Proyecciones económicas

El Gobierno fijó un incremento del salario mínimo del 23% para 2026, una cifra sin precedentes que amenaza con disparar la inflación al 6% y forzar al Banco de la República a subir tasas. Ante el hundimiento de la tributaria, Petro decretó una Emergencia Económica para subir impuestos, medida rechazada por alcaldes y gobernadores ante la Corte Constitucional. En lo regional, la extracción de Maduro por EE. UU. debilitó la narrativa oficialista y dio un nuevo impulso a la centroderecha.

Colombia cierra el año con un déficit fiscal récord del 2,9%, el más alto en tres décadas, impulsando un crecimiento del 3% pero anclando la inflación sobre el 5%. En el Congreso, el Gobierno sufrió un golpe doble con el hundimiento de las reformas tributaria y de salud, obligando a recortar el presupuesto de 2026. Mientras la reforma pensional queda en manos de un conjuez, el panorama electoral se fragmenta: Paloma Valencia será la carta del Centro Democrático, dividiendo a la derecha frente a De la Espriella.

El PIB creció un sorprendente 3,6% en el tercer trimestre, impulsado por el gasto público (15%) y el consumo, aunque la débil inversión (2%) enciende alarmas sobre el crecimiento futuro. En lo político, el oficialismo mostró músculo con 2,7 millones de votos en su consulta, consolidando a Iván Cepeda como líder de la izquierda. Tras el fin de la restricción de la Ley 2494, las primeras encuestas sitúan a Abelardo de la Espriella y Cepeda como los grandes polos frente a un Sergio Fajardo rezagado.

La relación bilateral con EE. UU. colapsó tras la suspensión de la ayuda económica por parte de Trump y sus acusaciones contra Petro. Internamente, el Presupuesto 2026 nace desfinanciado, mientras el debate por un alza del salario mínimo (10-12%) divide al Banco de la República. En lo político, la retirada de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico evidencia fracturas en el oficialismo, dejando la medición de la fuerza electoral petrista en una posición de vulnerabilidad.

La economía repuntó en julio con un crecimiento del 4.1%, aunque la inflación estancada sobre el 5% y los anuncios de alzas salariales para 2026 impiden flexibilizar la política monetaria. En lo político, el Gobierno sufrió un revés en el Senado con la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional, anticipando el hundimiento de la reforma tributaria. Además, EE. UU. descertificó a Colombia por el auge de narcocultivos, aunque otorgó un “waiver” para mantener la ayuda de forma condicionada.

El PIB del segundo trimestre (2,1%) decepcionó frente a las expectativas, aunque el consumo de bienes durables y la confianza del consumidor alcanzaron terrenos positivos tras cinco años. Políticamente, el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay reconfiguró a la oposición, que ahora busca herederos como Juan Carlos Pinzón o el propio padre del líder, Miguel Uribe Londoño. Mientras, en el Pacto Histórico, la cercanía de Petro con Daniel Quintero genera fricciones con las bases que prefieren a Gustavo Bolívar.

El peso colombiano se revaluó hasta los $4.000 impulsado por la debilidad global del dólar y las altas tasas locales, permitiendo que la inflación bajara al 4,8% tras tres años de resistencia. En lo político, la aprobación de la Ley 2494 de 2025 impone restricciones severas y altos costos a las encuestas públicas, limitando su difusión hasta finales de año. Esta medida genera asimetría de información e incertidumbre electoral, dificultando el seguimiento del pulso ciudadano y la toma de decisiones para inversionistas de cara a 2026.

El peso colombiano se revaluó hasta los $4.000 impulsado por la debilidad global del dólar y las altas tasas locales, permitiendo que la inflación bajara al 4,8% tras tres años de resistencia. En lo político, la aprobación de la Ley 2494 de 2025 impone restricciones severas y altos costos a las encuestas públicas, limitando su difusión hasta finales de año. Esta medida genera asimetría de información e incertidumbre electoral, dificultando el seguimiento del pulso ciudadano y la toma de decisiones para inversionistas de cara a 2026.

La economía muestra un desacople: mientras la informalidad impulsa la ocupación (759 mil nuevos empleos informales frente a 212 mil formales), el recaudo tributario peligra por el estancamiento de sectores clave. Políticamente, el rechazo del Congreso a la consulta popular de la reforma laboral le permite al Gobierno adoptar una narrativa de “pueblo contra instituciones”. Petro apuesta ahora por la movilización civil para recuperar legitimidad y posicionar sus fichas hacia 2026.

La deuda trepó al 60,6% del PIB, exigiendo un ajuste de $11 billones que el nuevo ministro, Germán Ávila, busca cubrir subiendo retenciones y anticipando rentas de 2026, medida que oxigena la caja actual, pero hipoteca al próximo gobierno. En lo político, tras la salida de Diego Guevara por desacuerdos fiscales, el Ejecutivo radicó la consulta popular ante el Senado; una apuesta de alta complejidad técnica que busca movilizar a la izquierda hacia las elecciones de 2026.

En 2024, el PIB creció 1.7% con inflación de 5.2%, pero el déficit fiscal alcanzó 6.8% del PIB y la deuda llegó al 60%. El gobierno proyecta reducir el déficit al 5.1% en 2025 con un alza del 23% en el recaudo, algo poco viable sin una reforma y recorte del gasto. Por otra parte, las tensiones con Trump provocaron la renuncia del canciller Murillo. Un Consejo de Ministros evidenció fracturas en el gobierno, causando la salida de cinco ministros y anticipando una recomposición de la izquierda para 2026.

