluación de la coherencia de las políticas necesarias para cumplir los ODS relacionados con temas climáticos, ambientales, de gestión de riesgo y de desarrollo agropecuario sostenible.

El principal problema que tendrá el próximo gobierno en desarrollo sostenible no es definir hacia dónde ir. Los compromisos y objetivos están claramente definidos, las acciones necesarias están establecidas y se han comenzado a desarrollar muchas iniciativas por los gobiernos anteriores. El verdadero reto es encontrar cómo alcanzar la eficiencia del aparato estatal y la articulación institucional para garantizar la eficacia de las intervenciones de política y, por ende, lograr la efectividad de dichas acciones.

Un ejemplo es la agenda climática, dentro de la cual Colombia ha sido líder en establecer objetivos y propósitos. Se aumentó la ambición en las metas para buscar la carbononeutralidad en 2050 y tener una senda de desarrollo resiliente con alta adaptación a los efectos del cambio climático. Para implementar esta agenda se han formulado múltiples políticas, estrategias y planes. El próximo gobierno deberá incorporar dentro del Plan Nacional de Desarrollo las iniciativas correspondientes para ejecutarlas.

También se han expedido leyes como la de Cambio Climático en 2018, que establece el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) y la de Acción Climática en 2021, que establece las metas de corto, mediano y largo plazo para un desarrollo bajo en emisiones de carbono y resiliente al clima. Una tarea urgente es su reglamentación para pasar del diseño y la planificación a la implementación de medidas efectivas. Eso incluye establecer las reglas del juego para el funcionamiento del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) y en general de los mercados de carbono. Econometría ha participado en los estudios de diseño del SCE y ha realizado varios estudios para recomendar reglas del juego en los mercados voluntarios de carbono. Así pues, la mayoría de los insumos están disponibles, pero se deben expedir los actos administrativos correspondientes. Se debe terminar de crear e interconectar los sistemas de información climática, así como fortalecer las capacidades técnicas y humanas de las entidades que deben usar esta información. También se deben adelantar temas pendientes como la defensa de los páramos, aprobar el Acuerdo de Escazú e implementar el CONPES de control de la deforestación.

Para consolidar las políticas, planes y estrategias formuladas y establecer una ruta de implementación, en 2021 se formuló la Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050). Esta es una agenda prospectiva que además de buscar la mitigación y adaptación frente al clima, plantea las transformaciones estructurales necesarias buscando el bienestar de la población y mejorar la competitividad en un mundo futuro, cada vez más preocupado por el ambiente.

Estos cambios incluyen: mejorar el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones; adecuada gestión de la biodiversidad; innovación tecnológica productiva, economía circular y bioeconomía; una transición energética diversificada; ciudades inteligentes, etc.

Los objetivos transversales, como el ambiental, necesitan mayor articulación entre entidades, pues la arquitectura institucional del país está diseñada con un enfoque sectorial. El logro de los objetivos de largo plazo requieren la implementación de políticas de sostenibilidad tanto generales como específicas para cada sector.

La articulación institucional es similar a esas carreras en donde dos personas se amarran de un pie para avanzar. Se deben poner de acuerdo en pisar al tiempo y correr a un mismo ritmo. Cada corredor debe tener buena coordinación en su cuerpo y además entender y adaptarse a los movimientos del otro. Si esto es difícil entre dos personas, imaginemos a 16 ministerios tratando de avanzar de manera coordinada cuando cada uno tiene sus propios afanes y metas sectoriales que cumplir. Sin embargo, aunque es una tarea compleja, no es imposible de lograr; las orquestas sinfónicas lo hacen todo el tiempo, pero se requieren las señales de un director que le indiquen a todos el ritmo y a cada uno la intensidad y el momento en el que debe entrar. A esto es a lo que se le llama comúnmente la voluntad política.

La voluntad política frente a los temas transversales implica un nivel de prioridad alta del tema por parte del gobernante de turno. Los temas transversales, como los ambientales, la inclusión productiva, inclusión social, el enfoque diferencial y lucha contra la corrupción, son políticamente correctos y populares, por lo que suelen estar enfatizados en los planes de gobierno de los candidatos, pero no en la gestión. La verdadera voluntad política solo se podrá evidenciar si el próximo presidente toma la batuta del tema para dirigir con ímpetu esa orquesta.