Autor: Mauricio Olivera

El debate presidencial de la semana pasada generó una gran discusión sobre la reforma pensional. Se centró en dónde deberían estar los recursos para pensiones - en los fondos privados o en Colpensiones- y en la fuente de recursos para financiar un programa no contributivo como Colombia Mayor, ampliado en monto. Un elemento adicional del debate es el desempeño de los fondos privados en el sistema pensional, y especialmente la comisión y los recursos cotizados que efectivamente son utilizados para la pensión.
Estas discusiones, aunque importantes, desviaron el debate del principal objetivo que debe tener la reforma pensional: la baja cobertura. Solo uno de cada cuatro adultos mayores tiene pensión (25%) y solo uno de cada tres trabajadores cotiza. Colombia tiene un sistema pensional con una cobertura extremadamente baja.

También tiene retos financieros y fiscales, en la medida en que el Estado gasta 4% de PIB en pensiones, aunque siempre es necesario recordar que de estos 4 puntos solo 1 es para Colpensiones, entidad que paga cerca de dos terceras partes de todas las pensiones del país. Por su parte, la regresividad del Régimen de Prima Media (RPM) ha sido bastante ilustrada. Por su diseño, que también puede llamarse de Prestación Definida, el RPM calcula la pensión basándose en el salario del cotizante, no en lo ahorrado, y como la diferencia entre los dos es grande (se cotiza 16% del salario y la pensión empieza en 65%), son necesarios recursos adicionales. La regresividad se encuentra en que para completar la pensión se otorgan más recursos a las personas que más capacidad de ahorro tienen, y como el RPM no tiene reservas para pagar las pensiones, el Estado debe poner recursos adicionales provenientes de los impuestos. Si hubiese reservas, el monto adicional de los trabajadores vendría de los trabajadores que cotizaron, no de los impuestos.

Si el debate se centra en la cobertura, es casi que indiferente que la persona esté en un fondo privado o en Colpensiones. Algunos argumentan que no es indiferente porque en el Rais (fondos privados) si se llega a la edad de pensión y se han logrado cotizar 1.150 semanas es posible acceder a una pensión de salario mínimo a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm). El requisito generar para obtener la pensión es cotizar 1.300 semanas, alrededor de 25 años, y 1.150 semanas son tres años menos. Sin embargo, un trabajador colombiano promedio, debido a la rotación en el mercado laboral entre formalidad, informalidad y desempleo, alcanza a cotizar 14 años. Por otro lado, poder acceder a la pensión de salario mínimo a través del Fgpm cotizando tres años menos no quiere decir que el Régimen de Ahorro Individual sea mejor para aumentar la cobertura. El Fgpm es un elemento de solidaridad que también se podrían mejorar en el RPM.

Otros argumentos plantean que otorgar una transferencia monetaria a los adultos mayores que no tienen pensión aumenta la cobertura. Aunque es importante y necesario, es inadecuado pensar que la cobertura se puede aumentar solo con programas no contributivos. Una propuesta adicional, algo similar, de la Misión de empleo, es una pensión ciudadana universal financiada con la tributación general. Esta reforma implicaría la necesidad de muchos más recursos del presupuesto nacional provenientes de una reforma tributaria, y no utilizaría la premisa de focalización de las políticas públicas hacia los más vulnerables porque todos los colombianos recibiríamos el mismo monto. Adicionalmente, se necesitaría una reforma constitucional para cambiar el artículo 48 de la Constitución que afirma que la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. Por esto, el régimen no contributivo puede ser más viable.

Cuestión diferente es destinar recursos del sistema de pensiones para el pago de este régimen no contributivo. Para ver la viabilidad de esto es necesario revisar los elementos de solidaridad del sistema, que están en el Rais con el Fgpm, pero también en el RPM con el Fondo de Solidaridad Pensional que financia a Colombia Mayor. La reforma debe enfocarse en aumentar la cobertura. Aunque la presión fiscal no es tan alta porque hay pocos pensionados, la reforma debe enfocarse en un aumento de cobertura desde la etapa de cotización. Que todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral, puedan cotizar es un elemento importante. Es necesario acercar la normatividad laboral a la realidad laboral de muchos trabajadores. En segundo lugar, comparativamente hablando, las edades de pensión son bajas.

