La descentralización en Colombia: una materia pendiente

Escrita por: Mario Velasco, consultor asociado; Daniel López, Vanessa Parada y Laura Lara, analistas de la firma.

Columna en El Diario La República

La descentralización en Colombia puede entenderse como un proceso que tiene al menos tres dimensiones: la política, la administrativa y la fiscal. La primera alude principalmente a la elección de mandatarios locales (alcaldes y gobernadores); la segunda, se relaciona con las facultades y competencias de las entidades territoriales frente a las políticas sectoriales; y la tercera, atañe a la transferencia de recursos del nivel central a las entidades territoriales (municipios y departamentos).

Desde los años 80 del siglo pasado, se ha buscado generar un marco normativo alrededor de tales dimensiones de la descentralización, empezando por la Ley 14 de 1983 que buscaba el fortalecimiento de la capacidad impositiva local, al incrementar las transferencias del Gobierno Nacional hacia las entidades territoriales; pasando por el Decreto Ley 77 de 1987 conocido como el Estatuto de Descentralización; y desde luego, por la Constitución Política de 1991. Posteriormente, han sido establecidas otras normas importantes en esta materia y, recientemente, se ha enfatizado en los planes nacionales de desarrollo 2018-2022 y 2022-2026 en la necesidad de ahondar en la descentralización como mecanismo de equidad territorial.

Lo anterior muestra un amplio acervo normativo que, sin embargo, no siempre resulta preciso ni suficiente para asegurar el desarrollo de la descentralización desde sus tres dimensiones. En este contexto, se creó en 2021 la Misión de Descentralización (Decreto 1665 – 2021) como una “Iniciativa participativa, independiente y transparente que recoge ideas y recomendaciones de diversos actores a lo largo y ancho del país para evaluar el modelo actual de descentralización y presentar propuestas constitucionales y legislativas para definir y ordenar la distribución de competencias y fuentes de financiación entre la Nación y las entidades territoriales” (DNP, 2024).

En función de lo anterior las propuestas se han concentrado en cinco temas específicos: 1) competencias entre niveles de gobierno; 2) fuentes y usos de los recursos para el desarrollo; 3) arquitectura institucional y modernización de la administración pública; 4) Estado abierto y participación ciudadana territorial; y, 5) descentralización y territorios indígenas.

La Misión se articuló con lo fijado en el PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” mediante el pacto XVI “Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones”; allí se destaca la necesidad de efectuar inversiones para: i) el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad territorial; ii) la búsqueda del fortalecimiento institucional y modernización de los gobiernos territoriales; y iii) la generación de instrumentos para la toma de decisiones que promuevan el desarrollo regional.

Por su parte, en el PND 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” la descentralización se considera desde el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental; en este se busca coordinar los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, así como mejorar las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para tomar decisiones en esta materia.
En este escenario, como resultado del trabajo de la Misión, se cuenta con propuestas sobre los temas específicos mencionados, asunto que demarca varios desafíos relacionados con su materialización.

El primero tiene que ver con la capacidad de incidencia de la Misión sobre el Congreso de la República en lo que compete a las reformas legislativas propuestas tales como: nuevas tipologías de las entidades territoriales; cambios en el ordenamiento territorial, así como en el Sistema General de Participaciones y de Regalías; entre otros. Bajo esa perspectiva es primordial contar con la voluntad política del Gobierno Nacional, de modo que los ajustes requeridos puedan transitar efectivamente por el legislativo.

Aunado a lo anterior, y como un segundo desafío, es importante transmitir a la entidades territoriales y actores locales los resultados de la Misión, de modo que puedan ser comprendidos, pero sobre todo apropiados en el territorio incluyendo asambleas departamentales y concejos municipales, pues parte de la reglamentación de ciertos cambios pasarían por estas corporaciones (ej. funciones, servicios y competencias de una nueva tipología territorial). Este asunto en sí mismo impulsaría el debate tanto en el legislativo como en otros espacios académicos y sociales necesarios para avanzar en una descentralización acorde con las necesidades actuales.

Este punto es clave pues se conoce que la Misión viene realizando un trabajo decidido hacia y desde los territorios, por lo tanto, plantear cómo serán empleados los resultados es una manera de advertir la importancia de la participación de los actores e instancias involucradas del territorio, buscando así respaldo para lograr incidencia y cambios efectivos.

En cierta manera, lo anterior lleva a un tercer reto consistente en definir una agenda gubernamental y social de la descentralización, en procura de que sea un asunto relevante no solo para la institucionalidad sino para gremios, organizaciones comunitarias y centros científicos de las ciencias sociales, entre otros. Se trata de develar la relevancia y potencialidad de la descentralización para el desarrollo del país tanto en el momento actual como en el corto y mediano plazo.

Tales desafíos sumados a la necesidad reiterada de atacar la desigualdad en el país, nos lleva a plantear que la descentralización en Colombia sigue siendo una materia pendiente de ser integrada plenamente en nuestro arreglo político institucional, siendo pertinente examinar a fondo las recomendaciones planteadas por la Misión, de modo que se transite a lograr territorios más equitativos y justos socialmente.