La confianza en el Estado

Autor: Mauricio Olivera

Antes de la pandemia, Colombia venía avanzado de manera paulatina en sus políticas sociales, en un entorno macroeconómico estable, cumpliendo con los límites de la política fiscal. De hecho, uno de los activos más importantes con el que contamos los colombianos es la estabilidad macroeconómica. Excepto la crisis de 1999 -antes de la generada por la pandemia- no hemos sufrido de la volatilidad macroeconómica de Argentina o de implosiones económicas como la venezolana. Históricamente, la década de los 80 se denomina “la década perdida” de América Latina porque la mayoría de países de la región sufrieron crisis económicas profundas debido a su alto nivel de deuda pública y su inestabilidad fiscal.

Colombia fue uno de los pocos países que no sufrió esta crisis. Sin embargo, los buenos resultados macroeconómicos no se han visto acompañado por buenos resultados en la gestión del gasto público. Los colombianos confiamos muy poco en el Estado. A pesar de los avances sociales que se han logrado en este siglo, que se reflejan en la reducción de la pobreza, que de acuerdo con los datos del Banco Mundial se redujo de 16,8% en el año 2000 a 4,9% en 2019, vemos el Estado como un ente paquidérmico y corrupto. Datos de la encuesta de Latinobarómetro prepandemia muestran que para el 2018 la confianza en el gobierno era de 22%, siendo esta una de las instituciones con menor confianza, al lado del Congreso y de los partidos. Otra encuesta, Edelman Trust Barometer, muestra que para 2021 la confianza en el gobierno colombiano es de 33%, ubicando al país en el puesto número 25 entre 28 países donde se realiza la encuesta.
La poca confianza en el Estado puede basarse en varias hipótesis. Una de las más recientes, planteada por la OCDE en 2018, afirma que a medida que se va reduciendo la pobreza va creciendo una clase media vulnerable, con posibilidades de caer en la pobreza, y más exigente con el Estado. La insatisfacción con los servicios públicos, la educación pública, y la seguridad ciudadana es creciente. Y a este hecho estructural de baja confianza en el Estado se le suma la crisis generada por la pandemia, que aumentó la pobreza, generó desempleo y redujo los ingresos de muchos hogares.

Por esto es necesario fortalecer el papel del Estado. En su libro “Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural” Econometría plantea que los resultados macroeconómicos del Estado en términos de la estabilidad macroeconómica han sido satisfactorios. Sin embargo, los resultados microeconómicos, en términos de eficiencia del gasto público y la satisfacción de los ciudadanos, han sido mediocres.

Para enfrentar este reto, es necesario que llegue un gobierno que genere confianza, que tenga como objetivo atacar la corrupción, pero es importante ir más allá. Varias propuestas. Por un lado, la reforma presupuestal. En Colombia se sabe cuánto gasta el sector público, y se controla cada peso que se gasta, pero no se sabe exactamente para qué se gasta y qué se logra con ese gasto. Es importante reformar la forma de hacer el presupuesto a una que permita identificar y hacer seguimiento a los programas y proyectos para identificar si ese gasto es eficiente para lograr sus metas e impactos en la calidad de vida de los ciudadanos.

Se conoce el presupuesto por entidad, y su división entre gastos de nómina, transferencias e inversión, pero no se sabe si el gasto de nómina está condicionado a algún resultado específico, o atado a la inversión. Para esta reforma, la coordinación entre el Departamento Nacional de Planeación, encargado del gasto de inversión, del Ministerio de Hacienda, encargado del gasto de funcionamiento (nómina y transferencias), y del Departamento Administrativo de la Función Pública, el departamento de talento humano del Estado, es esencial. Otro punto importante es la cultura de servicio al ciudadano. Contamos con un Estado desconectado de las necesidades y las exigencias de los ciudadanos. El servicio al ciudadano en muchos casos es paquidérmico. Mientras que en el mercado se ha evolucionado hacia un servicio experiencial, en el Estado no existe una cultura de servicio acompañada de unos procesos que lo agilicen.

Aunque uno de los grandes logros de la Constitución de 1991 es la tutela para agilizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, y cuando no se cumple un derecho, el desacato puede llevar una orden de arresto de un funcionario, este mecanismo debería ser la excepción. En muchos casos es la regla. Mientras más tenga que usar el ciudadano este mecanismo para lograr el cumplimiento de sus derechos, menos confianza en el Estado tendrá. Claramente, es necesario compatibilizar las exigencias ciudadanas con las capacidades del Estado, pero para eso es importante entender bien no solo con cuantos recursos se cuenta, sino también para qué se usan y la eficiencia en su uso. Este punto nos lleva nuevamente a una reforma presupuestal.

La pandemia generó un aumento en el gasto público y una disminución en los ingresos por impuestos, y por consiguiente un aumento de la deuda. El país enfrenta la doble obligación de ajustar las finanzas públicas para preservar la estabilidad macroeconómica y sostener o inclusive aumentar el gasto público para continuar atendiendo los efectos negativos de la pandemia. Es un doble reto: una reforma tributaria, ojalá basada en la confianza de los ciudadanos. Pero para esto es esencial fortalecer el desempeño del Estado para atender las necesidades de los ciudadanos. Ganarse la confianza de los ciudadanos.

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Miguel Ángel García
Junior Consultant
Economist from Universidad Santo Tomás, Professional in Government and Public Affairs and student of the master’s in public policy at Universidad de los Andes. With more than three years of experience in consulting, working on issues related to territorial planning, public utilities, auditing, formulation, implementation and evaluation of public policies, applying quantitative and qualitative methods. His areas of interest are poverty, education, public finance, decentralization, economic development and the formulation, implementation and evaluation of public policies.
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Manuel Herrera
Junior Consultant
Manuel José Herrera Galindo is an Economist from Universidad del Rosario in Colombia, with a specialization in Econometrics from Universidad del Externado, with more than two years of experience in consulting. He has worked with Econometria since December 2019 as a junior consultant, with skills in database processing and analysis, teamwork and English language skills. His main areas of interest are the analysis of public programs and policies, impact evaluations, gender, environmental and sustainable development issues.
Manuel Herrera
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Mateo Echeverry
Project coordinator
Anthropologist and Social Communicator-Journalist from the Pontificia Universidad Javeriana. With a master’s degree in Rural Development from the Swedish Univesity of Agricultural Science. Experience in peace building, participation, human rights, environment, development and social innovation. He has worked in different sectors such as civil society organizations, international cooperation and research centers. Strengths in project management, qualitative research, facilitation of multi-stakeholder scenarios, design and implementation of training components and stakeholder engagement.
Mateo Echeverry
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Anthropologist and Social Communicator-Journalist from the Pontificia Universidad Javeriana. With a master’s degree in Rural Development from the Swedish Univesity of Agricultural Science. Experience in peace building, participation, human rights, environment, development and social innovation. He has worked in different sectors such as civil society organizations, international cooperation and research centers. Strengths in project management, qualitative research, facilitation of multi-stakeholder scenarios, design and implementation of training components and stakeholder engagement.
Mateo Echeverry
Coordinador de proyectos
Antropólogo y Comunicador Social-Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Con Maestría en Desarrollo Rural de la Swedish Univesity of Agricultural Science. Experiencia en temas de construcción de paz, participación, derechos humanos, medio ambiente, desarrollo e innovación social. Se ha desempeñado en distintos sectores como organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional y centros de investigación. Fortalezas en gestión de proyectos, investigación cualitativa, facilitación escenarios multiactor, diseño implementación de componentes de capacitación y relacionamiento con grupos de interés.