Por eso, permitir que los trabajadores sigan cotizando con algún subsidio por meses cotizados (una semana adicional por cada mes cotizado, por ejemplo), o que después de llegar a la edad de pensión se les pueda pagar la pensión descontando lo que no se cotizó mes a mes, o que puedan pagar las semanas por lo no cotizado y no por el cálculo actuarial, son algunas medidas que pueden ayudar a aumentar la cobertura. Otra opción muy valiosa con enfoque de género, contabiliza semanas por hijo para las mujeres. El peor escenario es el que afirma a los trabajadores que no se van a pensionar, que permanezcan en el fondo privado porque reciben el saldo con intereses. El objetivo de la política pública debe ser que todos los colombianos tengan una pensión.

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Zuleima Urrea
Data Collection Director
Agricultural Engineer, graduated from the Universidad Surcolombiana with a specialization in social management from Uniminuto and a Master's degree in project management from the EAN. With experience in the design, planning, monitoring, and execution of information collection operations at the national level and in the planning, advice and support of information collection in Central American and Caribbean countries. Her experience includes the management of work teams, the management of administrative and operational aspects for qualitative and quantitative data collections, in urban and rural areas, face-to-face and virtual. She has participated in projects related to the following topics: education, health, early childhood, socioeconomics, rural finance, among others.
Zuleima Urrea
Data Collection Director
Agricultural Engineer, graduated from the Universidad Surcolombiana with a specialization in social management from Uniminuto and a Master's degree in project management from the EAN. With experience in the design, planning, monitoring, and execution of information collection operations at the national level and in the planning, advice and support of information collection in Central American and Caribbean countries. Her experience includes the management of work teams, the management of administrative and operational aspects for qualitative and quantitative data collections, in urban and rural areas, face-to-face and virtual. She has participated in projects related to the following topics: education, health, early childhood, socioeconomics, rural finance, among others.
Zuleima Urrea
Directora Recolección de Información
Ingeniera agrícola, egresada de la Universidad Surcolombiana con Especialización en gerencia social de Uniminuto y Maestría en gerencia de proyectos de la EAN. Con experiencia en diseño, planeación, seguimiento y ejecución de operativos de recolección de información a nivel nacional y en la planeación, asesoría y acompañamiento de recolecciones de información en países de Centroamérica y el Caribe. Su experiencia incluye la gestión de equipos de trabajo, el manejo de aspectos administrativos y operativos para recolecciones cualitativas y cuantitativas, en zona urbana y rural, presencial y virtual. Ha participado en proyectos relacionados con las siguientes temáticas: educación, salud, primera infancia, socioeconómicos, finanzas rurales, entre otros.
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Sofía Vaca
Consultora Junior
Economista de la Universidad de los Andes, con una titulación en Estudios del Desarrollo. Tiene experiencia en análisis de datos cualitativos y cuantitativos, investigación y monitoreo de proyectos sociales y políticas públicas. Interés profesional y conocimientos en investigación, estadística, estudios de género, cambio climático, pobreza, salud pública, desigualdad y desarrollo. Hace parte del equipo de Econometría desde agosto del 2021.
Sofía Vaca
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Economista de la Universidad de los Andes, con una titulación en Estudios del Desarrollo. Tiene experiencia en análisis de datos cualitativos y cuantitativos, investigación y monitoreo de proyectos sociales y políticas públicas. Interés profesional y conocimientos en investigación, estadística, estudios de género, cambio climático, pobreza, salud pública, desigualdad y desarrollo. Hace parte del equipo de Econometría desde agosto del 2021.
Sofía Vaca
Junior Consultant
Economist from the Universidad de los Andes, with a minor in Development Studies. She has experience in qualitative and quantitative data analysis, research and monitoring of social projects and public policies. And a professional interest and knowledge in research, statistics, gender studies, climate change, poverty, public health, inequality, and development. She has been part of Econometría since August 2021.
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Miguel Ángel García
Junior Consultant
Economist from Universidad Santo Tomás, Professional in Government and Public Affairs and student of the master’s in public policy at Universidad de los Andes. With more than three years of experience in consulting, working on issues related to territorial planning, public utilities, auditing, formulation, implementation and evaluation of public policies, applying quantitative and qualitative methods. His areas of interest are poverty, education, public finance, decentralization, economic development and the formulation, implementation and evaluation of public policies.
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Economist from Universidad Santo Tomás, Professional in Government and Public Affairs and student of the master’s in public policy at Universidad de los Andes. With more than three years of experience in consulting, working on issues related to territorial planning, public utilities, auditing, formulation, implementation and evaluation of public policies, applying quantitative and qualitative methods. His areas of interest are poverty, education, public finance, decentralization, economic development and the formulation, implementation and evaluation of public policies.