Actividades sexuales pagas: ¿qué sabemos y qué se recomienda?

Escrita por: Manuel José Herrera Galindo, consultor.

Columna en El Diario La República

La Secretaría Distrital de la Mujer (SDM) consolidó información actualizada que le permite conocer características de las personas que realizan actividades sexuales pagas (Prasp), con el fin de abordar de manera integral la política pública dirigida a esa población. En el segundo semestre de 2022, Econometría adelantó la actualización de la caracterización de las Prasp a través de factores sociodemográficos y de calidad de vida, el desarrollo de esas actividades, la exposición a la violencia y la afectación por el covid-19. Desarrolló adicionalmente un sondeo de opinión en las zonas donde se ejercen tales actividades

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates y distintas posturas de intervenciones sociales tales como: el abolicionismo, el prohibicionismo y el modelo legalista. El primero de estos busca proteger a quienes realizan compra-venta de sexo voluntariamente y penalizar la explotación sexual y laboral. Por su parte, el prohibicionismo pretende sancionar a todos los agentes que participen en la oferta o demanda de ASP. Por último, el modelo legalista defiende el ejercicio de ASP como un trabajo que debe enmarcarse en la regulación correspondiente de derechos laborales.

Desde el punto de vista demográfico se trata de una población bastante joven, pues 73,4% está entre los 18 y los 35 años. En lo económico, la mayoría vive en estratos 1 y 2 (18,8% y 38,4% respectivamente) y en arriendo (91,5%). De igual forma, que 12,9% señala haber sido víctima del conflicto, y 3,9% expresa ser una persona con discapacidad.

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates

Unos datos que llamaron la atención han sido que sólo la mitad (50,6%) es cotizante, beneficiaria o afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, y que únicamente 4,9% de las Prasp señalan estar afiliadas al sistema de pensiones. Del grupo de personas afiliadas, la mayoría pertenece al régimen subsidiado (80,9%), este porcentaje incrementa a 89,7% si se toma solamente la población extranjera.

Al desagregar la información por lugar de nacimiento y por el autorreconocimiento como víctima del conflicto armado, se puede ver que la distribución de la población extranjera que se dedica a ASP es más joven que la nacional; de forma similar, la distribución de la población que no se autorreconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP es más joven que aquella que se reconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP como se puede observar en la siguiente figura:

Por otro lado, al indagar por aspectos asociados con la actividad económica, se encontró que 92,6% de las Prasp ocupan la mayor parte de su tiempo laboral en ASP, y sólo 1,4% en otra activad generadora de ingresos. La mitad de las personas (49%) reciben en una semana ingresos promedio que están en están en promedio entre $233.000 y $500.000, y sólo 6% recibe más $1 millón. Son muy pocas las que reciben ingresos por otros conceptos como incentivos o bonificaciones de la clientela (7,64%) o que reciban otras formas de pago (11,2%). En la medida que aumenta la edad de la persona, el monto recibido se reduce ya que tres de cada cuatro personas mayores de 60 años (73,6%) recibe menos de $30.000, además de ser el grupo etario que en más proporción presta sus servicios en calle.

Las Prasp están expuestas a la vivencia de distintas situaciones de violencia. Un 42,2% señala haberla experimentado en los últimos dos años, siendo la violencia verbal o psicológica por parte de los clientes la de mayor frecuencia (30%), seguida por la violencia física (16%) y el abuso policial (12,7%). Más de la mitad (57,1%) se siente insegura mientras realiza la ASP, a pesar de las prácticas que desarrollan como tener informadas a personas amigas dónde van a estar, el ir a sitios de confianza, o tener conocimiento de defensa personal (50,4%), entre otros comportamientos preventivos.

Entre los aspectos más relevantes que arrojó el análisis, fue el aumento de Prasp extranjeras principalmente de Venezuela, pues pasaron de ser 32,7% en 2017 a 40% en 2022. Estas personas manifestaron en la encuesta que son víctimas de xenofobia, experimentan mayor inestabilidad en la vivienda, por lo que han optado por vivir en alojamientos pagados diariamente. Es relevante anotar que este grupo poblacional tienen mayores niveles educativos que las Prasp nacidas en Colombia.

De los datos anteriores se derivan varios retos para la política pública, especialmente en cuanto a aseguramiento de la vejez, la situación migratoria y la violencia que viven la Prasp.

Estas personas manifestaron en la encuesta ser víctimas de xenofobia

En lo relacionado con el aseguramiento de la vejez, las dinámicas propias de la actividad suelen dejar en desprotección a las personas de mayor edad, puesto que las ASP suelen ser mejor remuneradas durante la juventud en comparación con las edades más avanzadas. Lo anterior, unido con los bajos niveles de cotización pensional, sugiere que las Prasp van a tener muchas dificultades para poder enfrentar su vejez, dado que los ingresos serán cada vez más bajos y muy posiblemente no logren pensionarse. Por ende se requieren campañas focalizadas a esta población que fomenten las cotizaciones voluntarias.

En lo relacionado con la migración (interna/externa), es importante poder aproximarse con acciones que reconozcan sus motivaciones para realizar ASP y que promuevan su desarrollo personal. Para el caso de las Prasp provenientes de Venezuela, se debe trabajar en procesos de regulación de su estatus migratorio, con el objetivo de abrir sus opciones laborales.

Por otra parte, el hecho de que las Prasp sean víctimas de abuso policial es particularmente problemático puesto que le resta legitimidad a dicha institución y además impide que las Prasp denuncien la violencia ejercida por sus clientes. Por lo anterior, se hace necesario formar a la policía en el manejo de este tipo de población, así como, un seguimiento por parte de la SDM de este tipo de situaciones para poder hacer frente a esta problemática.

Lo anterior son solo unas ideas que surgen del ejercicio de caracterización. Se recomienda el uso de estos resultados por parte de la SDM y de otras entidades, que hoy cuentan, gracias al trabajo adelantado por Econometría, con información actualizada que le permitirá implementar las políticas recomendadas de manera integral.