Las entidades territoriales llevan décadas enfrentando el reto de cumplir un estándar imposible de cumplir, mientras que las carencias de espacio público accesible, seguro y sostenible persisten en toda la geografía nacional. Un estudio realizado por Econometría Consultores para el Departamento Nacional de Planeación en 2021 para caracterizar las áreas centrales urbanas de cerca de 700, reveló que el aspecto con menor calidad de los centros urbanos era su espacio público comparado con otros aspectos como calidad ambiental, servicios públicos, seguridad, estado de las edificaciones, seguridad e infraestructura vial. El mismo estudio consultó a las oficinas de planeación local sobre la intensidad del uso de los espacios públicos por sus habitantes y la mayoría de los municipios consultados reportan que tienen una altísima intensidad de uso de sus espacios públicos centrales.
De lo anterior, se puede concluir que hay alta demanda social y oferta de baja calidad en la mayoría de los municipios del país.
Esta conclusión conlleva un reto y una oportunidad: se necesita espacio público, pero no necesariamente su producción debe obedecer a una contabilidad de metros cuadrados construidos.
El espacio público es un bien colectivo, no una obra de infraestructura. Esto significa que su concepción, estructuración y ejecución, demanda vincularse a estrategias asociadas a problemas transversales como la resiliencia, seguridad, sostenibilidad, productividad, inclusión o accesibilidad; aspectos que no definen los diseñadores o constructores de infraestructura exclusivamente, sino en forma integrada con los sectores de ambiente, convivencia, desarrollo económico, cultura o bienestar social de cada municipio.
Desde la elección popular de alcaldes se han dado variedad de enfoques, que abordan la gestión del espacio público desde diferentes aproximaciones y que ofrecen un repertorio de lecciones y aprendizajes:
La competitividad urbana, definida desde los planes estratégicos en la década de los noventa, impulsadas por Cámaras de Comercio y gremios de comerciantes (Planes de choque en Plazas de San Victorino, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla; O los ejercicios de transformación cultural desarrollados por estrategias lúdicas, pedagógicas de Cultura Ciudadana; O la recuperación y transformación de contextos orientadas por la teoría de las ventanas rotas (Wilson y George Kelling) cuya hipótesis es que el entorno controlado y ordenado previene la delincuencia; O proyectos de revitalización mediante peatonalizaciones con amenidades comerciales y paisajísticas (Pasto, Cali y Armenia).
O procesos de mejoramiento integral y articulación de la ciudad formal e informal mediante proyectos urbanos integrales (urbanismo social en Medellín u obras con saldo pedagógico en Bogotá)
La reciente emergencia sanitaria causada por el covid, los efectos contundentes del cambio climático en islas de calor, inundaciones e incendios, además de las protestas sociales en espacios públicos y parques; dan pistas sobre los retos para las nuevas agendas urbanas. Una visión inteligente del territorio sugiere que el espacio público ofrece oportunidades de innovación si las decisiones de planeación de cada territorio, deciden incorporar conceptos como el urbanismo del cuidado, el urbanismo de proximidad, el restablecimiento del ciclo del agua, el aprovechamiento económico de los espacios públicos y la gestión compartida con comerciantes y comunidades.
Poner el espacio público en los planes de desarrollo con seguridad es la mejor inversión que los gobiernos locales pueden hacer por las personas, la economía y el ambiente de sus territorios.