En 2024, la economía creció hasta 2%, con inflación del 5.2% y desempleo en 10.2%. Para 2025, se espera un crecimiento del 2.5%-3%, aunque persisten riesgos por el precio del diésel y la devaluación. El déficit fiscal superó el 5% del PIB, generando una crisis de caja. El cese al fuego con el ELN terminó tras choques con disidencias de las FARC. Trump asumió en EE.UU., reconfigurando la agenda bilateral.

El PIB cerrará 2024 con un crecimiento del 1.8%, inflación del 5.1% y desempleo del 10.3%. La economía fue más fuerte de lo esperado, pero el gobierno enfrenta una crisis fiscal. El ministro de Hacienda renunció por escándalos, y la ley de financiamiento fracasó en el Congreso. Además, la reforma política fue rechazada, y las reformas en salud y justicia no tienen mayorías claras.

La economía muestra signos de recuperación, con un crecimiento proyectado del 2% en 2024 y un 3% en 2025. La inflación bajó más rápido de lo esperado y cerrará en 5.2%. Sin embargo, la incertidumbre política afecta los mercados. La propuesta de aumentar transferencias del Sistema General de Participaciones genera dudas sobre la sostenibilidad fiscal. Inicia la campaña presidencial.

La inflación bajó a 5.8%, acelerando la desinflación sin afectar el empleo, lo que llevó al FMI y al Banco Mundial a mejorar sus proyecciones. Sin embargo, el déficit fiscal sigue siendo el mayor riesgo. En el Congreso, la reforma laboral avanzó con cambios en horas extras y licencias parentales, pero genera preocupación entre empresarios por su posible impacto en el empleo formal.

La inflación sorprendió con un 0% mensual, reduciendo la previsión anual a 5.7%. Sin embargo, el peso se depreció hasta 4,200 por temores de recesión en EE.UU. y riesgos fiscales internos. En política, el Congreso debate un presupuesto con un déficit de COP 12 billones, que el gobierno espera cubrir con una ley de financiamiento. Su aprobación es incierta por la debilidad del ministro de Hacienda.

El PIB creció solo un 0.1% en el segundo trimestre, confirmando el estancamiento. La tasa de desempleo subió a 10.7%, afectando el mercado laboral. En política, el gobierno presentó un presupuesto para 2025 con un alto crecimiento del gasto, pero sin claridad sobre su financiamiento. La posibilidad de una nueva reforma tributaria genera incertidumbre en los mercados.

El gobierno logró aprobar la reforma pensional, pero enfrenta demandas en la Corte Constitucional. La relación con la Corte es tensa tras varias decisiones adversas. En economía, la inflación sigue en 7%, y el gobierno recortó el gasto en COP 20 billones para mitigar el déficit, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad fiscal. La deuda pública crece más rápido que el PIB.

La economía sigue estancada, con caída en la inversión y menor recaudo tributario, lo que agrava el déficit fiscal. La Corte Constitucional bloqueó medidas clave para aumentar los ingresos. En el Congreso, el gobierno enfrenta dificultades para aprobar reformas en salud y educación. La mala implementación del nuevo sistema de salud para docentes generó caos y protestas.

La inflación cayó a 7.16%, pero el desempleo subió al 11%, reflejando los efectos de la política monetaria restrictiva. El PIB creció solo un 0.9% en el primer trimestre. En el Congreso, la reforma pensional avanzó tras un acuerdo que fijó el umbral en 2.3 salarios mínimos, pero el gobierno intentó aumentarlo a 4. Las protestas opositoras fueron masivas, debilitando la agenda oficialista.

El Congreso archivó la reforma a la salud, un revés clave para el gobierno. Mientras tanto, la Superintendencia intervino varias EPS, poniendo en riesgo el acceso a la salud de millones de afiliados. En economía, el FMI redujo su previsión de crecimiento a 1.1%, y el déficit fiscal aumentó al 5.3%, amenazando la regla fiscal. La inflación continuó bajando, ubicándose en 7.3%.

La inflación bajó al 7.7%, pero el déficit fiscal y la incertidumbre política ponen en riesgo la estabilidad económica. El presidente planteó una Asamblea Constituyente, aumentando la volatilidad. En el frente de seguridad, el gobierno suspendió el cese al fuego con las disidencias de las FARC tras un ataque a comunidades indígenas, debilitando su política de Paz Total.

La economía colombiana creció solo un 0.6%, muy por debajo de lo esperado, lo que refleja un aterrizaje más turbulento. La inflación cayó al 8.3%, pero el desempleo cerró el año en 10.8%. En política, el gobierno enfrentó críticas por errores en el decreto del presupuesto y generó tensiones con la Corte Suprema al convocar una marcha contra el fiscal general.

La inflación sube al 4.3% impulsada por peajes y salarios, mientras la credibilidad fiscal se desploma tras revelarse metas de recaudo implausibles que anticipan el incumplimiento de la regla en 2025. Políticamente, el hundimiento de la reforma laboral fracturó la relación con el Congreso, llevando al Gobierno a proponer una consulta popular inviable. Esta maniobra se interpreta como una estrategia electoral de la izquierda para 2026 ante el desgaste del gasto público.