Vivimos en la era de la revolución tecnológica con economías y sociedades cada vez más digitalizadas. La conectividad representa una alternativa para hacer más eficientes e inclusivos los procesos de los mercados y las comunidades, beneficiando a diferentes sectores y reduciendo brechas gracias al acceso a información. Ahora, ¿es esto real y factible para el total de la población en América Latina?
De acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, 74% de los hogares rurales del quintil más pobre de los países de la región en 2023 no tenía acceso a internet, y en la zona urbana el porcentaje era de 38%. Para el total de los hogares en zonas rurales de América Latina, solo 40% contaba con acceso a internet, y en las zonas urbanas solo 62%.
Además de las limitaciones de conectividad por la falta de cobertura en áreas aisladas de los países, el costo de acceder al servicio es una barrera adicional que enfrentan los hogares en América Latina.
Según estudios del Banco Mundial, 38% de la población en la región elige no acceder a internet a pesar de vivir en zonas de cobertura. La falta de recursos económicos es el primer motivo por el que las familias latinoamericanas toman esa decisión, lo cual afecta principalmente a la población más vulnerable, quien podrían obtener grandes beneficios de una mejor conectividad.
La revolución tecnológica ha reinventado procesos, transacciones y formas de comunicación. Para quienes buscan trabajo o quieren aplicar para obtener un cupo en una educación educativa, la conectividad y el entendimiento de las plataformas digitales es un requisito imperante. Métodos alternativos como entregar una hoja de vida en una oficina o diligenciar un formulario en papel, son obsoletos en un mundo donde la población analfabeta digital queda excluida de las dinámicas de los mercados.
La velocidad de la digitalización de las economías y de las sociedades de América Latina es mucho mayor a la de las iniciativas de alfabetización digital y aumento de cobertura de la conectividad en la región. La tecnología genera brechas en países que se destacan por su inequidad y desigualdad entre zonas urbanas y rurales, y entre diferentes niveles de ingreso. Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, muestran que, en América Latina, en promedio, 74% de los hogares urbanos tiene acceso a conexiones fijas de Internet, mientras que para las contrapartes rurales el acceso es para solo 42%. Entre países, la desigualdad es aún mayor: en Haití donde solo 6% de los hogares cuenta con conexión fija a internet, mientras en Brasil ese porcentaje es de 77%.
La tecnología parece no solo incide en la desigualdad de América Latina sino que hace más difícil para los excluidos romper esas brechas. En una evaluación realizada recientemente por Econometría Consultores se evidenció que internet es la principal fuente de información de la Organizaciones de la Sociedad Civil, OSCs, que buscan acceder a donaciones y financiación para implementar proyectos sociales y comunitarios. Las OSCs con buena conectividad, conocimientos de tecnología, y staff y tiempo suficiente, logran gestionar recursos, fortalecer sus capacidades y perdurar en el tiempo. Por el contrario, las OSCs que no cumplen con esos requisitos, ya sea porque están en zonas más aisladas o representan grupos aún más vulnerables, son totalmente excluidas de los procesos.
La evaluación también muestra que la adecuada focalización de los grupos objetivo, el acompañamiento y asistencia técnica, y los procesos de retroalimentación son fundamentales para eliminar las barreras generadas por restricciones de conectividad y analfabetismo digital. Para lograr la inclusión de los grupos marginados por la tecnología es necesario desarrollar material didáctico que facilite el entendimiento de los procesos y plataformas, los cuáles deben ser coherentes con los contextos de cada país y grupo poblacional.
Evitar la exclusión de población vulnerable a causa de la tecnología requiere ajustar los procesos que actualmente demandan el uso de plataformas digitales, para que sean adaptables a las restricciones de conectividad. Se pueden, por ejemplo, incluir alternativas de apoyo para la digitación de información en las plataformas, o diseñar alternativas para que la información llegue a quienes no tienen la facilidad o el conocimiento para hacer búsquedas en internet o diligenciar formularios online.
Se ha dado por sentado que la tecnología es un aliado del desarrollo inclusivo. Si bien la digitalización y la conectividad han contribuido de manera importante al crecimiento de las economías, a facilitar las comunicaciones, al acceso de la información, a la productividad, entre muchas otras cosas, en regiones como América Latina persisten barreras estructurales que excluyen de raíz a grupos poblacionales con gran potencial de beneficiarse de las ventajas del mundo digital. Son numerosas las iniciativas de apoyo al fortalecimiento de capacidades, a las mejoras en eficiencia y a la generación de redes sociales y comunitarias, pero escasos los esfuerzos para llegar a quienes no están conectados o no entienden de procesos virtuales.
Estar preparado para la tecnología es una necesidad que se debe satisfacer para lograr una región digital y equitativa. ¿No es hora de que considerar el acceso a internet un servicio público indispensable, lo mismo que el acceso a acueducto, alcantarillado y electricidad?